LA TERCERA

MENSAJE A LA NACIÓN DEL JEFE DEL MOVIMIENTO REVOLUCIONARIO,

GENERAL DE BRIGADA MANUEL A. ODRÍA,

AREQUIPA, 27 DE OCTUBRE DE 1948

Frente a la situación de desquiciamiento institucional y de zozobra pública que acusa la vida de la nación desde hace más de tres años a causa de la probada incapacidad directriz del ciudadano a quien se confiara la Primera Magistratura, los Institutos Militares de la República, con clara conciencia de sus responsabilidades históricas y de sus deberes patrióticos, y en cumplimiento de la sagrada misión que les señala la Constitución del Estado, se ven en la obligación ineludible de deponer al Gobierno, único modo de cancelar este oscuro período de desaciertos, de permanente intranquilidad y de inacción constructiva que está llevando al país al más completo e irreparable desastre.

Constituye, pues, un imperativo detener al Perú en su angustiosa marcha hacia el caos, para emprender, sin nuevas tardanzas, la urgente tarea de reencauzar a nuestra patria por senderos de normalidad, mediante la actividad democrática dentro del orden, a fin de realizar, por el trabajo y en ambiente de paz, la obra de superación y de progreso que la nacionalidad exige.

No sólo se está llevando a la nación a la ruina, sino que, además, se ha tratado en todo instante, por diversos medios, de debilitar el poderío, de menoscabar el prestigio y de destruir la unidad de los Institutos Armados, unas veces por inexplicable lenidad y hasta condenable complacencia ante las maniobras subversivas de la demagogia aprista, y otras por acción directa y deliberada del Gobierno, como cuando el gabinete militar tuvo que renunciar, irrevocablemente, porque el señor Bustamante no quiso tomar ninguna decisión para solucionar el grave problema político en el que se debatía el país y para el que, específicamente, fue constituido este gabinete, solución que el país esperaba y en la que estaba empeñado el prestigio de nuestras Fuerzas Armadas.

Los atentados contra los Institutos Militares, que son atentados contra la defensa nacional, constituyen calificados delitos de lesa patria. La reciente sublevación del Callao, ha sido el resultado de esa política condenable de permitir al APRA su criminal campaña de desquiciamiento de los Institutos Armados, dejando en completa libertad a los agitadores de esta secta internacional para llevar a cabo, impunemente, sus inconfesables propósitos de ganarse a las clases subalternas e inducirlas al asesinato de sus oficiales y jefes. A pesar de las denuncias documentadas que se presentaron ante el ex-gobernante, éste no quiso que se tomaran medidas efectivas para evitar esta propaganda sectaria en los cuarteles.

Y no obstante la evidencia de que el APRA estaba conspirando para instaurar un régimen totalitario, el Gobierno, con incalificable negligencia, no hizo nada por conocer los hilos de un complot que para nadie era un secreto. Sólo la Providencia y el coraje de nuestros soldados pudo salvar al país de una masacre gigantesca si hubiesen prosperado en Lima y en otros lugares de la República los siniestros planes subversivos del APRA que pasaron desapercibidos al Gobierno. Este no supo tomar medidas para prevenir el peligro y un conjurarlo tan pronto se hubiera producido. Y no fue capaz de sancionar a los culpables como se merecen y como la vindicta pública hoy reclama.

La política del Gobierno cesante está definida en una frase del ciudadano que lo presidía: “Nadie podrá decir honradamente que el Gobierno no ha sabido esperar”.

Y es cierto. Claro que esperó, claro que dejó, por lenidad inexcusable, que se complotara libremente. Mientras el Gobierno esperaba paciente y en la inercia más completa, la nación se hundía y los conspiradores se preparaban. El precio de esa paciencia son los centenares de muertos que dejó el movimiento del 3 de octubre. El Gobierno esperaba que hubiera muchas víctimas y que hubiera charcos de sangre que le sirvieran de justificación. Por el egoísmo de llenarse de razones, esperó, toleró y dejó que avanzara el mal y los propósitos criminales del APRA. Y sólo estuvo satisfecho cuando vio a peruanos luchar contra peruanos.

Para llegar a tan macabro y doloroso resultado se puso en peligro el presente y el porvenir de la República, que fueron salvados, no por acción del Gobierno, sino por el heroísmo y bravura de los institutos militares, que se batieron con bizarría, como lo han hecho siempre que la patria se lo demandó. Todo esto se ha producido porque el señor Bustamante no fue capaz de asumir las responsabilidades que le tocaban como mandatario de la nación. Era su deber ineludible prevenir luchas políticas y saldos trágicos como los que arrojó el sangriento motín del Callao.

El Gobierno que cesa estaba a merced de los acontecimientos porque sus hombres carecían de visión para preverlos. Sus continuos fracasos fueron un estímulo para nuevos errores, que han causado profundo daño a los institutos militares, confirmando así que no se supo apreciar ni comprender lo que ellos significan. El Gobierno del señor Bustamante no ha hecho ni un solo cuartel. La construcción de la Escuela Militar, obra que inició e impulsó el anterior régimen, ha quedado paralizada por completo. Se colocó la primera piedra del Hospital Militar en solemne ceremonia y de ese proyectado nosocomio, tan necesitado hace tiempo por el Ejército, no se ha colocado hasta ahora ni un ladrillo sobre otro; sólo se ha hecho un acto espectacular. Para arreglar los techos del cuartel de Huancané, se ha disminuido el efectivo del Batallón N° 21 de 900 a 500 hombres, a fin de que con el producto de estas economías se financiara la obra. No se ha adquirido armamentos ni materiales, ni equipos, ni siquiera los elementos necesarios para la instrucción militar. Los fondos de la defensa nacional creados por leyes especiales y que debieron ser intangibles están involucrados en el Presupuesto General de la República y se invierten en otros gastos. El desdén con que se ha venido tratando todas las cuestiones relacionadas con la vida del Ejército, se hizo más ostensible al adoptarse, recientemente, el inconcebible proyecto de reducir por economía en una tercera parte los efectivos militares, dejando así a la defensa nacional en lamentables condiciones de inferioridad frente a las necesidades permanentes de la nación. ¿Es concebible que así se proceda con un Ejército que, en unión de las otras Fuerzas Armadas de la República, ha dado, no hace mucho tiempo, días de gloria a la patria? ¿Podrían tolerarlo los institutos militares del Perú?... Jamás.

Agréguese que, desde hace más de tres años, en nuestro país no se disfruta de paz. Son tres largos años de despilfarro de los recursos nacionales, porque durante ese lapso no se ha realizado una sola obra pública digna de tomarse en cuenta. Todos los gobiernos anteriores a julio de 1945, cualquiera que fuera su matiz y su orientación, han efectuado obra constructiva, en mayor o menor grado.

La Historia de la República, aún en las etapas iniciales de formación institucional, se señala por realizaciones de diversos caracteres que son los jalones de nuestro progreso. En julio de 1945 se abrió, por desgracia, un paréntesis de completa inactividad. Nada se ha hecho en tres años. En los anales del desenvolvimiento de nuestra patria, después de más de cien años en los que se registran los esfuerzos, grandes y pequeños de los gobiernos sucesivos, acaban de agregarse tres páginas en blanco que corresponden a estos tres últimos años de inacción y de abandono.

Frecuentemente el ex gobernante, con su habitual falta de gallardía, trató de que se atribuyera a otros la responsabilidad de sus propios errores, pero lo real es que los desbordes del APRA contaron muchas veces son su aprobación expresa o tácita.

