LA TERCERA

MENSAJE A LA NACIÓN DEL JEFE DEL MOVIMIENTO REVOLUCIONARIO,

GENERAL DE BRIGADA MANUEL A. ODRÍA,

AREQUIPA, 27 DE OCTUBRE DE 1948

Frente a la situación de desquiciamiento institucional y de zozobra pública que acusa la vida de la nación desde hace más de tres años a causa de la probada incapacidad directriz del ciudadano a quien se confiara la Primera Magistratura, los Institutos Militares de la República, con clara conciencia de sus responsabilidades históricas y de sus deberes patrióticos, y en cumplimiento de la sagrada misión que les señala la Constitución del Estado, se ven en la obligación ineludible de deponer al Gobierno, único modo de cancelar este oscuro período de desaciertos, de permanente intranquilidad y de inacción constructiva que está llevando al país al más completo e irreparable desastre.

Constituye, pues, un imperativo detener al Perú en su angustiosa marcha hacia el caos, para emprender, sin nuevas tardanzas, la urgente tarea de reencauzar a nuestra patria por senderos de normalidad, mediante la actividad democrática dentro del orden, a fin de realizar, por el trabajo y en ambiente de paz, la obra de superación y de progreso que la nacionalidad exige.

No sólo se está llevando a la nación a la ruina, sino que, además, se ha tratado en todo instante, por diversos medios, de debilitar el poderío, de menoscabar el prestigio y de destruir la unidad de los Institutos Armados, unas veces por inexplicable lenidad y hasta condenable complacencia ante las maniobras subversivas de la demagogia aprista, y otras por acción directa y deliberada del Gobierno, como cuando el gabinete militar tuvo que renunciar, irrevocablemente, porque el señor Bustamante no quiso tomar ninguna decisión para solucionar el grave problema político en el que se debatía el país y para el que, específicamente, fue constituido este gabinete, solución que el país esperaba y en la que estaba empeñado el prestigio de nuestras Fuerzas Armadas.

Los atentados contra los Institutos Militares, que son atentados contra la defensa nacional, constituyen calificados delitos de lesa patria. La reciente sublevación del Callao, ha sido el resultado de esa política condenable de permitir al APRA su criminal campaña de desquiciamiento de los Institutos Armados, dejando en completa libertad a los agitadores de esta secta internacional para llevar a cabo, impunemente, sus inconfesables propósitos de ganarse a las clases subalternas e inducirlas al asesinato de sus oficiales y jefes. A pesar de las denuncias documentadas que se presentaron ante el ex-gobernante, éste no quiso que se tomaran medidas efectivas para evitar esta propaganda sectaria en los cuarteles.

Y no obstante la evidencia de que el APRA estaba conspirando para instaurar un régimen totalitario, el Gobierno, con incalificable negligencia, no hizo nada por conocer los hilos de un complot que para nadie era un secreto. Sólo la Providencia y el coraje de nuestros soldados pudo salvar al país de una masacre gigantesca si hubiesen prosperado en Lima y en otros lugares de la República los siniestros planes subversivos del APRA que pasaron desapercibidos al Gobierno. Este no supo tomar medidas para prevenir el peligro y un conjurarlo tan pronto se hubiera producido. Y no fue capaz de sancionar a los culpables como se merecen y como la vindicta pública hoy reclama.

La política del Gobierno cesante está definida en una frase del ciudadano que lo presidía: “Nadie podrá decir honradamente que el Gobierno no ha sabido esperar”.

Y es cierto. Claro que esperó, claro que dejó, por lenidad inexcusable, que se complotara libremente. Mientras el Gobierno esperaba paciente y en la inercia más completa, la nación se hundía y los conspiradores se preparaban. El precio de esa paciencia son los centenares de muertos que dejó el movimiento del 3 de octubre. El Gobierno esperaba que hubiera muchas víctimas y que hubiera charcos de sangre que le sirvieran de justificación. Por el egoísmo de llenarse de razones, esperó, toleró y dejó que avanzara el mal y los propósitos criminales del APRA. Y sólo estuvo satisfecho cuando vio a peruanos luchar contra peruanos.

Para llegar a tan macabro y doloroso resultado se puso en peligro el presente y el porvenir de la República, que fueron salvados, no por acción del Gobierno, sino por el heroísmo y bravura de los institutos militares, que se batieron con bizarría, como lo han hecho siempre que la patria se lo demandó. Todo esto se ha producido porque el señor Bustamante no fue capaz de asumir las responsabilidades que le tocaban como mandatario de la nación. Era su deber ineludible prevenir luchas políticas y saldos trágicos como los que arrojó el sangriento motín del Callao.

El Gobierno que cesa estaba a merced de los acontecimientos porque sus hombres carecían de visión para preverlos. Sus continuos fracasos fueron un estímulo para nuevos errores, que han causado profundo daño a los institutos militares, confirmando así que no se supo apreciar ni comprender lo que ellos significan. El Gobierno del señor Bustamante no ha hecho ni un solo cuartel. La construcción de la Escuela Militar, obra que inició e impulsó el anterior régimen, ha quedado paralizada por completo. Se colocó la primera piedra del Hospital Militar en solemne ceremonia y de ese proyectado nosocomio, tan necesitado hace tiempo por el Ejército, no se ha colocado hasta ahora ni un ladrillo sobre otro; sólo se ha hecho un acto espectacular. Para arreglar los techos del cuartel de Huancané, se ha disminuido el efectivo del Batallón N° 21 de 900 a 500 hombres, a fin de que con el producto de estas economías se financiara la obra. No se ha adquirido armamentos ni materiales, ni equipos, ni siquiera los elementos necesarios para la instrucción militar. Los fondos de la defensa nacional creados por leyes especiales y que debieron ser intangibles están involucrados en el Presupuesto General de la República y se invierten en otros gastos. El desdén con que se ha venido tratando todas las cuestiones relacionadas con la vida del Ejército, se hizo más ostensible al adoptarse, recientemente, el inconcebible proyecto de reducir por economía en una tercera parte los efectivos militares, dejando así a la defensa nacional en lamentables condiciones de inferioridad frente a las necesidades permanentes de la nación. ¿Es concebible que así se proceda con un Ejército que, en unión de las otras Fuerzas Armadas de la República, ha dado, no hace mucho tiempo, días de gloria a la patria? ¿Podrían tolerarlo los institutos militares del Perú?... Jamás.

Agréguese que, desde hace más de tres años, en nuestro país no se disfruta de paz. Son tres largos años de despilfarro de los recursos nacionales, porque durante ese lapso no se ha realizado una sola obra pública digna de tomarse en cuenta. Todos los gobiernos anteriores a julio de 1945, cualquiera que fuera su matiz y su orientación, han efectuado obra constructiva, en mayor o menor grado.

La Historia de la República, aún en las etapas iniciales de formación institucional, se señala por realizaciones de diversos caracteres que son los jalones de nuestro progreso. En julio de 1945 se abrió, por desgracia, un paréntesis de completa inactividad. Nada se ha hecho en tres años. En los anales del desenvolvimiento de nuestra patria, después de más de cien años en los que se registran los esfuerzos, grandes y pequeños de los gobiernos sucesivos, acaban de agregarse tres páginas en blanco que corresponden a estos tres últimos años de inacción y de abandono.

Frecuentemente el ex gobernante, con su habitual falta de gallardía, trató de que se atribuyera a otros la responsabilidad de sus propios errores, pero lo real es que los desbordes del APRA contaron muchas veces son su aprobación expresa o tácita.

En gran número de oportunidades, el ex Presidente Bustamante puso su firma en documentos que consagraban abusos y, en los demás casos, optó por dejar hacer como si su función fuera la de mero espectador, limitándose, para tranquilizar su conciencia, a emitir mensajes, pláticas y discursos, creyendo quizás que con palabras y sólo con palabras podían compensarse los tremendos perjuicios que el país estaba sufriendo.

Lo evidente es que jamás tuvo programa, y que ni siquiera quiso tenerlo. Lo único que deseó es que pasara el tiempo, sin tomarse el trabajo de resolver ningún problema. El señor Bustamante ha seguido una política maquiavélica y funesta.

Dividió, mejor dicho, pulverizó con sus intrigas a todos los sectores antiapristas para quitarles fuerza y poder manejarlos a su antojo, con la amenaza del APRA, secta a la que sólo pensó contener con los Institutos Armados abusando de su lealtad y sin importarle su desgaste por la continua alarma en que vivieron todos sus miembros. Vio con indiferencia las luchas habidas ya entre los elementos de nuestras instituciones militares y los intentos de subversión y no le importó que fueran camino a la desintegración con tal de poder seguir él su línea y su política funesta. Hoy, podemos ver que después del sangriento motín del Callao, no tomó ninguna medida eficaz para desarmar y desorganizar las brigadas de búfalos y las organizaciones sectoriales del APRA, y para eliminar así, toda posibilidad de capturar el poder. Mientras no se haga esto el Decreto Supremo que pone fuera de la ley a la secta internacional será letra muerta y permanente pretexto de subversión para sus fanáticos afiliados.

El pueblo clama por soluciones y no se le atiende. La nación tiene recursos y reservas que es fácil poner en movimiento para traducirlas en bienestar colectivo y en progreso de la patria. Hubiera sido suicida permanecer cruzados de brazos, resignadamente ante tantos males y peligros, hasta que se venciera el plazo constitucional, viendo al Perú hundirse bajo el peso de la miseria, del hambre, de la desconfianza, del descrédito.

Por lo tanto, los institutos militares de la República han resuelto constituir un Gobierno Provisorio, que ha de tener la duración más breve posible y, cuyo objetivo es, fundamentalmente, la restauración de una verdadera constitucionalidad democrática.

En tanto se restablezca, por el voto ciudadano, secreto y libre, la normalidad constitucional, el Gobierno Provisorio adoptará las medidas que aseguren el ordenado y tranquilo desarrollo de la vida nacional, y administrará, escrupulosamente, los recursos del erario público, aplicándolos a la atención de los servicios indispensables, a la ejecución de obras que eleven el nivel general de vida, contemplando así los intereses de las clases trabajadoras y que impriman al Perú un ritmo de avance comparable al de los otros países hermanos de América.

El Gobierno Provisorio mantendrá todos los compromisos internacionales y en cumplimiento del pacto suscrito en Bogotá, eliminará todo brote comunista y totalitario para preservar al Perú y a la América de los peligros que se derivan de esas doctrinas disolventes que predican el odio de clases y que tienen el desorden y la agitación como método.

Finalmente, los Institutos Armados hace un llamamiento a la ciudadanía para que inspirándose en el más puro civismo, colabore a los fines de pacificación y restauración democrática que se anuncian en este documento.

¡A salvar al Perú del caos al que lo condenara la política funesta del Gobierno y

los propósitos subversivos del APRA!

¡Viva el Perú!

¡Vivan las instituciones armadas de la República!

¡Viva la democracia!

LA TERCERA

CONSTITÚYASE LA JUNTA MILITAR DE GOBIERNO

BAJO LA PRESIDENCIA DEL GENERAL MANUEL A. ODRÍA

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA MILITAR DE GOBIERNO

Considerando:

Que ha sido depuesto el Presidente de la República, doctor José Luis Bustamante y Rivero, como consecuencia de la acción de los Institutos Armados iniciada en Arequipa el 27 del presente;

Que ha sido exteriorizada la opinión del país en el sentido de conferirme el mandato supremo del Estado como jefe de ese movimiento, para iniciar la labor de reconstrucción nacional trazada en el manifiesto que ha expresado los ideales de la revolución;

Decreta:

Constitúyase una Junta Militar de Gobierno que será presidida por el general de brigada Manuel A. Odría e integrada por los siguientes miembros:

Ministro de Relaciones Exteriores y Culto, contralmirante don Federico Díaz Dulanto;

Ministro de Gobierno, Policía, Correos y Telecomunicaciones, teniente coronel don Augusto Villacorta;

Ministro de Justicia y Trabajo, teniente coronel don Marcial Merino;

Ministro de Guerra, general de brigada don Zenón Noriega;:

Ministro de Hacienda y Comercio, coronel don Luis Ramírez Ortiz;

Ministro de Fomento y Obras Públicas, teniente coronel don Alfonso Llosa C. P.;

Ministro de Marina, contralmirante don Roque A. Saldías;

Ministro de Educación Pública, coronel don Juan Mendoza;

Ministro de Salud Pública y Asistencia Social, coronel don Alberto López;

Ministro de Aeronáutica, general don José Villanueva;

Ministro de Agricultura, coronel don Carlos Miñano;

Por tanto:

Mando que se le dé el debido cumplimiento y publicación.

Dado en la casa de Gobierno, en Lima a los treinta días del mes de octubre de milnovecientos cuarenta y ocho.

Manuel A. Odría, Presidente de la Junta Militar.

domingo, 15 de diciembre de 2013


MENSAJE A LA NACIÓN DEL PRESIDENTE DEL PERÚ, GENERAL MANUEL A. ODRÍA AMORETTI, 27 DE JULIO DE 1949

A raíz del triunfo fulminante del Movimiento Restaurador de Arequipa, la Junta Militar de Gobierno asumió la grave responsabilidad de regir los destinos de la República y, como Presidente de ella, hoy, víspera del día de la patria, cumplo con el deber ineludible de hacer conocer a todos los peruanos la forma como el régimen actual ha venido desarrollando su acción gubernativa para cumplir el programa revolucionario, conjurando los peligros que amenazaron al país y encarando, resueltamente, los diversos problemas surgidos, secuela casi todos de la imprevisión y el desgobierno anteriores. Hoy, con la conciencia limpia y tranquila por haber cumplido con mi deber de soldado y de peruano, tengo la satisfacción de dar cuenta de la labor realizada por el gobierno y de presentar a la consideración de todos mis compatriotas obra efectiva, llevada a cabo no obstante las circunstancias adversas de todos conocidas y el corto tiempo transcurrido desde que la Junta Militar asumió el poder. Puedo afirmar que la gestión del actual gobierno ha alcanzado en tan estrecho plazo resultados y proyecciones que, por su diversidad, magnitud e importancia, pueden considerarse por demás promisores, aún cuando la propaganda malévola y calumniosa de nuestros enemigos, y también las críticas solapadas y siempre interesadas de elementos que no están conformes con la situación actual, por egoístas consideraciones de índole personal, hayan pretendido y sigan pretendiendo desmerecer su valor.
Cuando el 27 de octubre de 1948, los Institutos Armados de la República cumpliendo su imperativa misión patriótica optaron por deponer al gobierno del señor Bustamante, el país se encontraba al borde del caos moral y político más grave de nuestra historia y las instituciones republicanas atravesaban una etapa de dolorosa e inquietante crisis, cuya única solución consistía en un cambio integral e métodos y hombres en la dirección del Estado.
Durante el régimen derrocado, el APRA, organización internacional de índole marxista, totalitaria y criminal, disfrutó del predominio parlamentario, municipal y administrativo, favorecida por la excesiva tolerancia de ese gobierno. Como consecuencia de la hegemonía sectaria, la augusta función del Poder Legislativo fue escarnecida como en ninguna otra época de nuestra vida independiente; los municipios, organismos encargados de velar por el bienestar de los pueblos y progreso de las ciudades, no sólo no realizaron labor alguna de positivo provecho local sino que sus rentas sirvieron hasta para sufragar gastos personales de dirigentes apristas y de los elementos de sus brigadas de choque; por último, la corruptela administrativa alcanzó durante ese periodo proporciones intolerables y el aumento innecesario de la burocracia, entre otras causas, puso la hacienda pública en estado de casi falencia.
La fundamental razón de ser del Gobierno Revolucionario que presido es la eliminación del peligro sectario, que desde hace más de veinte años y a través de cuatro regímenes políticos, no ha hecho sino delinquir en todas las formas y contra todas las personas e instituciones. El aprismo atentó sistemáticamente contra el individuo, contra la familia y el hogar, contra la escuela y la Iglesia, contra las instituciones militares y civiles y contra la patria misma.
No hubo hombre honrado y de conciencia libre, en nuestro país, que no se sintiera amenazado por la cachiporra o el puñal, el plomo  o la dinamita apristas. El sólo hecho de contradecir sus confusas elucubraciones doctrinarias, sus proyectos políticos o sus planes hegemónicos de totalitarismo criollo, fue causa suficiente para sufrir desde la calumnia infamante de su prensa hasta el asesinato ordenado por sus líderes y ejecutado por sus criminales fanáticos.
El APRA atentó contra la estructura natural del hogar, envenenando el alma del niño y del adolescente para enfrentarlos a los padres y a los mayores, con rebeldía e insolencia, despreciando el saber y la experiencia que han hecho la grandeza de los pueblos.
El aprismo invadió, también, la escuela, apoderándose previamente de un sector del magisterio para servirse de él y pervertir el corazón sano de niños y jóvenes, ofreciéndoles el precoz gobierno de las aulas, como anticipo prematuro del gobierno del país. Es ésta una de las más tremendas traiciones que pueda hacerse a la confianza de la familia y al porvenir de la patria.
El APRA atacó, metódica y arteramente, a la sociedad, fomentando un artificial descontento, una enemistad de clases, un odio de peruanos contra peruanos. Entre los resentidos sociales reclutó sus huestes de ilusos y de autómatas. Creó artificiales cuestiones obreras, o las agudizó o postergó, según sus conveniencias particulares; hizo del obrero un peón de su juego político y del sindicato un instrumento contra el gobierno, al margen de los legítimos intereses gremiales.
En las instituciones militares, como en las civiles, predicó demagógicamente reivindicaciones, indujo a corruptoras envidias y rivalidades y estimuló apetitos inmoderados. No existe institución, gremio o sociedad, en el mundo, que no cuente en su seno con algunos fracasados o postergados. A base de ellos en el Perú, el aprismo formó sus brigadas de asalto y sus células de agentes sediciosos en las filas de los Institutos Armados, lo mismo que en las fábricas o talleres.
Como si tales crímenes no bastasen a saciar el ansía de violencia de sus jefes, el aprismo no vacilo en ponerse al servicio de los adversarios del Perú, en momentos en que todos los demás peruanos ofrecían sus vidas para defender nuestros derechos y nuestras fronteras. Así ocurrió en 1932 y así ocurrió también en 1941. Mientras en Leticia y en Zarumilla los soldados del Ejército peruano ocupaban trincheras de gloria, el aprismo se vendía a los entonces adversarios nuestros en forma vergonzosa e innoble.
Puedo denunciar, como Presidente del Perú, los 23 años de existencia del aprismo como una cadena de delitos contra todos los derechos y todos los deberes; contra los individuos y contra las instituciones; contra el pasado y contra el porvenir.
Esta ola de crímenes no pudo ser contenida ni por la generosidad de los últimos gobiernos. Los Presidentes Sánchez Cerro, Benavides, Prado y Bustamante, concedieron al aprismo, en varias oportunidades, formulas de entendimiento nacional. Pero siempre el afán absorbente y hegemónico de los dirigentes totalitarios y, sobre todo, el de su jefe supremo, frustró el acercamiento y el APRA, en última instancia, anuló cada intento de fraterna convivencia con nuevas traiciones porque su tendencia siempre la llevó a vivir al margen de la ley, dentro del frenético propósito de apoderarse integra y absolutamente de todos los resortes del gobierno nacional para someter así al Perú a su aplastante tiranía de tan definido tipo nazi-comunista.
A través de los últimos 15 años, y de innumerables procesos judiciales perfectamente legales y limpios, el aprismo, sentado en el banquillo de los reos, a merecido incontables sentencias de muerte y de penas privativas de la libertad para muchos de sus líderes y fanáticos. Leyes de amnistía, jamás agradecidas, salvaron varias veces a sus delincuentes.  Y el cinismo de la secta aparece en toda su horrenda desnudez en 1945, cuando ya en el gobierno, uno de sus más autorizados voceros proclamó desde el Parlamento que la mayoría aprista amnistiaría a sus criminales cuantas veces lo requiera el interés del APRA. Esta última insensata declaración constituye solo una muestra del escarnio que hizo el APRA del Poder Legislativo.
Felizmente para el Perú en el seno del último Congreso un grupo valiente y patriota de auténticos legisladores, después de haber luchado denodadamente 
Contra la insolente arrogancia sectaria y luego de haber comprobado la infructuosidad de sus esfuerzos, decidió en un momento trascendental, poner fin a la farsa que significaba el funcionamiento de unas Cámaras plagadas de delincuentes comunes y de asesinos, cuyas decisiones dependían de la caprichosa voluntad de un ser irresponsable ajeno a su Constitución, con grave desmedro de sus augustas prerrogativas.
Nuestra revolución tiene su remoto origen en la intervención que cupo a los institutos militares en la política nacional, a raíz del “crimen Graña”. Constituido el primer gabinete y, sobre todo, el segundo, típicamente militar, era de esperarse que se dejara a las Fuerzas Armadas que cumpliesen con su deber de tutelar la Constitución, garantizar la estructura del Estado y la vida de los ciudadanos y restablecer el orden social tambaleante. La ciudadanía sabe que la tremenda tarea de salvar a la República de la crisis moral, política y económica que la ahogaba, fue aceptada por nosotros, sin vacilaciones, con el más puro desinterés y sólo por apremiante deber patriótico. Más llegó un día en que, por desgracia, con inexplicable ceguera, se pretendió burlar a los miembros representativos de los Institutos Armados, negándoles los elementos necesarios para llevar a cabo la obra en que se hallaban empeñados; desde ese instante quedó nítidamente trazado el rumbo para la acción restauradora. No era dable tolerar la posibilidad de un descrédito de las instituciones tutelares de la República, que contrajeron entonces, con la patria, la obligación sagrada de poner término al caos y al desgobierno; a la tolerancia y a la complicidad; a la deslealtad, a la traición y al delito.
Ese fue, pues, el remoto origen de la revolución del 27 de octubre, cuya partida de bautizo, legítima e indiscutible, ya lo he manifestado en otras oportunidades, tiene una fecha que el Perú no debe olvidar: el 3 de octubre de 1948. Ese día, la gran mayoría del país comprendió que no cabía esperar más; que no era posible seguir confiando en una regeneración del APRA y que toda postergación del radical remedio equivalía a un suicidio colectivo.
El Gobierno Revolucionario, lo repito, faltaría a su propia razón de existir, si permitiese que quedaran sin sanción los verdaderos autores de los criminales intentos apristas, los más grandes delincuentes que ha conocido nuestra historia.
Uno de los principales objetivos del Movimiento Revolucionario, dije en Arequipa, consiste en restablecer el orden público tan gravemente alterado por la acción nociva de un Partido totalitario.
Agregue en ese entonces, que era también mi propósito obtener un justo castigo para los verdaderos responsables del estado caótico en que la nación se debatía. Dicho propósito fue reafirmado claramente en mi mensaje al país el 31 de diciembre y aclarando en el sentido del distingo que, para la Junta Militar, existe entre los dirigentes apristas, principales responsables, y la masa del Partido que puede enmendar rumbos, corregir pasados errores y reingresar de ese modo a la convivencia civilizada y democrática. Pero también advertí, entonces a los apristas que este era un llamado a la cordura, que, para ellos, significaba un imperativo, el decidir sobre su suerte: o seguían viviendo en la mentira de la secta, desafiando nuestras leyes y sus legítimas sanciones, o se volvían fraternalmente hacía quienes sólo deseaban para la patria paz, progreso y libertad.
Las relaciones del Perú con los demás Estados, han continuado inspirándose en los propósitos de una política de activa cooperación y solidaridad. Ha sido ciertamente halagador para el régimen que presido intensificar, en cada caso, los vínculos de amistad que lo unen a otros Estados y en forma muy especial, con las demás naciones del continente americano a las cuales nos ligan especiales lazos basados en la similitud de factores históricos y geográficos.
En todo momento la Junta Militar de Gobierno ha respetado los compromisos internacionales contraídos por regímenes anteriores en nombre del Perú. En tal virtud, y subsanando imperdonable olvido, de acuerdo con lo dispuesto en la declaración XXXII de la Conferencia de Bogotá y con los preceptos constitucionales establecidos en nuestra Carta Política, hemos procedido a declarar fuera de la ley a los partidos comunistas y apristas, para eliminar todo brote soviético o totalitario capaz de representar peligro para las bases de la organización democrática americana, o que signifique una amenaza para la paz y seguridad del hemisferio. Carecería de lógica y de ética que después de firmado el solemne pacto de Bogotá, el Perú consintiese en que los terroristas por antonomasia pudiesen proseguir su tarea desquiciadora. Igualmente, carecería de lógica y de ética que países hermanos, también signatarios de ese compromiso solemne, nos dificultaran su cumplimiento.
El convenio de Bogotá es el más reciente, el más palpitante de los compromisos celebrados entre los pueblos democráticos de América. Apenas salido el mundo de la vorágine bélica que provocó el totalitarismo negro, y para prevenir en lo posible una situación análoga de parte de su renacimiento o del totalitarismo rojo, las jóvenes repúblicas del Nuevo Mundo acordaron adoptar medidas de seguridad democrática frente a los aludidos peligros.
Con el conocimiento, el consentimiento o el aplauso de los pueblos de este continente, los Estados directores de la política mundial contemporánea no han vacilado en señalar los procedimientos y crear los tribunales especiales para juzgar y sancionar a los grandes responsables del totalitarismo europeo. Se ha abierto paso la teoría de que el terrorismo, utilizado como arma contra la organización social, contra la estructura del Estado o contra las formas liberales de gobierno, deja de ser delito político y, excediendo de la criminalidad común, adquiere la fisonomía particularísima de delito de máxima gravedad.
Tan es así, que hasta se demanda la incorporación de nuevos delitos en la tipología criminal: los llamados delitos contra la democracia, de los cuales el genocidio es un claro ejemplo. A este tipo de nuevas concepciones del derecho obedecen las modernas normas procesales y los nuevos tribunales de justicia. Con el proceso de Nüremberg ha aparecido en el mundo un nuevo principio de Derecho Internacional.
Sancionar en Europa los delitos contra la democracia, mientras que en América se pretende escamotear de manos de la justicia a criminales de la misma especie, aunque de minúscula talla, carece de sentido y carece de moral. El Perú, su pueblo, su actual gobierno, no están dispuestos a admitir que se les impida hacer justicia en su propia casa,
La Junta Militar de Gobierno en los meses que está al frente de los destinos de la República, ha encarado con unánime decisión un problema de vital importancia para el futuro político del Perú: el asilo de los terroristas apristas que habían sido incluidos en el proceso iniciado con motivo de la rebelión del 3 de octubre.
Participado el asilo por las embajadas respectivas, invocándose no sólo las convenciones vigentes de 1889 y 1928, sino también la de 1933, que el Perú no ha ratificado por estar en desacuerdo con los principios que propugna, el gobierno dedicó a esta delicada materia toda la consideración que le merece en mantenimiento de las cordiales relaciones que nos vinculan con las naciones hermanas de América. Nuestra actitud fue decidida porque nuestra conciencia está limpia. En ella no hay sitio para sentimientos mezquinos de odio, rencor o venganza, pero en ella se alberga una fe inconmovible en la justicia efectiva, en la sanción que merecen los culpables.
A dar respuesta a las solicitudes de salvoconducto formuladas por las misiones diplomáticas, nuestra Chancillería ha demostrado: 
1° Que existiendo un proceso previo al asilo sobre un complejo delictuoso que comprendía una rebelión militar, con participación de civiles, con sublevación de tropa, y un frustrado movimiento social, de carácter terrorista por la acumulación y uso de explosivos, hecho penado como delito común por todas las legislaciones de Europa y de América, no cabía considerar como delincuentes políticos a los asilados, pues todas las convenciones, inclusive la de 1933, no vigente para el Perú, consideraban que los acusados o procesados por delitos comunes, en caso de refugiarse en una embajada o legación, deberían ser entregados a la autoridad territorial;
2º Que aunque se habían acumulado en el delito de rebelión, conforme a la legislación militar del Perú, los hechos graves a que aludía el comunicado del anterior gobierno, como el descubrimiento de explosivos listos para utilizarse con ocasión del movimiento, era evidente que esta modalidad terrorista no perdía sino que agravaba su característica de delito común por la finalidad política, tanto más cuanto que respecto del terrorismo existía para el Perú una posición clara al haber suscrito la Convención de Ginebra, y al haber definido, en conformidad con la opinión de Argentina y Brasil, desde el año 1937, su convicción de que el asilo no podía cubrir el delito de terrorismo; y
3° Que la Convención de 1933 no había sido ratificada por el Perú porque establecía, respecto de la calificación de la delincuencia por el país asilante, una facultad excesiva e inconveniente: la institución del asilo automático que equivalía a conceder una extraña prerrogativa al asilante para calificar, prescindiendo de los tribunales comunes del país, procesos incoados previamente por delito común o mixto, llegándose de esta manera a la sustitución de la legislación y jurisdicción territoriales.
Consideró el gobierno cumplir con las más elementales normas de cortesía internacional, al fundamentar jurídica e inobjetablemente su posición, no obstante que principios morales incontrovertibles podían servirle de base para una perentoria actitud negativa.
Dentro de esta posición principista, y guardando siempre la actitud más cortés, se ha realizado el debate diplomático que nuestra Cancillería ha sostenido con la Embajada de Colombia.
El planteamiento esencialmente jurídico que ha ofrecido el Perú, conducía necesariamente el caso debatido hacia una solución de arbitraje internacional. Así lo propusimos nosotros y así lo aceptó el gobierno de Colombia. La Corte de Justicia Internacional de La Haya conocerá esta controversia.
En este asunto, que concitó no solamente la expectación de la ciudadanía de mi patria, sino también la de todo el continente, el gobierno del Perú, en todo momento, ha sumido una actitud basada en el valor intangible de la legislación y jurisdicción territorial y el acatamiento de los procesos incoados anteriormente al hecho del asilo, que no pueden quedar a merced de la calificación de soberanías extranjeras.
La solidaridad continental, como manifestación de lo que se ha dado en llamar el “espíritu interamericano”, tiene su expresión en un régimen de derecho que se basa en instrumentos libres y unánimemente consentidos. Estoy convencido de que nuestras naciones para alcanzar el alto sitial que les corresponde en la comunidad internacional, deben inspirar sus actos en la más desinteresada cooperación. Mi gobierno no ha escatimado esfuerzos para aumentar la contribución del Perú a la tarea común de hacer cada vez más efectiva la fraternidad americana. Hay elementos esenciales en los atributos de los Estados cuyo reconocimiento y respeto se vuelven cada día más imperiosos porque ellos son preciso para garantizar la vida y la libre elección de los pueblos; esto implica también una colaboración espontánea de los gobiernos, pero sin ingerencias ni menoscabos que afecten sus derechos primarios.
Por ello, la Junta Militar, como lo he manifestado en distintas oportunidades, considera que las relaciones entre las Repúblicas hermanas de América tienen como máxima garantía el principio de no intervención que constituye la más saludable salvaguarda de sus soberanías y del respeto mutuo de sus derechos. Sólo así el principio de la política de buena vecindad, enunciado por Roosevelt, podrá ser una hermosa realidad en América.