En gran número de oportunidades, el ex Presidente Bustamante puso su firma en documentos que consagraban abusos y, en los demás casos, optó por dejar hacer como si su función fuera la de mero espectador, limitándose, para tranquilizar su conciencia, a emitir mensajes, pláticas y discursos, creyendo quizás que con palabras y sólo con palabras podían compensarse los tremendos perjuicios que el país estaba sufriendo.

Lo evidente es que jamás tuvo programa, y que ni siquiera quiso tenerlo. Lo único que deseó es que pasara el tiempo, sin tomarse el trabajo de resolver ningún problema. El señor Bustamante ha seguido una política maquiavélica y funesta.

Dividió, mejor dicho, pulverizó con sus intrigas a todos los sectores antiapristas para quitarles fuerza y poder manejarlos a su antojo, con la amenaza del APRA, secta a la que sólo pensó contener con los Institutos Armados abusando de su lealtad y sin importarle su desgaste por la continua alarma en que vivieron todos sus miembros. Vio con indiferencia las luchas habidas ya entre los elementos de nuestras instituciones militares y los intentos de subversión y no le importó que fueran camino a la desintegración con tal de poder seguir él su línea y su política funesta. Hoy, podemos ver que después del sangriento motín del Callao, no tomó ninguna medida eficaz para desarmar y desorganizar las brigadas de búfalos y las organizaciones sectoriales del APRA, y para eliminar así, toda posibilidad de capturar el poder. Mientras no se haga esto el Decreto Supremo que pone fuera de la ley a la secta internacional será letra muerta y permanente pretexto de subversión para sus fanáticos afiliados.

El pueblo clama por soluciones y no se le atiende. La nación tiene recursos y reservas que es fácil poner en movimiento para traducirlas en bienestar colectivo y en progreso de la patria. Hubiera sido suicida permanecer cruzados de brazos, resignadamente ante tantos males y peligros, hasta que se venciera el plazo constitucional, viendo al Perú hundirse bajo el peso de la miseria, del hambre, de la desconfianza, del descrédito.

Por lo tanto, los institutos militares de la República han resuelto constituir un Gobierno Provisorio, que ha de tener la duración más breve posible y, cuyo objetivo es, fundamentalmente, la restauración de una verdadera constitucionalidad democrática.

En tanto se restablezca, por el voto ciudadano, secreto y libre, la normalidad constitucional, el Gobierno Provisorio adoptará las medidas que aseguren el ordenado y tranquilo desarrollo de la vida nacional, y administrará, escrupulosamente, los recursos del erario público, aplicándolos a la atención de los servicios indispensables, a la ejecución de obras que eleven el nivel general de vida, contemplando así los intereses de las clases trabajadoras y que impriman al Perú un ritmo de avance comparable al de los otros países hermanos de América.

El Gobierno Provisorio mantendrá todos los compromisos internacionales y en cumplimiento del pacto suscrito en Bogotá, eliminará todo brote comunista y totalitario para preservar al Perú y a la América de los peligros que se derivan de esas doctrinas disolventes que predican el odio de clases y que tienen el desorden y la agitación como método.

Finalmente, los Institutos Armados hace un llamamiento a la ciudadanía para que inspirándose en el más puro civismo, colabore a los fines de pacificación y restauración democrática que se anuncian en este documento.

¡A salvar al Perú del caos al que lo condenara la política funesta del Gobierno y

los propósitos subversivos del APRA!

¡Viva el Perú!

¡Vivan las instituciones armadas de la República!

¡Viva la democracia!

LA TERCERA

CONSTITÚYASE LA JUNTA MILITAR DE GOBIERNO

BAJO LA PRESIDENCIA DEL GENERAL MANUEL A. ODRÍA

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA MILITAR DE GOBIERNO

Considerando:

Que ha sido depuesto el Presidente de la República, doctor José Luis Bustamante y Rivero, como consecuencia de la acción de los Institutos Armados iniciada en Arequipa el 27 del presente;

Que ha sido exteriorizada la opinión del país en el sentido de conferirme el mandato supremo del Estado como jefe de ese movimiento, para iniciar la labor de reconstrucción nacional trazada en el manifiesto que ha expresado los ideales de la revolución;

Decreta:

Constitúyase una Junta Militar de Gobierno que será presidida por el general de brigada Manuel A. Odría e integrada por los siguientes miembros:

Ministro de Relaciones Exteriores y Culto, contralmirante don Federico Díaz Dulanto;

Ministro de Gobierno, Policía, Correos y Telecomunicaciones, teniente coronel don Augusto Villacorta;

Ministro de Justicia y Trabajo, teniente coronel don Marcial Merino;

Ministro de Guerra, general de brigada don Zenón Noriega;:

Ministro de Hacienda y Comercio, coronel don Luis Ramírez Ortiz;

Ministro de Fomento y Obras Públicas, teniente coronel don Alfonso Llosa C. P.;

Ministro de Marina, contralmirante don Roque A. Saldías;

Ministro de Educación Pública, coronel don Juan Mendoza;

Ministro de Salud Pública y Asistencia Social, coronel don Alberto López;

Ministro de Aeronáutica, general don José Villanueva;

Ministro de Agricultura, coronel don Carlos Miñano;

Por tanto:

Mando que se le dé el debido cumplimiento y publicación.

Dado en la casa de Gobierno, en Lima a los treinta días del mes de octubre de milnovecientos cuarenta y ocho.

Manuel A. Odría, Presidente de la Junta Militar.

MENSAJE DEL PRESIDENTE DE LA JUNTA MILITAR DE GOBIERNO, GENERAL ZENÓN NORIEGA, ANTE EL CONGRESO NACIONAL, EL 28 DE JULIO DE 1950


MENSAJE DEL PRESIDENTE DE LA JUNTA MILITAR DE GOBIERNO, GENERAL ZENÓN NORIEGA, ANTE EL CONGRESO NACIONAL, EL 28 DE JULIO DE 1950

Señores Representantes:
El Jefe del Movimiento Restaurador de Arequipa declaró, ante el país, en su manifiesto de 27 de octubre de 1948, que su objetivo fundamental consistía en la restauración de una verdadera constitucionalidad mediante el voto ciudadano secreto y libre. Pues bien, señores, ese Gobierno militar, presidido por el señor General Manuel A. Odría -hasta el 31 de mayo último- fecha en que renunció ese alto cargo para postular su candidatura a la Presidencia de la República; ese Gobierno, con cuya Presidencia me honro, desde entonces, se presenta en este recinto, hoy 129° aniversario de nuestra independencia, para dejar absolutamente cumplida tan solemne promesa, entregando, como lo hace, el Mando Supremo de la República al ciudadano ungido por el voto popular.
Vivo está todavía en nuestra memoria el recuerdo angustioso de las horas sombrías, en que una demagogia insensata y subversiva, y la funesta política de un gobierno débil, conducían a la nación al más completo e irreparable de los desastres.
El desquiciamiento institucional, la zozobra política, la intranquilidad pública, la violencia y el terror; el aniquilamiento de la producción y la falencia de los recursos fiscales, debidos a un régimen económico inflacionista y de controles; el espectro de la desocupación, el hambre y la miseria rondando por la hermosa heredad de nuestros mayores, tal el cuadro trágico que ofrecía el país antes del pronunciamiento de Arequipa. Frente a este cuadro pavoroso, las Fuerzas Armadas de la República –antena sensible del patriotismo y del instinto de conservación de la nacionalidad- tenían que reaccionar y reaccionaron, para detener al Perú al borde del abismo y para conducirlo, como lo han hecho, en menos de dos años, por el amplio camino de la recuperación y del engrandecimiento. La revolución restauradora de los institutos armados culmina con esta hora incomparable de júbilo democrático y de gloria civil; culmina, señores, con este acto de profunda transcendencia nacional en que quedan, legítimamente constituidos los Poderes Ejecutivo y Legislativo del Estado en la plenitud de sus derechos, de sus atribuciones y de sus prerrogativas constitucionales.
Antes de dejar el mando de la nación, debo rendir breve cuenta de la obra realizada durante los 21 meses que la Junta Militar ha ejercido el Poder, de los cuales 19 laboré en ella, como su Vicepresidente y Ministro de Guerra, de acuerdo con el Decreto Ley N° 10894.
Me referiré sólo a algunos puntos esenciales, dejando los demás para ser considerados en el documento oficial in extenso.

RELACIONES EXTERIORES
Instalada la Junta Militar, recibió el estímulo reconfortante de la amistad de los Estados con representaciones diplomáticas en nuestro país; gesto significativo, por el que me es grato renovar, en esta singular oportunidad, mi agradecimiento más cordial.
La política internacional, se ha inspirado en las más puras tradiciones de nuestra Cancillería. La declaración consignada en el manifiesto de Arequipa, en el sentido de que el nuevo régimen respetaría los compromisos internacionales contraídos, ha sido fielmente cumplida. Hemos tratado de mantener y robustecer, en todo instante, los vínculos que nos unen a la comunidad de naciones, en especial a las repúblicas hermanas de América, vínculos en este caso, fuertemente influidos por razones históricas y geográficas, pero, cuidando siempre de que la cooperación interamericana, lejos de amenguar, fortaleciera nuestra personalidad como Estado libre y soberano.
La Junta Militar, desde su iniciación, declaró que inspiraría su política internacional en los principios y disposiciones del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, firmado en Río de Janeiro el 2 de setiembre de 1947.
Uno de los primeros actos de la Junta Militar consistió en dar exacto cumplimiento a lo dispuesto en la Declaración XXXII de la Conferencia de Bogotá, poniendo fuera de la ley a los partidos internacionales que representaban un peligro efectivo para las bases de la organización democrática americana, así como para la paz y seguridad del hemisferio. El Perú acababa de sufrir el impacto desquiciador del motín del Callao, de 3 de octubre de 1948, originado por ideologías y métodos que comportan claramente ese peligro y que, además, repugnan a la conciencia viva de la nacionalidad. El valor y el patriotismo de nuestros soldados, bajo mis órdenes directas, conjuraron el peligro, salvando así al país de la hora más trágica que pudo haberle sobrevenido en toda su historia política. La Junta Militar de Gobierno surgió, precisamente, para que esa hora no suene jamás en esta patria, forjada por nuestros próceres y dignificada por nuestros héroes.
El refugio, en algunas Embajadas, de los culpables de actos de terrorismo y subversión, provocó situaciones de verdadero escarnio del derecho de asilo, como en el caso de Cuba, o de cortés discrepancia en su interpretación, como en el caso de Colombia. En el primero, la única actitud digna del país era la entrega de pasaportes al Representante cubano y así se hizo; y en el segundo, manteniendo nuestro punto de vista, fuimos de común acuerdo y por iniciativa del Perú ante la Corte de La Haya. El asunto en litigio se está ventilando ante tan alto tribunal.
Conviene subrayar que estamos defendiendo, junto con nuestras instituciones vitales, la seguridad y la paz de las naciones americanas, así como el auténtico espíritu democrático que animara a los fundadores de su independencia, principios consagrados, unánimemente, en la Conferencia de Bogotá. Quiera la Providencia que nunca se produzcan acontecimientos, en otros países, que justifiquen la tesis peruana como la única legítima, previsora y conveniente para la comunidad continental. En lo que al Perú concierne, el resultado de las elecciones recientes demuestra que los verdaderos responsables del estado caótico en que se debatía la nación, antes del 27 de octubre de 1948, fueron unos pocos dirigentes desorbitados y audaces. Ante el llamado a la cordura hecho por el Jefe del Estado a los sectores engañados por la propaganda demagógica, el puñado de terroristas ha quedado al descubierto como una ínfima minoría de fanáticos.
Al producirse recientemente, por los sucesos de Corea, una grave situación internacional, la Junta ha respondido con prontitud y decisión al llamado del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, reafirmando su política de solidaridad con los Estados pacíficos y la urgencia de afianzar, por la acción conjunta, la paz y la seguridad internacionales, amenazadas por la agresión injustificada a un Estado que hemos reconocido y que ha sido admitido en las Naciones Unidas.
Al mismo tiempo, en forma directa, se ha trasmitido al Gobierno de los Estados Unidos las expresiones de la adhesión del Perú con la acción norteamericana en Corea, que está orientada al cumplimiento de los principios de la Carta de las Naciones Unidas, de respeto a la independencia de los Estados y de defensa de la seguridad y paz mundiales.
El Gobierno y el pueblo del Perú, en la gloriosa efemérides de su independencia nacional, expresan su admiración y simpatía a los Estados Unidos de Norteamérica, la gran nación que, después de haber decidido la victoria aliada en la última guerra mundial se yergue hoy como paladín de un Estado lejano, injustamente agredido, para defender los ideales y principios, no sólo de la patria de Washington y de Lincoln, sino de las Naciones Unidas, es decir, de todos los pueblos de la tierra que creen en la libertad y rinden culto a la dignidad humana.
El Presidente de la República de Chile, excelentísimo señor Gabriel González Videla, estuvo de paso por Lima, con ocasión de su visita al presidente de  los Estados Unidos de Norteamérica.
El mandatario chileno fue recibido cordialmente por el Presidente de la Junta Militar de Gobierno, General don Manuel A. Odría. Esta fue una nueva oportunidad para estrechar los amistosos lazos que unen a ambos países.
Reconforta nuestro espíritu patriótico y compromete la gratitud nacional, que hoy deseo renovar, la solidaridad que las naciones del mundo han manifestado al Perú con motivo de la catástrofe ocurrida en la ciudad del Cuzco, capital arqueológica de América. Los mensajes recibidos, la ayuda material brindada y la repercusión internacional que ha tenido el sismo del 21 de mayo, han significado demostraciones elocuentes de lo mucho que se aprecia a nuestro glorioso pasado y del alto grado de estima en que se tiene a nuestro país.
Expreso, en esta solemne ocasión nuestro cordial agradecimiento a los gobiernos que han acreditado representaciones diplomáticas para asistir a la transmisión del Mando Supremo de la República. El pueblo peruano comparte así, con ellos, la satisfacción de ver surgir la constitucionalidad, después de una etapa gubernativa de patriótico reajuste administrativo y político.