RELACIONES EXTERIORES
Instalada la Junta Militar de Gobierno hice públicos los propósitos de ella de ajustar sus actos a los compromisos contraídos conforme al Derecho Internacional, respetando los tratados en los que se había empeñado la fe de la República. Expresé, igualmente, que el gobierno que presidía abrigaba la intención de continuar con los demás Estados las mismas relaciones de amistad que habían caracterizado nuestra tradicional política de cordialidad.
Por eso, la mayor parte de los Estados del mundo y, entre ellos, las naciones americanas, con excepción de sólo tres, formularon declaraciones manifestando su voluntad de continuar las relaciones amistosas con el gobierno constituido por la Junta Militar que presido.
Durante mi gestión gubernamental me ha sido muy grato recibir las cartas credenciales que acreditan como embajadores ante mi gobierno a los excelentísimos señores Aníbal Ríos, de Panamá; José M. Ortiz Tirado, de México; James Leishman Dodds, de Gran Bretaña; Arturo Borrero Bustamante, del Ecuador; Fernando Vallejos, del Paraguay, y Pierre Gilbert, de Francia.
Con especial agrado recibí en ceremonia oficial al Excelentísimo Nuncio Apostólico, Monseñor Juan Panico.
Igualmente, el señor Joao de Sainte Marie de Moraes, presentó sus cartas de gabinete que lo acreditan como Encargado de Negocios del Portugal ante nuestro país.
Hemos establecido relaciones diplomáticas con el Líbano y reconocido como Encargado de Negocios de ese país al señor Nazih Lahoud.

Conferencias y convenios
El día 3 de diciembre último, con el depósito de la ratificación por parte de Costa Rica, de conformidad con el artículo 22 del Tratado que requería para el caso el deposito de las ratificaciones por las dos terceras partes de los Estados signatarios, entró en vigor el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca.
Con este motivo la Junta Militar de Gobierno formuló la siguiente declaración que se trasmitió al director de la Organización de los Estados Americanos y a los firmantes del Tratado de Río de Janeiro.
“Al entrar en vigencia el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, firmado en Río de Janeiro el 2 de setiembre de 1947, que el Perú, por hechos notorios y conocidos, no ha llegado a ratificar de acuerdo con los procedimientos que establece la Constitución, la Junta Militar de Gobierno, en nombre de la nación, y hasta que sea posible su sometimiento al Congreso, declara su decisión de inspirar su política internacional en los principios y disposiciones del mismo, que concuerdan con los altos ideales de solidaridad continental que han normado la acción del Perú desde su independencia”.
La acumulación de numerosas ponencias en la agenda de la III Reunión de la Asamblea General de las Naciones Unidas, realizada en París el año próximo pasado, determinó la reunión de la segunda parte de  dicha asamblea en Nueva Cork, con el objeto de considerar los problemas pendientes.
Cupo a la delegación del Perú, que estuviera presidida por el doctor Víctor Andrés Belaúnde, una actuación decidida y brillante en los debates de la Asamblea. Nuestra delegación participó con criterio transaccional y equitativo en los debates de la Comisión encargada de resolver el destino de las ex colonias italianas proponiendo fórmulas de solución que merecieron ser incluidas en una global, presentada por las Repúblicas integrantes del grupo latinoamericano sobre la base de una necesaria valorización de la obra civilizadora realizada por Italia en los territorios africanos.
En el debate sobre el caso español, la participación peruana fue predominante, pues el Presidente de nuestra delegación no sólo suscribió el proyecto de resolución favorable a la suspensión de medidas contra el gobierno español, sino que asumió decididamente la defensa de esa proposición en forma que mereció la cálida apreciación de los medios internacionales. La Resolución votada por la Asamblea en virtud de la cual quedo rechazado el Proyecto, a causa de no haber alcanzado la mayoría reglamentaria de dos tercios de los miembros presentes, reveló, sin embargo, por la votación alcanzada a favor del proyecto, que, desde el punto de vista jurídico, la Resolución que ordenaba el retiro de los embajadores de España, carece ya de obligatoriedad quedando los países en libertad de proceder como juzguen conveniente.
Con motivo de la suscripción del Pacto del Nor-Atlántico, se dio a conocer al embajador de los Estados Unidos en Lima, que el gobierno del Perú considera que el establecimiento de una zona de seguridad en esa parte del globo, de acuerdo con los principios que señala la Carta de las Naciones Unidas, constituye, dentro del clima actual de tensión, una aspiración de paz al dificultar la agresión por la defensa común, y que, en las tendencias del momento, la agresión contra uno de los países del Nor-Atlántico estará también dirigida, en sus repercusiones y alcances, contra los países americanos. El ataque armado directo contra uno de los países americanos signatarios de ese Pacto, dentro de la zona delimitada en el Tratado de Río de Janeiro, determina la obligación de defensa común que dicho pacto prevé.
Se realizan las gestiones necesarias para alcanzar la prórroga de los convenios del Servicio Cooperativo de Educación, de Producción de Alimentos y de Salud Pública. Esta medida se funda en los magníficos resultados alcanzados hasta ahora por esos servicios, con la cooperación del Instituto Cooperativo Interamericano.
En cumplimiento del Tratado de Río de Janeiro, suscrito el 29 de enero de 1942, los trabajos de demarcación de la frontera con el Ecuador prosiguen metódicamente. No falta sino fijar en el terreno algo menos de una octava parte del total de la línea. Los trabajos se confinan ahora a la zona de la Cordillera del Cóndor, de difícil acceso, donde las labores de reconocimiento, de astronomía y de topografía requieren especiales esfuerzos.

Cordialidad peruano-argentina
La ceremonia del primer centenario del fallecimiento del Gran Mariscal del Perú, don Mariano Necochea, dio lugar a una singular manifestación que ha servido para estrechar más aún los lazos que nos unen con la hermana República Argentina. Por decreto supremo de 25 de febrero, el gobierno peruano declaró prócer de la independencia nacional a aquel ilustre soldado, disponiendo que sus restos se trasladasen al Panteón de los Próceres. A las ceremonias que se desarrollaron con ese motivo, el gobierno argentino se asoció mediante el envío de una brillante delegación militar, presidida por el general don Ernesto Trotz.

Locales diplomáticos
El gobierno español, como demostración de su cordial afecto hacia nuestra patria, acordó obsequiar el suntuoso Palacio de la Trinidad, situado en la capital de España, para que sirva de residencia y Cancillería a nuestra embajada en Madrid.
Por su parte, el gobierno peruano en su deseo de fortalecer las tradicionales relaciones de amistad que existen entre ambas naciones, ha hecho donación a España de un lote de terreno donde será próximamente construido el nuevo local de su embajada.
Con tal motivo, ha sido suscrita el acta ratificatoria, de estas recíprocas cesiones, que han de contribuir a estrechar los vínculos fraternos que unen a los dos pueblos.

Servicio consular
El funcionamiento de las oficinas consulares peruanas establecidas en el exterior se ha desenvuelto en forma normal y satisfactoria. Se ha cuidado de estimular la reconocida laboriosidad de nuestros cónsules para que rindan todo el buen resultado que es de esperarse en el desempeño de sus cargos, para beneficio de las relaciones comerciales del Perú. Con tal propósito, y a fin de que sujeten sus procedimientos a las disposiciones dictadas por el Ministerio de Hacienda y Comercio sobre requisitos para las importaciones en el Perú, se les ha venido informando en detalle sobre el particular y, cada vez que se han presentado casos de consulta, se les ha recomendado su más estricta observancia.
Con el objeto de adoptar nuestra legislación consular a las nuevas normas establecidas por las distintas ramas de la administración pública vinculadas con el servicio consular, se ha dispuesto su revisión por la repartición correspondiente.
A fin de mejorar las recaudaciones consulares, el departamento respectivo está realizando un estudio comparativo de nuestro actual arancel consular con el de los demás países, con el propósito de introducir las variaciones que sean convenientes y necesarias.
Los ingresos consulares durante el periodo comprendido entre noviembre de 1948 y julio del presente año, han venido manteniendo su nivel usual, debido a la normalización del comercio internacional y a las medidas dictadas por el Supremo Gobierno.

Culto
Fue altamente halagadora para el gobierno la presencia en palacio, recientemente constituida la Junta Militar de Gobierno que presido, de su Eminencia Reverendísima el Cardenal Juan Gualberto Guevara, Arzobispo de Lima y Primado de la Iglesia peruana, presidiendo el clero nacional. Constituyó este acto la mejor prueba de la armonía que siempre ha existido entre el gobierno y la Iglesia. En tan solemne ocasión, al agradecer las frases de saludo de su Eminencia el Cardenal, le expresé que la Junta Militar de Gobierno estaba animada de las mejores intenciones hacia la Iglesia y que como gobernante de un país católico por tradición, no omitiría esfuerzos para estrechar las cordiales relaciones felizmente existentes.
El IV Congreso Eucarístico Nacional realizado del 11 al 15 de mayo del presente año y que tuvo por sede el Cuzco, puso de manifiesto el reconocido catolicismo de nuestro pueblo. El Ministro de Salud Pública y Asistencia Social, coronel Alberto López, llevó la representación del gobierno a ese acto religioso.
Las misiones han continuado desarrollando una labor realmente encomiable y el gobierno ha atendido, en forma preferencial, y dentro de las posibilidades presupuestales, estas actividades cuya importancia en nuestra patria alcanza cada día mayores proyecciones.

GOBIERNO Y POLICÍA 
Desde que la Junta Militar se encuentra en el poder, el orden público se ha mantenido inalterable en todo el país.
Los repetidos intentos subversivos de las facciones extremistas del APRA, han obligado al gobierno a mantener en suspenso las garantías individuales hasta el presente. A pesar de ello, se ha permitido a los ciudadanos el libre desarrollo de sus actividades habituales, así como el normal desenvolvimiento de las actividades sindicales que no atenten contra la tranquilidad pública.
En la actualidad, la ciudadanía goza de todas las garantías que necesita para dedicarse de lleno a sus actividades propias, ya que, gracias a la firme y enérgica actitud del gobierno, se ha podido superar las horas sombrías en que las huelgas políticas y los desórdenes callejeros entorpecían la vida ciudadana.
Para restaurar el orden público, el gobierno ha cumplido su deber de atajar los males de anarquía y violencia en que se precipitaba el país por la acción subversiva del APRA. Con tal objeto, y gracias a su actitud vigilante y preventiva, se capturó a líderes y elementos terroristas responsables de determinados delitos y que hacían peligrar la tranquilidad pública. Se destituyó también a algunos funcionarios de la administración que, por sus comprobadas actividades sectarias, boicoteaban y entorpecían la acción del gobierno. Sin embargo, en todo momento, la Junta ha sido consecuente con su declaración de no realizar una mezquina política de represalia individual y dispuso la libertad de cientos de detenidos por el gobierno anterior con motivo de la rebelión del 3 de octubre, que no tenían inmediata responsabilidad. Mantuvo en sus puestos, y hasta repuso, a algunos funcionarios afiliados al APRA que no realizaban actividades contrarias al gobierno y sólo continúan detenidos aquellos que tienen específica responsabilidad por el motín del Callao, por las actividades terroristas del 22 de febrero último ─ en que hubo víctimas
inocentes en diversos lugares de la República─ y, por las últimas actividades subversivas, todos los cuales han sido puestos a disposición de la justicia para su juzgamiento.
La Junta Militar de Gobierno fiel a su política de contrarrestar todo intento de subversión y de alteración del orden público, ha hecho abortar todos los que se habían planeado y continúa alerta a fin de proporcionar a la ciudadanía la paz y seguridad que ofreciera al iniciarse el Movimiento Revolucionario. Con este motivo, declaro que el gobierno está decidido a reprimir con serenidad pero con la mayor energía, todo intento que pretenda ensangrentar nuevamente al país y llevarlo al desastre. Éste es el imperativo que se impuso al asumir los destinos de la nación y que llevará a cabo sin desmayos y con toda la firmeza necesaria. La Junta Militar de Gobierno espera la decidida colaboración de la ciudadanía en esta obra de Restauración Nacional en que se halla empeñada.
Asimismo, tengo la satisfacción de reconocer que el obrerismo es ajeno a todas las maniobras y maquinaciones que los dirigentes apristas trataron de llevar a cabo dentro de sus filas. Todos los intentos realizados para entrometer la política sectaria dentro de sus organizaciones ha recibido el más rotundo rechazo y el repudio de sus agentes. Es que el obrerismo ha comprendido que la satisfacción de sus justas reivindicaciones y la solución de sus problemas de trabajo, no se obtienen por los procedimientos de violencia y terror.
El gobierno firme en su afán patriótico de moralizar todos los organismos de la Administración Pública, no ha cejado en seleccionar para el desempeño de los cargos a personas de reconocida solvencia moral; y en muchos casos se ha destituido a aquellos que abusando del puesto que se les había confiado incurrieron en grave falta.
De acuerdo con la ley que autoriza al gobierno el nombramiento de los concejos municipales, se ha llevado a los cargos edilicios a personas de prestigio, deseosas de trabajar por sus pueblos y de colaborar ampliamente con la política de la Junta Militar de Gobierno, la que en todo momento les ha ofrecido y seguirá ofreciéndoles el apoyo económico necesario para el cumplimiento de sus fines.
Las fuerzas de la Guardia Civil y Policía, Cuerpo de Investigaciones y Guardia Republicana, ha tenido a su cargo el mantenimiento del orden público, tarea que han cumplido satisfactoriamente. Es propósito de la Junta atender al mejoramiento de las condiciones materiales de instalación de estas fuerzas y a partir del próximo mes se aumentarán los haberes del personal de tropa. Se ha procedido asimismo a ampliar las instalaciones del Hospital de Policía mediante la construcción de nuevos pabellones, con el objeto de que la atención médica al personal y sus familiares se efectúe en las mejores condiciones.