GOBIERNO Y POLICÍA
El primer deseo de la Junta Militar fue devolver al país la tranquilidad de que tanto necesitaba después de más de tres años, durante los que, cada día, era portador de una sorpresa atentatoria contra las personas e instituciones. Era tal el estado de inseguridad y desconfianza que nadie osaba formular un plan de actividades de largo alcance, por el temor de que se produjera alguno de los tantos cambios bruscos, agitaciones demagógicas o perturbaciones de la normalidad cotidiana, que habían sumido a la nación en un estado de alarma permanente. No fue tarea fácil extirpar las fuentes de tan crítica situación. La Junta debió tomar –y tomó con firmeza, pero con moderación innegable- toda las precauciones que esa situación demandaba. Apenas se dio cuenta la ciudadanía de que el Gobierno tenía el control absoluto de los focos de subversión y de caos, se despojó de todo sentimiento de temor y se entregó, de lleno, al trabajo en franco ambiente de pacífica convivencia. Por eso, señores, la Ley de Seguridad fue vista con la misma tranquilidad con que la gente honrada mira el arma en manos del custodio del orden y del defensor de la patria. La Junta Militar no usó jamás de sus poderes y facultades sino contra los que habían delinquido, contra los que habían abandonado las sendas del cumplimiento del deber, del respeto a los derechos ajenos y del acatamiento a los mandatos de la autoridad competente.
Constituirá, señores, el máximo galardón para la Junta Militar la rectitud con que ha cumplido todas y cada una de las promesas que hiciera sobre la solución del problema político. No faltaron, sin duda, ni el pesimismo de las personas de buena fe, que ya no creían en promesas electorales, por haber sufrido decepciones en otras oportunidades, ni la campaña interesada de los resentidos cuyas pretensiones absurdas no fueron satisfechas, ni los esfuerzos desesperados de quienes se consideraban, irremisiblemente perdidos, si se lograba el retorno del país a la constitucionalidad.
Resumamos los hechos. El 1 de setiembre de 1949 se expidió el Decreto Ley N° 11100 disponiendo la apertura de un nuevo Registro Electoral. El 30 del mismo mes se dio el Estatuto Electoral por Decreto Ley N° 11172. El 4 d enero de 1950 el Gobierno convocó a la ciudadanía a elecciones generales para la renovación de los Poderes Legislativo y Ejecutivo, señalando el 2 de julio para el acto del sufragio.
El 31 de mayo de este año el general Odría renunció al cargo de Presidente de la Junta Militar de Gobierno para bajar al llano, como lo había prometido. La Junta que tengo el honor de presidir dictó el decreto supremo de 7 del presente, convocando al Congreso a sesiones ordinarias. Y aquí estamos, señores, inaugurando esas sesiones ordinarias. Así ha cumplido la Junta Militar de Gobierno, y ha cumplido también con presidir las elecciones en forma que no tiene precedentes, tanto por el orden y tranquilidad en que se han desarrollado, como por las máximas garantías concedidas, para asegurar la libertad y pureza del sufragio.

JUSTICIA Y CULTO
El Gobierno ha otorgado al Poder Judicial todas las facilidades requeridas para el desempeño de la augusta función que la nación le tiene encomendada; dicho Poder, me es grato reconocerlo, ha dispensado al Ejecutivo su colaboración decidida para el normal desarrollo de la vida institucional de la República.
Las relaciones entre la Iglesia y el Estado se han mantenido inalterables, desenvolviéndose dentro de la mayor armonía y cooperación.
Como jefe de la Iglesia peruana, su Eminencia el Cardenal Juan Gualberto Guevara, acompañado de distinguidos prelados, se dirigió a Roma, con motivo del Año Santo. Es grato consignar que su Eminencia ha recibido múltiples atenciones en todas las ciudades que ha visitado. El 8 del presente retornó a la patria habiendo sido objeto de una cordial recepción.
Por Resolución Suprema de enero último el Gobierno, dando prueba de su catolicismo, ha resuelto la restauración y ampliación de la Iglesia y Convento de las Nazarenas, donde se rinde culto a la venerada imagen del Señor de los Milagros, contribuyendo con una importante suma de dinero que, unida a la colecta nacional ya iniciada, permitirá, en breve plazo, convertir el referido santuario en un lugar acorde con la devoción creciente de los fieles y con el plan de embellecimiento urbano.
El 29 de mayo último, se promulgó el Estatuto y Escalafón del Servicio Civil, estableciendo la carrera administrativa, la estabilidad en los puestos y el régimen de ascensos. Esta disposición, que figura entre las más importantes dictadas por la Junta Militar de Gobierno, fue recibida con justo beneplácito por los servidores públicos, quienes exteriorizaron su gratitud al jefe del Estado.
Se ha dispuesto la construcción de Colonias Penales Agrícolas que nuestro Código Penal propugna y que no se había llevado a cabo. Actualmente se está construyendo la Colonia Penal Agrícola del Sepa que, en el presente año, estará terminada, lo que permitirá la descongestión de nuestros establecimientos penales.
En la ciudad de Puno, en un plazo de veinte meses, se ha terminado la construcción del Palacio de Justicia que se inaugurará en el próximo mes de agosto.
DEFENSA NACIONAL
Guerra
La acción del Ministerio de Guerra se ha dejado sentir mediante disposiciones tendientes a reafirmar el sentimiento patriótico, a mejorar la situación de las reparticiones, unidades y servicios de los institutos armados y a conceder justos derechos a sus miembros.
Ha sido constante preocupación de la Junta procurar, por todos los medios, que nuestro Ejército adquiera la tecnificación y eficiencia que exigen los actuales tiempos. Las sugerencias que me he permitido formular, como Ministro del ramo, y que se cristalizaron en decretos leyes, decretos o resoluciones supremas, han estado inspiradas siempre en el civismo y fervor patriótico que despiertan todos aquellos asuntos que atañen a la patria misma.
La Ley del Servicio Militar Obligatorio N°1569, vigente en el país durante 36 años, resultaba incompleta, inaplicable y anacrónica en muchas de sus disposiciones. La ciudadanía y el Ejército reclamaban la reforma de esta importante pauta legal. La Junta Militar expidió, con fecha 2 de marzo de 1949, una nueva Ley del Servicio Militar Obligatorio. En ella se realizan vitales reformas de carácter social y militar, y se mejora el mecanismo de la conscripción de modo que resulta a tono con la época en que vivimos y con las necesidades de la Defensa Nacional.
Por Decreto Ley N° 11380 se promulgó el nuevo Código de Justicia Militar, importante obra legislativa de la Junta Militar. Este  instrumento jurídico introduce reformas de gran trascendencia, como son la idoneidad y la experiencia en la administración de justicia, y como tal representa un notable avance en materia de legislación penal-militar.
Después de auscultar todas las sugerencias, en el seno mismo de las reparticiones técnicas de las Fuerzas Armadas, se ha aprobado últimamente la Ley Orgánica del Ejército. Esta ley que precisa las atribuciones y delimita las responsabilidades de los diferentes organismos del Ejército, que expone el orden lógico en que deben ser tratados y resueltos los múltiples problemas de carácter militar, viene a subsanar una necesidad sentida en las esferas militares, pues, la ley derogada, por su antigüedad y limitaciones, no estaba de acuerdo con los actuales problemas del ramo de Guerra. El Ejército ha recibido un cuerpo de disposiciones legales cuya aplicación le ha de resultar altamente benéfica.
El régimen de los ascensos militares ha sido objeto de especial estudio. Por Decreto Ley N° 11242, se derogó la Ley de Ascensos de 1901 y demás leyes y disposiciones pertinentes. La ley de 1901 había sido modificada por una serie de decretos y resoluciones, hechos con distinto criterio, lo que trajo por consecuencia un conjunto heterogéneo e inarmónico de disposiciones legales transitorias, incompatibles con un sistema moderno de ascensos. La nueva ley modifica el procedimiento del examen e introduce, entre otros factores importantes, el rendimiento útil en el desempeño de funciones, el ejercicio del mando de tropas, la capacitación profesional, la personalidad, el comportamiento y, muy particularmente, la integridad moral como condición ineludible para el ascenso. La ley prescribe normas para el ascenso en tiempo de paz y de guerra, inspiradas en elevados y modernos conceptos de justicia y equidad.
Por Decreto Supremo de 26 de setiembre de 1949, se formó el Cuerpo Técnico de Especialistas en Material de Guerra, con las siguientes finalidades específicas.
-Estudio y solución de los problemas técnicos relativos a la provisión y servicio del material de guerra; y
-Organización y dirección de la industria de guerra.
Por disposición de la Junta Militar y después de tres años de culpable inacción, se reiniciaron, en enero de 1949, los trabajos del Centro de Instrucción Militar del Perú, considerado como uno de los mejores planteles militares de América.
El CIMP está constituido por cinco grupos de escuelas y los servicios correspondientes, que suman 82 edificios, ubicados sobre cien hectáreas, con una superficie construida de 50 hectáreas. Fue inaugurado el 22 de diciembre de 1949.
El 4 de enero del presente año se colocó la primera piedra del nuevo edificio para el Centro de Altos Estudios Militares y Escuela Superior de Guerra. Con la edificación del CIMP y de este nuevo plantel, la Junta Militar da solución integral al importante problema de la instrucción militar de los cuadros, lo que tiene trascendental significación en el futuro desenvolvimiento de nuestro Ejército.
Honda preocupación para la Junta ha sido el problema del alojamiento. Por eso -a la vez que ha intensificado la construcción de unidades vecinales y agrupamientos de viviendas para obreros y empleados- ha puesto en marcha también un vasto plan de construcción de cuarteles. Así, se ha colocado las primeras piedras de los de Lima, Tacna y Chiclayo. Se está construyendo uno en Trujillo y se ha inaugurado el de Moquegua. Se han reparado los de Huancané, Juliaca, Huancayo y Tumbes. Se han adquirido terrenos para la construcción de otros edificios militares y, progresivamente, serán edificados locales de esta clase en diferentes zonas del país.
La Junta Militar, en defensa del capital humano, viene dando cumplimiento también a un vasto plan de asistencia hospitalaria. En el orden militar, la construcción del nuevo Hospital, que reemplazará al viejo nosocomio de San Bartolomé, constituye una de las más importantes realizaciones del Ministerio de Guerra.
El Hospital se construye, rápidamente, sobre un terreno con más de seis hectáreas de superficie, entre las avenidas Brasil y Pershing y está destinado a ser uno de los mejores en su género.
Por Resolución Suprema N° 800-DGASH se adquirió, para el ramo de Guerra, el Hospital de Santa Rosa de Itaya, en Iquitos.
Por Resolución Ministerial N° 65-DAM, se ha dispuesto la ampliación de la clínica militar de Tumbes.
Por Decreto Ley N° 11062, la Junta Militar adquirió una fábrica de calzado para el Ejército, independizándolo así del mercado local en este importante renglón. Mediante esta disposición gubernativa, no solamente se ha obtenido un calzado de mejor calidad y más barato para las tropas, sino que se ha alcanzado una economía para el Estado que, a la fecha, sobrepasa la cifra de un millón de soles.
El Ministerio de Guerra estructuró un vasto plan de remonta nacional, a fin de impulsar el desarrollo de nuestra decadente y casi nula producción equina. En cumplimiento de este plan se ha adquirido, en el extranjero, ganado fino y seleccionado, y en el país varias haciendas para instalar los correspondientes criaderos.
En esta forma, el ramo de Guerra cautela debidamente los intereses del Estado, porque estas medidas tienden a liberar el futuro de la remonta nacional del mercado extranjero, evitando la salida al exterior de importantes sumas de divisas.
Para independizar al Ejército del mercado local, en artículos de primera necesidad, se han adquirido fundos en diversas regiones para la instalación de centros agropecuarios militares, con miras  a que las tropas se abastezcan por sí mismas.
La adquisición de material de guerra e implementos para el Ejército, ha sido en todo momento primordial deseo del Gobierno. Se han dictado las medidas necesarias para mejorar, en este aspecto, nuestra organización militar.
La participación directa del Ejército en el progreso de la nación ha venido constituyendo un vivo anhelo de nuestra actual generación de oficiales, anhelo que ha hecho suyo la Junta Militar de Gobierno. En la actualidad las unidades de ingenieros y trabajadores se hallan empeñadas en trabajos de construcción y reparación de caminos en diversas regiones de la República. La intervención de estas unidades en los planes de caminos constituye, sin duda, una labor de gran provecho nacional, ya que, uniendo variadas zonas del territorio patrio y diversos centros poblados, no sólo se colocarán al pie de la obra los equipos necesarios para los trabajos de irrigación, sino que se llevará, a las más apartadas tierras, la corriente civilizadora de las grandes ciudades, y se recibirán de aquellas los productos que ofrecen, facilitando, de este modo, la solución del problema alimenticio del país.
Por la síntesis que dejo anotada se podrá apreciar que una ardua labor de superación integral de nuestro Ejército ha sido iniciada por la Junta Militar. Ningún organismo administrativo o técnico ha dejado de ser considerado para concederle uno u otro beneficio. Desde la provisión del material bélico hasta los suministros de carácter científico; desde el incremento del ganado hasta la edificación de cuarteles; desde el mejoramiento estructural de nuestras direcciones e inspecciones hasta la mejor distribución territorial de las Fuerzas Armadas, todo ha sido previsto, estudiado y resuelto por medio de oportunos decretos leyes o resoluciones gubernativas.
Tengo la íntima satisfacción de afirmar- muy seguro de lo que digo- que jamás recibió nuestro Ejército, en igualdad de tiempo, mayores beneficios, ni nunca se glorificó más a los hombres que regaron con su sangre heroica, la bendita tierra peruana, que en el mandato de la Junta Militar. Allí se yergue, para atestiguar mi afirmación, el monumento levantado al inmortal soldado de la Breña, Mariscal Andrés A. Cáceres; allí, mirando al infinito de la patria amada, están los bustos de Bolognesi -el anciano legendario de la acción y de la frase hasta hoy inigualadas-; el del Gran Mariscal Castilla, insigne soldado y mejor estadista; allí también el mausoleo, para depositar los restos venerados de ungran patriota, el Mariscal Óscar R. Benavides.
Los institutos armadas del Perú, herederos de tradiciones de gloria y custodios del legado de nobleza y de lealtad que le dejaron nuestros próceres y nuestros héroes, no olvidan nunca el reconocimiento que deben a éstos. Es así como la Junta Militar de Gobierno, en cada uno de cuyos miembros alienta el culto por los que nos dieron la libertad y la independencia, ha querido honrar de manera especial al más destacado de los autores de ella, y ha declarado “Año Sanmartiniano” a este de 1950, en que se cumple el primer centenario del fallecimiento del Generalísimo don José de San Martín. Al rememorar con ese motivo la gesta sanmartiniana y al traer a la memoria, con los actos dedicados a esa celebración, la vida y la obra de San Martín, desean los institutos armados del Perú rendirle su tributo de admiración y de gratitud y actualizar sus virtudes y sus méritos como un ejemplo para todos los peruanos y en especial para quienes visten el glorioso uniforme de los soldados de la patria.
Marina
La dación de los decretos leyes números 11167 y 11191, creando fondos destinados, exclusivamente, a la adquisición de unidades navales de valor militar efectivo, constituye un hecho trascendental y único en la historia de nuestra Marina de Guerra, pues, significa el primer paso dado, en forma segura y efectiva, para el resurgimiento de esta institución de vital importancia en el afianzamiento de la Defensa Nacional.
Se ha incrementado la Fuerza Fluvial del Amazonas con la orden de construcción, en Europa, de elementos apropiados a la subsistencia de dicha fuerza.
Desde mayo último procede la Electric Boat Company, de New London, Conneticut, al recorrido total de nuestros submarinos, lo que aumentará notablemente su eficiencia.
Aeronáutica
Ha puesto especial interés la Junta Militar en el mejoramiento de nuestras Fuerzas Aéreas y, al efecto, al formularse el Presupuesto General para el año 1950, se ha consignado en el Pliego de Aeronáutica, S/. 79’007,651.51 y por leyes especiales S/. 3’640,000.00, con lo que alcanza un total de S/.82’647,651.51.
Comparando las cantidades presupuestales para 1949 y 1950, puede comprobarse un aumento de S/. 24’017,651.51 que ha permitido un mejor desenvolvimiento de esta institución armada.
Han sido puestas a disposición del Ministerio de Aeronáutica apreciables sumas de dinero, en moneda extranjera, para la compra de unidades de combate y se ha dado un gran impulso al Grupo de Transporte, mediante la adquisición de nuevos y modernos aviones.
Contemplando una necesidad impostergable de las Fuerzas Aéreas y con el fin de determinar los derechos y obligaciones de sus componentes, que estaban regidos por reglamentaciones inaplicables –que no correspondían al adelanto y volumen alcanzados por esta arma- han sido aprobadas la Ley de Ascensos y la Ley Orgánica de las Fuerzas Aéreas, acordes ambas con la realidad actual.
Están en plena ejecución las edificaciones de la Escuela de Las Palmas, así como la terminación de las obras que fueron paralizadas en 1945.