DEFENSA NACIONAL
Preocupación especial de la Junta Militar de Gobierno constituye la preparación integral del país en todos los aspectos relacionados con la seguridad de la República. El más importante de ellos es, sin duda, la cohesión moral y material de los Institutos Armados, así como el mantenimiento de éstos en condiciones de cumplir la sagrada misión que la Constitución les señala.
En este sentido, la acción de mi gobierno se ha dejado sentir mediante un conjunto de disposiciones tendientes, por una parte, a reafirmar el sentimiento patriótico de los ciudadanos que acuden a filas a prestar su contingente de sangre al país, y de otro lado, a mejorar la situación material de las diferentes reparticiones, al mismo tiempo que se ha contemplado el mejoramiento de los derechos del personal. En este aspecto la Junta Militar de Gobierno ha seguido y continuará desarrollando una amplia política de tipo social encaminada a obtener del personal una mayor dedicación a las funciones profesionales que le son propias, para lo cual se tiende a disminuir las preocupaciones de orden económico.
La Junta Militar de Gobierno estudia la reforma institucional de las Fuerzas Armadas, estructurando los fundamentos básicos de la Ley Orgánica de la Defensa Nacional.
Con el objeto de garantizar un proceso de ascensos que satisfaga las justas expectativas y deseos de superación del personal de los Institutos Armados, se estudia una nueva Ley de Ascensos que establezca pautas, más ajustadas a la realidad, para alcanzar los diferentes grados de la jerarquía.
Se estudia la reforma del Código de Justicia Militar vigente, coordinando sus disposiciones con los progresos de la ciencia penal militar. A este respecto cabe hacer notar que, por lo general, tanto los delitos previstos por el Código de Justicia Militar como los delincuentes condenados, son de naturaleza completamente distinta a los delitos y delincuentes comunes. El nuevo Código a que me he referido debe constituir una innovación en materia de penas por delitos militares.
Se han reformado las antiguas disposiciones sobre otorgamiento de pensiones, causadas por los que invalidan o fallecen en actos del servicio. Se estudia la creación de la Caja de Pensiones de los Institutos Armados.
Se ha tratado de atender, dentro de las posibilidades actuales, al mejoramiento de las condiciones materiales de instalación de los comandos y tropas acantonados en las distintas circunscripciones de la República. Dentro de este orden de ideas, mi gobierno, tan pronto asumió el poder, dispuso la reiniciación de las obras del Centro de Instrucción Militar, que se encontraban paralizadas desde hacía tres años y actualmente se prosiguen los trabajos con gran intensidad debiendo quedar totalmente terminados, a más tardar, en octubre del presente año. Se ha iniciado, también, la construcción de un nuevo y moderno Hospital Militar que ha de satisfacer ampliamente las crecientes necesidades del Ejército. Los cuarteles de Moquegua y de Trujillo quedarán terminados en el curso del presente año y son objeto de importantes reparaciones los cuarteles de Juliaca, Huancané y Pomata, que se encontraban seriamente deteriorados. Pronto se iniciarán los trabajos de nuevos cuarteles en el Cuzco y en otros lugares de la República, de acuerdo con un plan que tiene estudiado y preparado el Ministerio de Guerra.
Uno de los problemas más difíciles es el del alojamiento de los oficiales, particularmente en las guarniciones alejadas de la capital. Es propósito de la Junta Militar de Gobierno tratar de que, en la medida de lo posible, junto a cada cuartel existan grupos de casas para alojamiento de oficiales. Con este objeto, se ha autorizado al Ministerio de Guerra la construcción de doscientas casas-habitación en las diversas guarniciones de la República, las que serán alquiladas a precios módicos.
Por Decreto Ley 11030, de 17 de junio de 1949, se crearon las rentas necesarias para resolver el importante problema de la crianza de ganado caballar y mular con destino a las distintas unidades del Ejército.
Toda la ciudadanía sabe que fue la propaganda demagógica y sectaria del APRA la que provocó los luctuosos sucesos del 3 de octubre de triste recordación, en los que gran parte del personal subalterno de nuestra Marina se amotinó y fue criminalmente empujado a la muerte por los líderes del APRA para capturar el poder. Felizmente la moral de esa institución ha podido recuperarse rápidamente, al punto que en la actualidad su personal labora leal y tesoneramente en todas las dependencias de la Armada.
La Junta Militar de Gobierno ha comprobado con pesar el deplorable estado de abandono en que se ha mantenido hasta ahora a nuestra Marina Nacional. El material anticuado de que dispone y que no responde a las necesidades de la defensa nacional obliga a intensos esfuerzos por parte del personal que lo sirve para conservarlo en condiciones de utilización. La Marina peruana tanto por sus tradiciones como por el extenso litoral de nuestra República, debe ser objeto de preferente atención de todos los gobiernos, ya que su descuido implica un atentado contra la seguridad de la República. Es propósito de la Junta Militar de Gobierno remediar los males causados a esta institución durante tantos años de olvido y desatención, propiciando su resurgimiento.
El gobierno ha otorgado ascensos póstumos a los caídos en defensa de la nacionalidad en la jornada del 3 de octubre y se ha condecorado a las banderas de las unidades que combatieron a los facciosos así como a los oficiales y tropa que se distinguieron.
Cumpliendo su programa de trabajo, los buque de la escuadra han hecho un recorrido que sobrepasa las cien mil millas, de las cuales veinte mil corresponden al Crucero de Verano. La Escuela Náutica Miguel Grau, que en el último año funcionó en la Estación Naval de San Lorenzo, ha sido trasladada a bordo del B.A.P. Celendón. En ella se preparan los pilotines y practicantes de máquinas destinadas a servir en las naves de la Corporación Peruana de Vapores, Compañía Administradora del Guano y otras nacionales.
Se ha mantenido estrecho contacto con las actividades de la Marina Mercante nacional y se está preparando la reglamentación de la respectiva dirección. Los buques de transporte de la Marina han efectuado una serie de viajes en el litoral de la República y en el extranjero, sirviendo preferentemente las necesidades de las entidades estatales y atendiendo el abastecimiento de víveres de la población de Lima.
Se está efectuando el dragado de los canales de las obras portuarias del Callao, por cuenta del Ministerio de Hacienda y Comercio, y se ha asfaltado las pistas del Arsenal Naval.
El Dique Seco ha producido una entrada de cerca de tres millones de soles y, deducidos los gastos, deja una utilidad aproximada de un millón y medio. La nueva tarifa del Dique Seco que establece el cobro en dólares a los buques de bandera extranjera ha proporcionado al Estado un ingreso de veinte y seis mil dólares.
Se iniciará en este semestre la construcción de la Base Aérea de Pisco.
Consecuente con su política social de bienestar, el gobierno tiende a mejorar las condiciones materiales de las diversas dependencias de aeronáutica. Actualmente estudia la construcción de nuevas pistas de aterrizaje en Las Palmas, de los edificios que faltan a la Escuela de Oficiales y de algunos depósitos y almacenes que se precisan para las diferentes dependencias del ramo, así como el mejoramiento y ampliación de las pistas de aterrizaje en provincias y la construcción de un grupo de casas habitación para los suboficiales del C.A.P.
El plan de adquisiciones que se ha programado para el Cuerpo Aeronáutico del Perú, se pondrá en ejecución próximamente. Se ha reforzado la dotación del Escuadrón de Transportes Aéreos Militares con una nueva unidad que proporciona mayores comodidades y seguridad en vuelo. Se gestiona la adquisición de un determinado número de aviones convertibles destinados al servicio de la selva y la adquisición de aviones de combate e instrucción. Asimismo, se han comprado repuestos, accesorios y otros implementos menores que eran necesarios para mantener el material en condiciones de eficiencia y seguridad.
Me complace dejar constancia que la Junta Militar de Gobierno ha encontrado en los Institutos Armados de la República todo el apoyo que era preciso para mantener inalterable el orden público y para que las actividades de la ciudadanía se desarrollen en un ambiente de paz y tranquilidad como el que ha disfrutado el país durante todo este tiempo.
La disciplina del personal en todas las unidades y reparticiones de los Institutos Armados se ha mantenido en forma ejemplar, demostrando en todo instante su lealtad al gobierno, manteniéndose fieles al cumplimiento de la misión que les ha encomendado la Carta Fundamental del Estado.
HACIENDA

Política económica y financiera
Cuando la Junta Militar de Gobierno asumió el poder, nuestra economía se encontraba prácticamente desquiciada.
La moneda se desvalorizaba cada día y el costo de vida aumentaba progresivamente. El índice correspondiente que en 1937 era de 110.8, en octubre de 1948 llegaba a 383.5. El volumen de la producción nacional había bajado en forma alarmante. Las exportaciones que en 1937 ascendieron a 2’775,978 toneladas, en 1948 sólo alcanzaban a 1’726,086. La producción de artículos alimenticios acusaba también los más bajos niveles. La escasez de ellos sólo podía suplirse con importaciones en creciente proporción. Cada vez era más escasas las divisas necesarias para atender las necesidades básicas, que el país requiere obtener del extranjero. El crédito en el exterior se había perdido. Nuestra Balanza Comercial comenzó a ser deficitaria. El valor de nuestras exportaciones en 1948 fue de US $ 162’000,000 en vez de US $ 300’000,000 de que hubiéramos podido disponer si se hubiese mantenido el volumen de ellas.
La desvalorización de nuestra moneda tuvo su causa en nuestra política fiscal inflacionista de emisiones incontroladas de billetes y la consecuente inflación secundaria, constituida por la expansión de créditos, que no estaban respaldados por un aumento en la producción. La Junta Militar de Gobierno encontró esta situación en uno de los puntos más altos de su trayectoria ascendente. El régimen anterior en vez de dar término a las emisiones de billetes y proceder a una prudente política financiera, pretendió corregir los efectos de la inflación recurriendo a los controles en el cambio y en los precios. Esto no impidió que la desvalorización continuara. La Superintendencia del Comercio Exterior, La Oficina de Control de Precios y demás organismos de controles, concentraron una enorme y costosa burocracia. Pero nada de ello servía para detener el encarecimiento de la vida. La población no recibía beneficio positivo de esas medidas, porque los artículos controlados se vendían en el mercado negro a precios exorbitantes. El precio oficial para los alimentos sólo servía para desalentar la producción de esa clase de artículos. La diferencia entre los precios oficiales y los que pagaba el consumidor era percibida por intermediarios improvisados e inescrupulosos. Las mercaderías importadas con divisas oficiales se vendían a precios muy superiores, como si hubiesen sido adquiridas con divisas del mercado libre.
Las desproporcionadas e ilícitas ganancias que podían obtenerse así en las actividades comerciales o meramente especulativas, habían ocasionado una peligrosa desviación hacia ellas de los capitales que antes estuvieron dedicados a la producción.
En una palabra, los controles de los cambios y de los precios estaban estrangulando a las fuerzas vitales de la economía nacional.
No es extraño, pues, que en los últimos años no se hubiera podido levar a cabo obras efectivas de bien público y social. Todas las buenas intenciones y ofrecimientos hechos en ese sentido, no pudieron cumplirse por falta de recursos. Las obras públicas estaban paralizadas. No se había podido construir ninguna nueva carretera y estaban abandonadas las que se hicieron ene. Pasado. La obra el Seguro Social estaba detenida donde la dejaron los otros gobiernos. Los recursos de que el Estado podía disponer para llevar a cabo esas obras, fueron invertidos en subsidios para mantener precios artificiales con perjuicio de la misma colectividad consumidora. Cuando el Estado necesitaba más recursos económicos para atender esas necesidades, recurría a la emisión de billetes o a nuevas cargas tributarias, que pagaba la población con la pérdida del poder adquisitivo de la moneda.
Ante la realidad, no había sino un camino a seguir: el de la rectificación. Era preciso ir a la eliminación progresiva de los controles en la economía, a fin de que ésta pudiera desarrollarse sin trabas, bajo los principios de la libre concurrencia y de la iniciativa privada.
El Decreto Ley N° 10905 modificó sustancialmente el régimen de cambios que había venido rigiendo, al suprimir el control de las importaciones y permitir que el mercado libre fuese abastecido con las divisas provenientes de las exportaciones, en forma de certificados, con lo que se facilitaba la importación de los artículos permitidos.
No obstante estas medidas y las ventajas de ellas derivadas, el mercado libre de cambios, actualmente abastecido con el 55% de la moneda proveniente de las exportaciones, ha registrado un aumento en las cotizaciones, llegando a límites que no representan el valor efectivo de nuestra moneda. Ello ha obedecido a diversos factores, tales como la coincidencia tonel periodo del año en que normalmente nuestras exportaciones alcanzan sus niveles más bajos; y el que no todas las divisas del mercado libre hayan sido utilizadas para atender las importaciones permitidas. Pero el factor más decisivo de la seria alteración producida en el mercado de cambios se ha debido a la expansión del crédito bancario, estimulado por la gran cantidad del circulante y por la indebida utilización de dicho crédito, para la compra de dólares, realizada por ciertas empresas, principalmente extranjeras. El gobierno para contener el alza de las divisas, tuvo que adoptar las medidas necesarias, prescritas por el Decreto Ley N° 11052, que faculta a la Superintendencia de Bancos y al Banco Central de Reserva del Perú a regular el crédito y el mercado de cambios. Al impedir estas prácticas especulativas, el resultado inmediato ha sido detener el alza artificial en el mercado de cambios y bajar las cotizaciones en pocos días.
Concordantemente con la política de estabilización monetaria, el gobierno tiene el firme propósito de seguir una prudente política fiscal, que ajuste estrictamente los gastos del Estado a los ingresos normales del Presupuesto, calculado a base del desarrollo regular de las actividades económicas del país, que no dudo seguirán en continuo incremento.
Se ha dado ya los pasos necesarios que permitirán, en breve plazo, poner en práctica una reorganización fundamental en el sistema administrativo de recaudación de rentas fiscales y de financiación de gastos públicos.
La acción del gobierno en la esfera económica podrá cumplirse en forma plena a través de los Bancos Nacionales de Fomento, a los que corresponde centralizar y encausar nuestro desarrollo de conformidad con la política económica que debe seguir el Estado. La Junta Militar ha prestado preferente atención a la reorganización de dichos bancos y a la necesidad de dotarlos de los recursos que le son necesarios para que puedan cumplir esta función.
Finalmente, el gobierno confía en que la aplicación de su política económica, dentro de las orientaciones enunciadas, permitirá restablecer nuestro crédito exterior y obtener la ayuda que el país requiere en estos momentos para su desarrollo.