HACIENDA Y COMERCIO
La gestión económica de la Junta Militar, basada en sanos principios de equilibrio de las finanzas públicas, permite hoy hacer una halagadora exposición de los  resultados obtenidos.
Es conocida por toda la ciudadanía la crítica situación en que se encontraba la Hacienda Pública al asumir el poder la Junta Militar; un absurdo sistema de control de cambios desalentaba a las fuerzas productoras del país acentuando, cada vez más, el desnivel de nuestra Balanza Comercial, de Pagos; fuertes déficits fiscales, financiados con emisiones inorgánicas, desvalorizaban nuestra moneda, y el índice del costo de vida experimentaba sistemática y alarmante alza.
La Junta Militar decidió restablecer la economía nacional, eliminando o morigerando las causas generadoras de la tremenda inflación que el país estaba sufriendo.
En primer término, expidió el Decreto Ley N° 10905, destinado a suprimir paulatinamente el control de cambios, permitiendo que el mercado libre fuera abastecido con las divisas provenientes de las exportaciones y otorgando, para tal fin, certificados de oro que facilitaran la importación de artículos indispensables, cuya determinación se hizo después de un serio estudio de nuestra realidad.
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 4° del mencionado decreto ley, el 45% del total de moneda extranjera proveniente de las exportaciones fue dedicado, por el Banco Central de Reserva del Perú, a satisfacer  las necesidades primordiales del Estado, es decir, las relativas a la alimentación popular y a la adquisición de medicinas. Se resguardaba así el normal funcionamiento de la maquinaria estatal y, a la vez, se defendía el capital humano suministrándole medios de vida imprescindibles. Estas plausibles medidas encontraron dos escollos: en primer término, la expansión del crédito bancario, estimulado por la gran cantidad de circulante, puesto en juego, por las emisiones citadas; y, en segundo lugar, la inescrupulosa actitud de quienes dedicaron al mercado negro las divisas concedidas para ser utilizadas en las importaciones permitidas. Por eso se hizo necesaria la expedición del Decreto Ley N° 11052 que encomendó, a la Superintendencia de Bancos y al Banco Central de Reserva del Perú, la regularización del crédito y del mercado de cambios.
Aparte de tales dispositivos legales, que podrían considerarse de emergencia, era ineludible ir a un estudio integral de la situación económica y financiera del país, para establecer las verdaderas causas de malestar y dictar enérgicas medidas destinadas a remediarlo. Inspirada en tales propósitos, la Junta juzgó necesario encomendar a una comisión de técnicos el estudio de nuestros más serios problemas de carácter económico. Con tal fin se contrató, en los Estados Unidos de Norte América, una misión económica y financiera. Los buenos oficios de la Secretaría de Estado de los Estados Unidos, y del Banco de Reconstrucción y Fomento, facilitaron la solución del problema.
La misión económica y financiera, formada por expertos y presidida por el connotado economista, doctor Klein, comenzó a actuar de inmediato, realizando una investigación minuciosa para determinar el ritmo de nuestras fluctuaciones económicas; como resultado de su estudio, la misión llegó a trascendentales conclusiones que fueron consignadas en el informe que presentó al Gobierno.
Cábeme la satisfacción de indicar que las recomendaciones y sugerencias de la misión económica y financiera se han traducido, en gran parte, en decretos leyes, decretos supremos y otras disposiciones, con arreglo a las cuales se rige nuestra economía, entre los que puedo citar el Decreto Ley N° 11208, que suprimió la paridad de S/. 6.50 para el dólar, devolviendo al país la libertad de comercio. Otros proyectos importantes, como la reforma de leyes de presupuesto y Contraloría, se están estructurando y pronto serán sometidos a la consideración del Congreso Nacional.
La Junta Militar ha llevado a cabo obras de trascendencia en el Ministerio de Hacienda. Por Decreto Ley N°11016 ordenó la construcción del nuevo local de este Ministerio, en el cual se centralizarán todas las reparticiones de este ramo, hoy dispersas, con evidente ventaja para un mejor rendimiento. Esta gran obra está en plena ejecución. Para descongestionar el tráfico, se construye anexa a dicho local, la Plaza 27 de Octubre, que dará cabida, en una playa subterránea, a 200 automóviles.
La obra hacendaria de la Junta Militar no sólo se ha concentrado al saneamiento de la Hacienda Pública, a la moralización administrativa, a la persecución del contrabando y a la dotación de materiales para tan importante Ministerio, sino que, con el producto de las rentas recaudadas de más, con respecto a los cálculos previstos, ha empleado en 1949 alrededor de 200 millones de soles en la ejecución de obras reproductivas de positivo provecho para el país.
Una severa restricción de los gastos públicos disminuyó, en 25%, el elevado déficit que se había gestado durante la ejecución del Presupuesto de 1948. Un Presupuesto bien equilibrado y una política realista y sobria, permitieron fortalecer el erario y acusar el superávit más alto registrado, hasta  la fecha, conforme se demuestra claramente en la Cuenta General de la República correspondiente al año 1949.

EDUCACIÓN PÚBLICA
Considerando que la Educación Pública es factor sustantivo en la formación de la peruanidad, la Junta ha dedicado los mayores esfuerzos a fin de colocarla en el más alto nivel posible.
Las disposiciones dictadas, desde noviembre de 1948 hasta julio del presente año, se sintetizan, explican e iluminan en un documento de trascendencia única en la historia de la educación en el Perú. Me refiero al Plan de Educación Nacional, aprobado por decreto supremo de 13 de enero de 1950, pero cuyos lineamientos fundamentales estaban ya presentes en la política educacional de la Junta, desde el comienzo de su acción renovadora.
Se inspira el Plan en el propósito de modelar una juventud sana de cuerpo y espíritu, que rija su conducta por los preceptos de la moral cristiana, que sienta amor por el suelo nativo y veneración por la historia patria, que busque y defienda la verdad con mente clara y disciplinada, que sea sensible a la emoción de la belleza, que tenga devoción por el trabajo, fuente de bienestar individual y colectivo, y que ostente elevada conciencia de su propia dignidad.
El Plan de Educación Nacional manda construir, en el plazo de diez años y con un costo aproximado de 370 millones de soles, los siguientes locales. 136 escuelas pre-vocacionales, 300 escuelas y la terminación de 1,000 locales entre los comenzados o por principiar, en lo referente a Educación Primaria; 30 grandes unidades escolares para varones y 25 para mujeres y 4 colegios militares, en lo relativo a Educación Secundaria; institutos comerciales, industriales y agropecuarios, en cada una de las grandes unidades escolares, concernientes a Educación Técnica; un Instituto Nacional de Mujeres y 8 escuelas normales rurales.
Con el Plan de Educación Nacional de la Junta Militar, ha infundido gran aliento renovador a la escuela peruana, sobre la base del conocimiento de nuestra realidad educativa por observación directa de los funcionarios del ramo; ha señalado la pauta para la constitución de una auténtica pedagogía nacional; ha sentado el principio e indicado la forma, como el Estado puede constituirse en orientador e impulsor de tan magna obra; y ha iniciado la formación de una conciencia cívica en el sentido de que la educación no es únicamente un problema doméstico que incumbe, en cada hogar, a los padres de familia, sino un problema social de trascendencia nacional que entra en el dominio de la responsabilidad común del Estado, de los maestros, de los educandos y de la colectividad.
Están en funcionamiento tres grandes unidades escolares, en Lima: Tomás Marsano, Melitón Carbajal y Emilia de Nosiglia.
Se encuentran en plena ejecución y serán terminados, al finalizar el presente año, los pabellones de las grandes unidades escolares Ricardo Bentín, en Lima; Coronel Isidoro Suárez, en Trujillo; San Luis Gonzaga, en Ica; e Inca Garcilaso de la Vega, en el Cuzco.
Cuando se terminen de construir todas las grandes unidades previstas en el Plan de Educación Nacional, quedarán satisfechas las necesidades educativas de la población escolar, pues, en cada una de ellas se impartirá Educación Primaria correspondiente a los años 5° y 6°; Educación Secundaria completa y Educación Técnica en sus ramas comercial, industrial y agropecuaria; y quedará, asimismo, cumplido el propósito de acción cultural y social, mediante la capilla, el auditorio, el estadio, la piscina, los talleres, la cooperativa, el bazar, los campos de recreación y el barrio magisterial, que completan la estructura dinámica y funcional de cada uno de esos grandes centros educativos.

FOMENTO
El ramo de Fomento y Obras Públicas ha desarrollado activa labor, traducida en apreciable extensión de nuestra red vial; programación de la obra ferrocarrilera; prosecución de los trabajos de irrigación ya comenzados e iniciación de otros en nuevas zonas, que serán ganadas a la agricultura; aumento de la producción extractiva y manufacturera; aprovechamiento de nuevas fuentes de energía hidráulica; saneamiento de ciudades y su embellecimiento con obras de ornato.
Por Decreto Ley N° 11043 se dictó una de las disposiciones de mayor proyección para el porvenir del Perú: la construcción del ferrocarril de trocha normal que permitirá la unión de la selva del Ucayali con el centro económico y político de la nación.
Por el mismo Decreto N° 11043 se señalan los fondos necesarios para su ejecución, teniéndose adelantadas las conversaciones con entidades financiero-constructoras para realizarlo en el más breve plazo.
De acuerdo con el programa trazado, están avanzados los estudios totales y el 2 de mayo del presente año se han iniciado los trabajos, teniéndose, a la fecha, expeditos 15 kms. de explanación así como rieles y accesorios para 50 kilómetros de vía. Está llegando parte de los 50 mil durmientes contratados, habiéndose adquirido numerosos tractores, camiones y demás maquinaria e implementos de construcción.
En materia de irrigaciones, se ha desarrollado un amplio plan tendiente a obtener el mejor aprovechamiento de nuestras tierras eriazas a fin de dedicarlas a la agricultura, con positivas ventajas para la economía nacional; se han intensificado el estudio de nuevos recursos hidrológicos y se han ejecutado trabajos de encauzamiento y defensa ribereños.
Al estudio previo y selección de los proyectos ha seguido la acción inmediata del Gobierno, en su afán de beneficiar a las distintas circunscripciones del país con el acrecentamiento de su producción.
La Junta Militar ha autorizado la inversión de S/. 58’737,869.00 en estudios, obras de irrigación, de encauzamiento de ríos y adquisición del equipo y maquinaria pesados indispensables.
La ciudad del Callao confrontaba la solución de una serie de problemas después de los graves daños que sufrió en el terremoto del 24 de mayo de 1940. La Junta Militar ofreció al pueblo chalaco un estudio integral de aquellas cuestiones que interesaban directamente a la colectividad y, en cumplimiento de tal oferta, se expidió el Decreto Ley N° 11008. En esta disposición gubernativa se creó un derecho adicional del 1% ad-valorem sobre todas las importaciones no exceptuadas que se efectúen por la Aduana del Callao, para dedicar su producto a la ejecución de importantes obras públicas en esa localidad.
A fin de llevar a cabo los proyectos de las grandes obras reproductivas, la Junta Militar ha conseguido la venida al país de una misión del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento y de técnicos especialistas.

SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL
Desde que se gestó la revolución restauradora, uno de sus grandes postulados democráticos fue el de defender los derechos de la clase media, tan injustamente postergada, porque defenderla era reconocer que de ese importantísimo sector de la ciudadanía emana el progreso industrial y la capacidad profesional, tan necesarios para la buena marcha de la nación.
Por eso la Junta, materializando sus ideales y como uno de sus primeros actos de Gobierno, creó el Seguro Social del Empleado Público y Particular, por Decreto Ley N°10902. Esta actitud fue recibida con general beneplácito puesto que venía a satisfacer una necesidad y a convertir en realidad un viejo anhelo de los empleados, quienes fueron puestos a cubierto de los riesgos de enfermedad, ancianidad y muerte, además del inherente al nacimiento de los hijos.
Asimismo, la Junta Militar ha entregado a la Caja Nacional del Seguro Social, la moneda extranjera que necesitaba para comprar los materiales de construcción y equipos destinados a la terminación de los hospitales de Piura, Trujillo, La Oroya y Huariaca. Los dos primeros están construidos y próximos a inaugurarse y se apresura la terminación de los dos últimos.
Para la atención del riesgo de enfermedad, durante el periodo transitorio, se han organizado servicios médicos en todas las zonas del país y se ha obtenido la colaboración de la Caja Nacional del Seguro Social en los hospitales de Chiclayo, Chocope, Huacho, Cañete, Chincha, Ica, y Arequipa y en los policlínicos del Callao y Pisco, y también la del Servicio Cooperativo Interamericano de Salud Pública, para la atención de los empleados en Iquitos, Tingo María, Pucallpa, Requena, Tarapoto y Yurimaguas. El cuerpo organizador del Seguro Social del Empleado proyectó un vasto plan de construcción de hospitales, policlínicos y consultorios, a iniciarse de inmediato en Arequipa, Callao, Chiclayo y Lima.
Para la construcción del Gran Hospital Central se ha adquirido el terreno que poseía la Universidad Nacional Mayor de San Marcos con una extensión de 168 mil metros cuadrados.
La Junta Militar desarrolla la lucha contra las enfermedades transmisibles y, próximamente se iniciará la campaña materno-infantil, en la que se invertirán 295 mil dólares en la adquisición de equipos y un millón doscientos mil soles en su sostenimiento.