Distribución de divisas oficiales
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 4° del Decreto Ley N° 10905, el monto de las divisas retenidas por el Banco Central de Reserva correspondiente al 45% del total de la moneda extranjera proveniente de las exportaciones, se ha destinado a los fines específicos determinados en dicho Decreto Ley, que son: necesidades propias del Estado, productos básicos de la alimentación popular y medicinales.
Durante el primer semestre del año, las entregas efectuadas por el Banco Central de Reserva, por los conceptos indicados, han sido hechas con la debida autorización del gobierno, mediante resoluciones supremas expedidas por los diversos ministerios. Las referidas entregas han alcanzado la cifra de 21 millones 600 mil dólares, 248 mil libras esterlinas, 2 millones 800 mil pesos argentinos y 12 mil francos suizos. De estas cantidades ha correspondido a alimentos, 12 millones de dólares, 77 mil libras esterlinas y 2 millones de pesos argentinos.

Misión económica y financiera contratada en Estados Unidos
La Junta Militar de Gobierno se ha impuesto la obligación de reorganizar la Administración Pública para satisfacer debidamente las necesidades del Estado. Nuestro sistema administrativo data de la época del gobierno de don Nicolás de Piérola, en la que los recursos y necesidades nacionales eran incipientes en relación con el desarrollo alcanzado por el país en los últimos cincuenta años.
Por Decreto Supremo de 28 de junio último, se ha autorizado la contratación en Estados Unidos de Norteamérica, de una misión económica y financiera, que está próxima a llegar al país, y que ha sido contratada por nuestra embajada bajo los auspicios de la Secretaría de Estado de los Estados Unidos de Norteamérica y con intervención del Banco de Reconstrucción y Fomento.
Espera así la Junta Militar de Gobierno llevar a cabo una reforma total de la Administración Pública, regulación comercial, prácticas aduaneras y la modernización de todos sus sistemas, simplificando el actual que está vigente desde hace cincuenta años.

Convenios internacionales de Bretón Woods
De acuerdo con los convenios internacionales de creación del Fondo Monetario Internacional y del Banco de Reconstrucción y Fomento, ratificados por el Perú, por Resolución Legislativa N° 10343 y aplicados en conformidad con la Ley 10640, realizamos nuestros aportes en la siguiente forma: en oro, para la constitución del Fondo Monetario Internacional, 2,800 kilos equivalentes a 120’490,736 soles, al tipo oficial de S/. 6.50 por dólar, o sea, 13’149,920 dólares y en moneda nacional de S/. 142’009.686 soles. El aporte en oro al Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento ha sido de 350,000 dólares y el de moneda nacional a S/. 20’475,000.
El enorme esfuerzo que para nuestro país han significado estos convenios, se realizó con el propósito de contribuir al plan de cooperación que perseguían los países signatarios, para atenuar los efectos económicos de la posguerra y contribuir al desarrollo de los países económicamente débiles y poseedores de grandes riquezas potenciales que necesitaban explotación inmediata.
Hasta ahora, el esfuerzo del Perú no ha sido considerado por los fuertes capitalistas asociados a las entidades creadas en Bretton Woods porque, no obstante los postulados de esas instituciones, no hemos recibido, aún, la ayuda que necesitábamos y a que tenemos derecho, principalmente del Banco de Reconstrucción y Fomento, para la explotación de nuestras ingentes riquezas naturales.
Mi gobierno no duda que este Banco dará la debida atención a los proyectos que presentará nuestro país para cumplir el plan de obras públicas, exclusivamente reproductivas, en que está empeñada la Junta Militar de Gobierno, proporcionándole préstamos para financiarlos y llevarlos a cabo a la brevedad posible, tal como ya lo ha hecho con otros países que se encuentran en la misma o mejor situación que la nuestra.

Política comercial
En lo que se refiere al comercio exterior, es firme propósito de mi gobierno estrechar los vínculos comerciales con aquellos países que han constituido y constituyen mercado tradicional para nuestros productos de exportación.
Con este fin se están realizando negociaciones para nuevos tratados de comercio con Estados Unidos de Norteamérica, Gran Bretaña y otros países; y esperamos celebrar convenios especiales que permitan la amplia utilización de las divisas excedentes, como resultado del considerable balance a favor de nuestro país por razón del intercambio comercial con esas naciones.

Asuntos comerciales
Considerando la necesidad de celebrar nuevos tratados comerciales con los Estados Unidos de Norteamérica, destinados a reemplazar los existentes que datan de los años 1942 y 1936 respectivamente, que han sido denunciados, se procedió, con ayuda de la Comisión de Tratados, a formular la lista de los productos para los cuales el Perú pedirá concesiones arancelarias; estas listas fueron confeccionadas oyendo a las instituciones representativas de la vida comercial e industrial del país y remitidas a nuestras embajadas para las negociaciones del caso. 
Finalmente, por Decreto Ley N° 11007, el gobierno ha dispuesto el traslado de la Dirección de Asuntos Comerciales del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto al Ministerio de Hacienda y Comercio. Este traslado ha originado diversos proyectos tendentes a la reorganización y mejor marcha de dicha dirección que el gobierno estudia detenidamente.

Presupuesto
La Junta Militar de Gobierno ha tenido como labor primordial el reajuste de las finanzas públicas por medio de una ordenada política económica que, sin desmedro del estricto cumplimiento de las obligaciones fundamentales del Estado, permita restablecer la economía fiscal.
Al hacerse cargote la dirección del país, mi gobierno se vio obligado a sujetarse a un Presupuesto realizado ya en gran parte, y que por su desenvolvimiento en esa fecha dejaba sin lugar a dudas un elevado déficit; sin embargo, gracias a las atinadas medidas dictadas de inmediato y a la prudente restricción de los gastos públicos, ese fuerte déficit fue reducido a sólo 29 millones 981 mil soles oro, que acusa como resultado de la Cuenta General de la República de 1948.
Si se tiene en consideración que la cifra mínima prevista del déficit mencionada para el ejercicio presupuestal de 1948 sobrepasaba los 40 millones de soles y el corto tiempo de que dispuso la Junta Militar de Gobierno para el reajuste de ese ejercicio, puede apreciarse la magnitud de su labor, ya que la reducción de ese déficit está calculada en más de un 25%.
Al mismo tiempo que la Junta Militar de Gobierno resolvía el problema anteriormente citado debió hacer frente a la confección del Presupuesto para 1949. Como la experiencia había demostrado que el Presupuesto de 1948 no reflejaba la verdadera situación económica de la Hacienda Pública, fue necesario proceder a un reajuste de las partidas y considerar un Presupuesto real de 1,150 millones de soles oro, que se descomponen en la siguiente forma: 964 millones corresponden al Presupuesto Ordinario y 186 millones a las rentas de aplicación especial o cuentas de orden. Dentro de estas cifras se consideró una partida de 40 millones de soles destinada a cubrir el déficit del ejercicio de 1948, evitándose en esta forma que dicho déficit afectará la situación económica del país al impedir una emisión inorgánica de moneda.
El Presupuesto de 1949 ha venido desenvolviéndose durante el primer semestre con resultados altamente satisfactorios. Las medidas dictadas para el saneamiento y ordenación de la Administración Pública vienen rindiendo sus frutos día a día en forma palpable, reflejándose en el acrecentamiento de la recaudación que ofrece promisorias expectativas. Estas realidades se expresan en las cifras comparativas del resultado del ejercicio presupuestal en los años de 1948 y 1949. En el primer semestre del presente año la recaudación asciende a 433’144,320, dando un mayor ingreso a 93 millones 503 mil 203 soles oro con respecto a 1948 en el mismo lapso.
La recaudación por concepto de leyes especiales o cuentas de orden ha aumentado también en forma apreciable. De enero a junio de 1948 alcanzó la suma de 69’729,614.42 soles oro, mientras que en el presente año se ha obtenido 118’256,345.60, es decir, 48’526,731.18 más.
En el presente año el Tesoro Público no ha necesitado recurrir a obligaciones de descuento, cuyo saldo continúa invariable desde el mes de diciembre del año próximo anterior y que será definitivamente cancelado con la partida que para el efecto se ha consignado en el Presupuesto General de la República para el año en curso. El gobierno no ha hecho uso de las disposiciones de la Ley N° 10523, que le autoriza la emisión de obligaciones; puedo declarar con toda satisfacción que tampoco ha recurrido para arbitrarse fondos a emisiones inorgánicas, aunque ha tenido que otorgar créditos a la Corporación Nacional de Turismo por un millón y medio de soles; al Ministerio de Guerra para la construcción del nuevo Hospital Militar por dos millones de soles; al Servicio de Agua Potable de Lima por cuatro millones de soles; por igual cantidad al Ministerio de Fomento por los trabajos de mejoramiento de la carretera Central y la Panamericana y por el ferrocarril del Cuzco a Santa Ana, y para diversas obras públicas de interés nacional o local.
La mayor suma que consigna el Presupuesto del presente año se ha aplicado, en armonía con los postulados de la Revolución de Arequipa, a impulsar la educación nacional, a realizar obras públicas, irrigaciones, carreteras, ferrocarriles, etc., al fomento de las campañas sanitarias y de asistencia social en defensa del capital humano. En lo que respecta a las cuentas de orden, solamente con la disposición del Decreto Ley que creó el Fondo de Educación Nacional, se ha obtenido una renta de doce millones de soles oro, destinada a la construcción de locales escolares.

Deuda Pública
Los servicios de intereses y amortización de todos los empréstitos de la Deuda Interna se han efectuado con estricta sujeción a leyes y decretos reglamentarios. Se ha pagado los intereses con rigurosa puntualidad y se ha amortizado bonos de Deuda Pública por valor de S/. 10’083,135.
La consolidación de la deuda flotante ha merecido del gobierno especial atención. Previa la depuración correspondiente, se han consolidado créditos por valor de 3’055,450.
Se ha dado término al canje de los certificados provisionales del Empréstito Interno de 1940 y de sus series ampliatorias por los bonos definitivos, ediciones, efectuadas en los Estados Unidos, que reúnen todas las condiciones de seguridad exigibles en los valores del Estado.
SE ha continuado también la amortización del crédito del Sindicato formado por
J. & W. Seligman Co., The Nacional City Bank of New Cork, Central Hanover Bank and Trust Company y Guaranty Trust, contraidos por gobiernos anteriores por U.S. $ 425,513.50. Con la amortización correspondiente al 1 de julio del presente año, por U.S. $ 22,470.62, incluyendo los intereses del 2%, ha quedado totalmente cancelado dicho crédito.
Las cuotas de amortización e intereses que se hallaban sin pago en 1947 del 1% de los bonos y del 1 y medio por ciento de amortización e intereses y cuyos importes respectivos fueron girados oportunamente al agente pagador, ascienden a un total de U.S. $ 1’507,281.98.
La Junta Militar de Gobierno espera, con sobrado fundamento, que el país dentro de poco haya alcanzado el éxito más completo en el restablecimiento de su crédito externo, cumpliendo sus obligaciones de pago, política que permitirá abrir nuevas perspectivas para la República.

Contribuciones
Con referencia a la tributación directa, cuya aplicación está encomendada a la Superintendencia de Contribuciones, la Junta Militar de Gobierno ha seguido una sana y prudente política, debido a la cual, a pesar de las crecientes necesidades del erario, no ha precisado recurrir al aumento de las tasas de imposición. El celo desplegado en la cautela de los intereses fiscales ha permitido que, sin recurrir a este aumento, se llegue a obtener el resultado casi sin precedentes que, en el primer semestre del año en curso, la emisión de recibos por los impuestos que acota la Superintendencia de Contribuciones, haya cubierto totalmente la previsión anual que para los mismos consigna el Presupuesto General de la República para 1949.
La Junta Militar de Gobierno ha procurado dictar sólo las medidas indispensables de carácter general para la mejor aplicación de los impuestos, evitando así el aumento de nuestra ya profusa legislación sobre la materia, objeto de justas críticas y que el gobierno se encuentra preocupado en remediar con la designación que ha hecho de una Comisión para la reforma de la legislación tributaria y la preparación de un anteproyecto de Código del Impuesto.

Recaudación
Entre las diversas disposiciones dictadas por el gobierno para la cobranza de las rentas fiscales que está encomendada al Departamento de Recaudación de la Caja de Depósitos y Consignaciones, merecen citarse las siguientes:
Decreto Ley N° 11000, promulgado el 4 de abril de 1949, por el que se establece el “Impuesto único” al consumo de alcoholes y bebidas alcohólicas en el país, derogándose todos los impuestos o arbitrios, de carácter nacional o local, que antes regían, sin perjuicio de mantener las rentas que ellos producían para determinadas obras, a favor de las mismas entidades beneficiarias.
Puede afirmarse que este Decreto Ley constituye la reforma tributaria más importante de los últimos años.
Seguramente no existía en ningún otro país una legislación más falta de unidad, ni de estructura más complicada, que la que regía en el Perú en materia de alcoholes hasta la expedición de dicho decreto. Las leyes hasta entonces vigentes, que eran alrededor de cien, gravaban unas veces la producción, otras el consumo y otras la internación.
El Decreto Ley N° 11000 a puesto término a esta enojosa situación, unificando bajo pautas uniformes las tarifas que gravan a los alcoholes y bebidas alcohólicas en toda la República y garantizando el aporte del Estado a la constitución y funcionamiento del Seguro Social Obligatorio del Empleado, trascendental obra de carácter social del actual régimen. Finalmente, parte de estos mayores productos incrementarán también las rentas de la defensa nacional, asunto en el que el gobierno tiene, asimismo, el más vivo interés.
El Decreto Supremo, expedido el 4 de abril de 1949, estableció la obligatoriedad de colocar timbres en las facturas correspondientes a las ventas de los productos de exportación y fijó la forma en que debe efectuarse el respectivo control.
Esta medida ha venido a salvar una sensible omisión de las leyes y reglamentos de la materia, pues tratándose de documentos que deben ser enviados al exterior, no había forma de acreditar la colocación de los timbres con que debían estar gravadas las respectivas facturas.
El Decreto Ley N° 11046, promulgado recientemente, por el que se establece el Estanco de la Coca en el país, ha sido adoptado también en cumplimiento de los convenios internacionales suscritos por el Perú y destinados a restringir el consumo de drogas y narcóticos, teniendo en consideración, a la vez, su consumo por el elemento indígena del país y el deber del Estado de defender el patrimonio nacional, representado en este caso por una valiosa planta de cuya aplicación con fines científicos se derivan grandes beneficios para la humanidad.
En forma análoga a la establecida en el ramo de alcoholes, el Decreto Ley que crea el Estanco de la Coca, unifica los diversos impuestos hasta ahora vigentes sobre dicho artículo, sin perjuicio de mantener las participaciones correspondientes a las entidades que se beneficiaban con su producto a fin de que puedan continuar las obras públicas a que estaba destinado.
Finalmente, se ha establecido la necesaria coordinación entre la Superintendencia de Contribuciones, en su calidad de oficina contadora y emisora, y el Departamento de Recaudación de la Caja de Depósitos y Consignaciones, encargado de la cobranza de las rentas fiscales, en forma que permita un armónico y paralelo desenvolvimiento de operaciones de ambas entidades, obteniéndose así la más oportuna percepción de las rentas del Estado.

Aduanas
El movimiento del comercio exterior durante los cinco primeros meses del año en curso ha sido: TM 913,136, con un valor de S/. 1,757’796,381, el que comparado con el del año 1948, durante el mismo periodo que fue de TM 862,261 y S/. 859’806,069, arroja como resultado a favor del presente año TM 50,875 y S/. 897’990,312.
La recaudación aduanera durante el primer semestre del año en curso asciende a la suma de S/. 256’497,681.31, la que comparada con la del año 1948 durante el mismo periodo arroja un mayor ingreso de S/. 105’785,169.57.
Con el fin de controlar el servicio aduanero, se ha inspeccionado todas las aduanas, particularmente las de las zonas fronterizas: Tumbes, Talara, Puno y Tacna; igualmente que las de Iquitos, Pacasmayo, Salaverry, Mollendo e Ilo.
Se ha emprendido una severa campaña moralizadora encaminada a descubrir y prevenir el contrabando, reprimiendo con energía todo acto que pueda redundar en detrimento del interés fiscal.
El gobierno contempla la reorganización del servicio de resguardo aduanero, en forma tal que responda a la efectiva misión a que está destinado. Dentro del proyecto, constituye un punto de preferente atención la reforma tanto de nuestro Código de Procedimientos Aduaneros cuanto del Reglamento Interior de Aduanas.
Con fecha 22 de enero del año en curso, se nombró una Comisión especial para el estudio de la tarifa de derechos de importación, la que formuló el proyecto correspondiente, encargándose luego al Cuerpo Consultivote Aranceles de Aduana la revisión de este proyecto que fue aprobado por el gobierno y que próximamente entrará en vigencia.
Por Resolución Suprema de 30 de marzo último, se constituyó una Comisión encargada de estudiar, de acuerdo con las necesidades de nuestra industria, las inclusiones o exclusiones en la lista de mercaderías de importación permitida.

Banco Central de Reserva
El oro y divisas del Banco Central de Reserva del Perú, han aumentado fuertemente entre el 31 de octubre de 1948 y el 30 de junio de 1949. En efecto, de 191 millones de soles oro a que ascendían, en la primera de las fechas indicadas, se elevan a 267 millones en la segunda; de donde se desprende un incremento, en dichos fondos, de 76 millones de soles. Esas disponibilidades constituyen el encaje del mencionado Banco que está formado por oro y divisas y que tiene una equivalencia aproximada  de 29 millones de dólares al 31 de octubre de 1948 y de 41 millones de dólares al 30 de junio de 1949. En ambas cifras está incluido el llamado “Oro intangible”, representado por 16,338 kilos de oro que figura en los balances del Banco Central de Reserva con un valor de 38’784,833 soles oro, al tipo de la antigua paridad legal de S/. 2.37.38 por gramo de oro fino.
El encaje mencionado está sujeto, en parte, a determinadas obligaciones y contratos en moneda extranjera. Deducidas tales obligaciones, del oro intangible queda disponible la suma de 10 millones de dólares en 31 de octubre de 1948 y de 22 millones de dólares en 30 de junio de 1949. De donde resulta que las reservas disponibles del país, en divisas, han aumentado en más del 100% entre las fechas comparadas.

Bancos Comerciales
Entre el 31 de octubre de 1948 y el 30 de junio del presente año, las operaciones desarrolladas por los Bancos Comerciales y de Ahorros revelan un fuerte incremento. Las colocaciones, que representan los préstamos, descuentos, adelantos en cuenta corriente y otras operaciones análogas, acusan un aumento de 189 millones de soles, pues, de 1,168 millones a que ascendían al finalizar octubre de 1948, se elevan 1,357 millones de soles al 30 de junio de 19439. En cifras, ese incremento equivale al 16%.
El renglón de ”Depósitos”, también acusa, entre las fechas indicadas, elevado incremento. En efecto, en la primera, los depósitos ascendían a 1,548 millones de soles y, en la segunda, a 1,819; de donde se desprende un aumento de 271 millones de soles oro, que equivale al 17.54%.
Las disponibilidades bancarias muestran, asimismo, un incremento de 98 millones de soles oro, pues de 487 millones a que llegaban al finalizar octubre de 1948, se elevan a 585 millones al 30 de junio de 1949. Este incremento representa el 20.07%.
Respecto a los recursos propios de estas entidades, esto es, el conjunto de sus capitales y reservas, han experimentado también, entre las fechas comparadas, un aumento de 11 millones de soles oro.

Bancos de Fomento
Los Bancos de Fomento, en los que el Estado tiene invertidos importantes capitales, han continuado prestando su apoyo a la agricultura, industria y minería nacionales. Y, en tal labor, no sólo han utilizado la integridad de sus recursos propios, sino también los proporcionados por otras entidades bancarias, ampliando así su capacidad de crédito. Las cifras que a continuación se indican, permiten apreciar, en forma concreta, el volumen de esa ayuda en beneficio de diversos sectores de la economía nacional, en el periodo comprendido entre el 31 de octubre de 1948 y el 30 de junio de 1949.
A la citada fecha de 31 de octubre de 1948, el saldo de los préstamos otorgados por el Banco Agrícola del Perú ascendía a 45 millones de soles oro, que comparados con el que acusan al 30 de junio de 1949, o sea 57 millones, revelan un incremento en el saldo de dichos préstamos equivalente a 12 millones de soles oro.
Respecto al capital de este Banco, que al finalizar octubre era de 12 millones de soles oro, el gobierno lo ha elevado considerablemente para atender, con mayor amplitud, la demanda de toda clase de préstamos, o sea de avío agrícola, pecuario, pequeña agricultura, etc. El sobrante de guano producido de la campaña de 1948, y el recargo establecido en el precio por unidad de nitrógeno contenido en él, a partir de la campaña de 1949, se ha destinado a incrementar el capital del Banco Agrícola del Perú, y representan, aproximadamente, la suma de 17 millones de soles oro que, unidos a los provenientes de la liquidación al 31 de marzo último, por concepto de diferencias en el precio del trigo, que ascienden a más o menos 16 millones de soles oro, aumentan el capital del Banco Agrícola del Perú en la suma de 33 millones.
En cuanto al Banco Industrial del Perú, dentro del periodo comparado, se tiene que sus préstamos a la industria se han incrementado de 38 millones de soles, a que ascendían el 31 de octubre de 1948 a 43 millones al 30 de junio de 1949,
o sea que aumentan en 5 millones de soles oro, que equivalen al 12.13%. El capital y reservas de esta entidad arroja un mayor volumen de 3 millones de soles entre ambas fechas, que representan el 14.23%.
El Banco Minero del Perú, dentro de las fechas que se comparan, ha desarrollado sus actividades en la forma siguiente. Las colocaciones han guardado aproximadamente su mismo nivel. En cambio, las inversiones se han elevado de 19 millones de soles oro, a que llegaban el 31 de octubre de 1948 a 24 millones el 30 de junio de 1949, o sea, que se ha producido un incremento de 5 millones de soles. Asimismo, el capital pagado a este Banco acusa, entre las fechas comparadas, un aumento de más de dos millones y medio de soles oro.
Las operaciones de crédito hipotecario a largo plazo, que corresponden casi en su totalidad al Banco Central Hipotecario del Perú, muestran, entre el 31 de octubre de 1948 y el 30 de junio de 1949, aproximadamente, sus mismos niveles. En efecto, en ambas fechas, las colocaciones, o sea los préstamos de amortización gradual, han tenido un monto de 148 millones de soles oro. Las cédulas en circulación, que ascendían al finalizar octubre de 1948 a 128 millones de soles, se han reducido a 126 millones en 30 de junio de 1949. En cuanto al capital y reservas de los Bancos Hipotecarios, también entre las fechas comparadas, han mantenido, más o menos, su mismo nivel, pues acusan la cifra de 22 millones de soles oro.
Las operaciones en materia de seguros, a través de las cantidades registradas por la estadística, revelan importante incremento. En efecto, el monto total de capitales asegurados en el periodo de enero a abril del presente año, llega a 3,849 millones de soles oro, cifra que comparada con la producida, por igual concepto, en el mismo periodo del año anterior, y que fue de 2,960 millones, acusa un aumento de 889 millones de soles oro. La distribución de las cifras mencionadas en el periodo señalado de 1949, muestra que 3,678 millones de soles oro corresponden a incendio, marítimos y otros riesgos; 125 millones a accidentes de trabajo; y 46 millones de soles a vida. Mientras que, en igual periodo de 1948, dichas cifras fueron de 2,810 millones los capitales asegurados contra incendio, marítimos y otros riesgos; 117 millones, accidentes de trabajo; y 33 millones, seguros de vida.