AGRICULTURA
El estado actual de la alimentación nacional es uno de los testimonios más elocuentes de la obra realizada por la Junta Militar, en beneficio del pueblo.
Cuando la Junta asumió el poder en octubre de 1948, la crisis de subsistencias había alcanzado caracteres de extrema gravedad en todo el país. Una política anacrónica de precios topes y controles, había hecho descender la producción de alimentos a niveles alarmantes. Al mismo tiempo se habían agotado las reservas de los artículos alimenticios que el Perú no produce en cantidad suficiente y tiene que comprarlos en el exterior. Al amparo de la escasez, prosperaban el acaparamiento y el mercado negro. El pueblo sufría las duras consecuencias de esta situación. Colas interminables de mujeres y niños amanecían, soportando los rigores del invierno, ante las puertas de los establecimientos de expendio, con  la esperanza de comprar un kilo de arroz o de carbón, sin que muchas veces llegaran a conseguirlo. Por falta de harina, más de una vez no abrieron sus puertas las panaderías.
Noble e imperativa función del Estado moderno es velar por la alimentación del pueblo. Comprendiéndolo así, la Junta Militar tomó medidas prontas y eficaces para conjurar la crisis de subsistencias. De este modo se normalizó la importación de artículos alimenticios, invirtiéndose importantes cantidades de divisas oficiales, a medida que se restablecía el fondo de moneda extranjera que la Junta Militar había encontrado exhausto. Se combatió enérgicamente el acaparamiento y el mercado negro, hasta hacerlo desaparecer. Simultáneamente, se sentaron las bases para la solución permanente del problema, por medio del fomento intensivo de la producción agropecuaria y pesquera y el retorno a la libertad de comercio.
Los resultados de esta acción rápida y eficaz están a la vista. Han desaparecido las colas. No falta nada en los mercados y tiendas. El consumidor puede adquirir, en cualquier momento, lo que desee, sin dificultad ni restricción alguna.
Entre las principales obras realizadas en este Ministerio figuran las siguientes: construcción del Instituto Anti-aftoso; del Terminal Pesquero del Callao; del Terminal Central Pesquero de Lima; de los talleres de reparaciones de vehículos, maestranza y garajes, y terminación de la Estación Piscícola de Santa Eulalia e instalación de granjas ganaderas en Cajamarca y Pucallpa.

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS INDÍGENAS
Una de las disposiciones legales que enaltecen a la Junta Militar es el Decreto Ley N° 10908, en el que se establecieron dos goces de gran trascendencia: el salario dominical y la participación de los empleados y obreros en las utilidades obtenidas por las empresas.
Se ha visto, en la práctica, que el establecimiento del salario dominical ha estimulado la producción y ha proporcionado un alivio a los modestos hogares obreros. Y en cuanto a la participación de los trabajadores en las utilidades de sus principales, puedo afirmar que el Perú es uno de los pocos países de América que ha concedido este beneficio, satisfaciendo así un justo anhelo reivindicatorio de las clases laboristas.
Esta obra avanzada y eminentemente justa de legislación social, se ha realizado en reconocimiento de los derechos y deberes del capital y del trabajo, del empleador y del empleado, es decir, acatando principios y demandas de auténtica justicia social. No se puede citar un sólo decreto ley, ni una sola disposición administrativa, que se haya inspirado en propósitos demagógicos. No ha sido indispensable agitación, presión o amenaza para que el Gobierno cumpliera con su deber. La gestión patriótica y honrada de la Junta Militar ha desenmascarado a los fabricantes de conflictos sociales con miras egoístas y bastardas; ha dejado al descubierto a los perturbadores profesionales, a quienes no les conviene nunca que los problemas se resuelvan para continuar obteniendo inconfesables ventajas de la ingenuidad popular.
El prestigio de nuestra patria exigía el cumplimiento del compromiso contraído para preparar y lleva a cabo el II Congreso Indigenista Interamericano del Cuzco. El vivo interés despertado en toda América por esta Asamblea Continental Indigenista, quedó ampliamente demostrado por la presencia, en ella, de dieciséis países que acreditaron un total de ochenta delegados.
Las declaraciones, acuerdos, resoluciones y recomendaciones adoptadas en él, se refieren a todos los aspectos del problema indígena.

OBRA LEGISLATIVA
La obra legislativa de la Junta Militar queda plasmada en 593 decretos leyes, labor considerable que refleja nuestra preocupación por todos los vitales problemas que afectan el presente y el porvenir de la nación.
Surgida de un movimiento revolucionario en cuyos postulados figuran los de renovación y progreso de las instituciones tutelares, la Junta se ha visto precisada a desdoblar su actividad hacia el campo legislativo y administrativo. En ambos aspectos, esa actividad queda entrega al veredicto de la historia. Aquietadas las pasiones y superadas las diferencias de credo político, tendrá que reconocerse que no nos guió otra preocupación que la de alcanzar el bienestar de la colectividad y la grandeza de la patria. Las innovaciones que el régimen ha llevado a la práctica son de mayor trascendencia que las de cualquier otro gobierno de facto que hubiera dirigido los destinos del país.
Ellas abarcan en apretada síntesis, la concesión de múltiples derechos a obreros y empleados; el fomento vigoroso de la educación pública; la promulgación de códigos y leyes orgánicas; el impulso a la agricultura y a la ganadería para resolver el agudo problema alimenticio; un gran programa de obras públicas; y, en fin, todo cuanto ha sido posible hacer sin forzar la potencialidad económica del país, sin recurrir al crédito exterior y sin emisiones de billetes.
Nuestro espíritu disciplinado y de cuerpo –siendo como somos miembros de las gloriosas instituciones armadas- nos ha permitido laborar siempre en equipo, cotejando nuestros pareceres, con amplitud de miras, para adoptar después la determinación más conveniente a los intereses nacionales.
Señores Representantes:
La Junta Militar de Gobierno llegó al término de su labor gubernativa con la íntima satisfacción de haber servido leal y esforzadamente a la patria, en momentos en que ella necesitaba un brazo fuerte que la defendiera de la amenaza totalitaria y disolvente. Quienes formamos la Junta Militar hemos procurado en todo instante estar a la altura de nuestra responsabilidad histórica y a la altura también de las expectativas ciudadanas y frente a una verdadera obra de renovación y justicia social.
Despojados de toda pasión subalterna, alentados por nuestra indeclinable resolución de servir al Perú con todo el calor de nuestro espíritu de soldados, hemos gobernado teniendo como divisa de nuestros actos públicos el bien de la patria.
Es evidente que nuestra gestión gubernativa ha incidido sobre los principales y más trascendentales problemas, tanto de carácter social como político y económico. En algunos casos, de vital importancia, como en Educación Pública, Defensa Nacional y en Hacienda, la Junta Militar ha enrumbado al país por derroteros que le permiten una definitiva orientación.
Ha sido posible realizar este inmenso trabajo gracias a la abnegación y lealtad de los institutos armados de la República que, en todo momento, han prestado su valiosísimo apoyo al Gobierno. Sin tal cooperación patriótica hubiera sido difícil desarrollar una política constructiva, justiciera y progresista. No debe olvidarse, y en esta solemne ocasión me permito recalcarlo, que la Junta ha sido, en todos sus actos, fiel intérprete de la emoción social y del espíritu cívico de los institutos armados.
No sería posible silenciar el patriótico apoyo que la Junta Militar recibió de la ciudadanía consciente y honrada; a ella va dirigido nuestro emocionado, sincero y profundo agradecimiento.
Señor Presidente del Congreso:
Al resignar, en vuestras manos, el Mando Supremo de la República, quiero formular los más fervientes votos porque los días venideros sean de auténtico progreso y bienestar para la patria. La Junta Militar acaba de cumplir el compromiso de honor que contrajo, al convocar a elecciones generales, para que el pueblo peruano se diera el gobierno democrático que merece. La ciudadanía ha elegido al general Manuel A. Odría para el periodo presidencial que hoy comienza.
Esa misma ciudadanía ha elegido también a ustedes, señores Representantes, y os saluda con respeto y simpatía.


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