Corporaciones
La difícil situación económica de la Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial, provocada en gran parte por no haber cumplido el gobierno anterior con los compromisos adquiridos, ha sido resuelta tonel más amplio apoyo de la Junta Militar que procedió a restablecer su crédito y a obtener el cobro de los saldos pendientes que, por aporte de capital, se le debían del año 1947.
La Corporación Peruana de Vapores dispone actualmente de una flota compuesta de 39 embarcaciones, de las cuales 22 corresponden al servicio marítimo y 17 al fluvial. En ellos se ha transportado más de cinco mil pasajeros, 40 mil cabezas de ganado y 300 mil toneladas de carga, de las que 100 mil corresponden a artículos alimenticios.
La Corporación Peruana del Amazonas, que se encontraba en estado de falencia, ha continuado fomentando la explotación de goma selvática, destinada al abastecimiento de las industrias nacionales, en especial de la fábrica de llantas.
La producción de gomas en el periodo comprendido entre el 1 de noviembre de 1948 al 30 de junio último, ha ascendido a 745’883,600 kilos, lo que ha satisfecho normalmente las necesidades del consumo local.
La Corporación Peruana del Santa está terminando la construcción de la Central Hidroeléctrica del Cañón del Pato, que tendrá una capacidad total de 1’250,000 kilowatios y una unidad adicional de reserva de otros 250,000. El volumen principal de la energía generada por la Central será absorbido en el puerto de Chimbote para el servicio de las industrias pesadas que se establecerán en dicho puerto y en las poblaciones y centros mineros del departamento de Ancash.

Compañía Administradora del Guano
Con el fin de modernizar los procedimientos para la explotación del guano se ha instalado la primera unidad científica de estudios biológicos en el lugar denominado La Puntilla, de la bahía de Paracas, iniciándose los estudios sobre el plancton.
Igualmente, se ha procedido al aislamiento de puntas de tierra en diversos sectores del litoral, para la ampliación de las zonas favorables a la vida de las aves y, como consecuencia, el aumento de la producción del guano.
En los primeros meses del año, se ha dado comienzo a la instalación de la primera planta de molienda y mezclas, con el fin de entregar al agricultor el fertilizante debidamente molido y en fórmulas equilibradas científicamente. Equipos semejantes se instalarán en distintos puntos del litoral.
En el año 1949 se ha puesto a disposición de la agricultura la cantidad de 178,970 toneladas de guano, según prorrateo aprobado por Resolución N° 659 de 22 de junio.
La Junta Militar de Gobierno, con la finalidad de obtener un amplio rendimiento técnico, ha creado, por Decreto Supremo del 29 de marzo último del año en curso, la Comisión Consultiva de Hacienda, organismo que está integrado por destacadas personalidades de nuestros círculos financieros. Asimismo, ha nombrado la Comisión Asesora del Tesoro Público, para la distribución de los fondos, que está igualmente constituida por personas de irreprochable capacidad y solvencia moral.
También ha sido nombrada una Comisión encargada de informar al gobierno sobre las situaciones derivadas de las obligaciones provenientes de la revalidación del régimen de cambios y comercio exterior, que está asimismo constituida por miembros de comprobada solvencia y capacidad moral.
Finalmente, con el propósito de dotar al Ministerio de Hacienda de local propio se han dictado las medidas financieras que permitan realizar tan importante obra pública, cuyos trabajos preliminares han sido ya iniciados.

JUSTICIA Y TRABAJO
El Poder Judicial ha merecido de la Junta Militar de Gobierno las máximas facilidades, para el desenvolvimiento de su excelsa misión y, tengo el agrado de expresar que la cordial colaboración entre los dos Poderes del Estado, ha sido un importante factor para el mantenimiento del indispensable ritmo que impulsa la vida institucional de la República.
En el ramo de Justicia, la acción benéfica de mi gobierno se ha reflejado en importantes medidas que se han adoptado a fin de proporcionar adecuada solución a múltiples problemas.
Se ha expedido un Decreto Ley prohibiendo la iniciación de juicios de aviso de despedida de casa-habitación, excepto en los casos en que el propietario pruebe que el inmueble solicitado es el único de su propiedad y prohibiendo el subarriendo. También se ha dispuesto que ningún inquilino de casa-habitación podrá ser desalojado sino en vía de ejecución de sentencia dictada en juicio en que haya sido citado directamente con la demanda.
De gran importancia para el futuro de la República considero el establecimiento de la pena de muerte para determinados delitos de homicidio y de traición a la patria, de acuerdo con las disposiciones respectivas de la Constitución del Estado.
Con esta medida se ha puesto un freno a la tendencia delictiva que, por desgracia, se había arraigado en un sector equivocado de la ciudadanía.
Para proponer al gobierno las modificaciones de las leyes penales más necesarias en orden a una mayor celeridad y eficiencia de la justicia penal, se ha constituido una Comisión Revisora del Código de Procedimientos Penales. Asimismo, se ha nombrado una Comisión para que dictamine sobre el Proyecto del Código de Procedimientos Civiles, presentado por la Comisión designada en julio de 1941.

Trabajo
La Junta Militar de Gobierno ha inspirado su política en la realización de obras que protejan permanentemente a los trabajadores y cuyos alcances marcan época en la historia de la legislación del trabajo y del progreso social en el Perú.
Sin demagogia y sin vanas promesas, el gobierno ha venido laborando en forma eficaz para que las relaciones entre los trabajadores, empleados u obreros, y sus empleadores se desenvuelvan en un ambiente constructivo y de solidaridad social. Actuando en forma pronta y eficiente, la Junta Militar de Gobierno ha aprobado las siguientes disposiciones legales que comprenden un campo vastísimo:
Se ha aumentado a un 70% las indemnizaciones por accidentes de trabajo consideradas en la Ley N° 1378; se ha establecido el Seguro Social tanto para el empleado público como para el privado, cubriendo los riesgos de enfermedad, maternidad, invalidez, vejez y muerte; y se ha dispuesto el pago del salario de estímulo denominado “dominical”, estableciendo que todo trabajador que cumple un periodo de 48 horas semanales tiene derecho a un día de descanso pagado.
Se ha legislado la protección inmediata y el estudio integral del problema del yanaconaje (aparcería), habiéndose cortado los juicios de desahucio. Se ha constituido una comisión encargada de elaborar el proyecto de la ley sobre el yanaconaje.
Se ha exonerado de impuestos sucesorios a las indemnizaciones de los empleados y a los capitales asegurados que se contratan, de conformidad con la Ley N° 4916, comprendiéndose en este beneficio los auxilios pecuniarios que, por causa de muerte, entregan las sociedades mutualistas y organizaciones similares.
Se ha reducido a 35 años el periodo requerido para la jubilación de los empleados particulares que fija la Ley N° 10624; se ha asegurado el abono preferencial de este derecho y se ha dejado en libertad a los empleados jubilados para poder trabajar en giro distinto al del centro de trabajo en el que hubieran cesado.
Adoptándose medidas de protección a los trabajadores peruanos atacados de silicosis en las minas de Bolivia, se ha ordenado el pago inmediato de las indemnizaciones que corresponden a dichos trabajadores, constituyéndose también una Comisión que conocerá y resolverá las reclamaciones formuladas a la Casa Hochschild, por los obreros peruanos que trabajaron en las minas vinculadas con esa empresa fuera del territorio nacional en condiciones distintas al caso anterior.
Con el fin de propender a la mejor atención de las reclamaciones y cautelar los derechos de los trabajadores, se ha ampliado la jurisdicción del Juzgado Privativo e Inspección Regional de Trabajo de La Oroya a la provincia de Huarochirí del departamento de Lima.
Se ha dado solución a importantes reclamaciones, aumentando los salarios de la numerosa población obrera que trabaja al servicio de la Cerro de Pasco Copper Corporation y sus diversos establecimientos mineros.
Se ha hecho extensiva la aplicación de este Decreto que aumenta los haberes de los empleados particulares a los capitanes y oficiales de la Marina Mercante.
Finalmente, el gobierno ha creado el Ministerio de Trabajo y Asuntos Indígenas, dando así a los trabajadores el instrumento de realizaciones concretas en su beneficio, lo que no sólo demuestra el propósito de que la política social que ha emprendido tenga plena eficacia sino también que se haga efectiva y auténtica protección a la actividad laboral.
Considerando que la remuneración correspondiente a las vacaciones les pertenece a los trabajadores desde el momento que se encuentra expedito su derecho al goce de este beneficio, se ha dispuesto que los empleados y obreros de las entidades particulares reciban la remuneración vacacional respectiva antes de iniciar su periodo de vacaciones.
Con el fin de garantizar la estabilidad en el cargo de los servidores de las entidades particulares, se ha contemplado en la Ley del Servicio Militar que todo conscripto, licenciado por el Ejército, Marina o Aeronáutica, tendrá derecho a ocupar el empleo que dejó para acudir al llamamiento, reconociéndosele la antigüedad que tuvo al ser llamado a filas, y gozará del salario que disfrutó en la expresada oportunidad, a menos que el salario correspondiente al puesto haya experimentado alza, en cuyo caso gozará del salario mejorado.
Con el objeto de adoptar las mejores disposiciones en un futuro próximo, la Junta Militar de Gobierno ha obtenido que la Organización Internacional del Trabajo destaque a uno de sus expertos a fin de que colabore con las autoridades de Trabajo en la preparación de los diversos proyectos vinculados a la creación del Ministerio de Trabajo y Asuntos Indígenas, que se instalará en el mes de octubre próximo y que representa la culminación de los anhelos de justicia social que está realizando y que llevará a cabo la Junta Militar de Gobierno.
El plan de acción del gobierno contempla:
a) Establecimiento de un régimen de salario mínimo con adecuación periódica; b) Reglamentación de la ley de los sindicatos que reúna los derechos, beneficios y obligaciones de éstos; c) Creación de un sistema procesal simplificado para las reclamaciones individuales y colectivas de los trabajadores; y d) Expedición del Código de Trabajo.

Régimen carcelario
Ha sido principal preocupación de la Junta Militar de Gobierno afrontar los problemas relativos a la previsión del delito y a su represión. En este sentido constituye un importante paso la creación de las Colonias Agrícolas Penales.
Como es sabido, el Código Penal de 1924, en actual vigencia, propugnó la creación de esa clase de establecimientos. Sin embargo, no obstante el largo lapso de veinticinco años, nada se hizo al respecto y, es así que, salvando esa omisión, la Junta Militar de Gobierno expidió el Decreto Ley 10931.
La implantación de las colonias persigue objetivos tan varios como importantes. En primer lugar, su necesidad es manifiesta, dada la procedencia rural de gran parte de nuestra población carcelaria. De otro lado, permitirá la descongestión de nuestras cárceles, lugares inadecuados donde se hacinan los reclusos, sin sujeción a régimen de readaptación alguna. Además, por falta de los medios necesarios, el recluso permanece inactivo, con lo que, al mismo tiempo que significa una carga para el Estado, por ser elemento improductivo, se prescinde de los benéficos resultados del trabajo obligatorio, factor indispensable para el eficaz tratamiento del penado.
Con la creación, pues, de las Colonias Agrícolas Penales se evitarán las deficiencias que se mencionan y se asegurará un régimen penal adecuado.
De acuerdo con el citado Decreto Ley, son tres las colonias que deben implantarse; pero se entiende, y así la prudencia lo aconseja, que la organización de esos establecimientos se hará en forma progresiva, a fin de aprovechar, para los demás, las experiencias que se obtengan con la instalación de la primera.
En el curso del presente mes, una Comisión se trasladó a la región de la selva, con el objeto de determinar el lugar donde la primera colonia debe ser ubicada.
Después de una prolija labor de exploración, los funcionarios comisionados propusieron al gobierno que el establecimiento se fijara en la zona del río Sepa, en el mismo lugar donde funcionó anteriormente una colonia de inmigrantes. Se ha elegido ese sector, teniendo en cuenta las condiciones de productividad, vías de comunicación y, señaladamente, de salubridad.
Íntimamente ligada a la represión del delito se halla la necesidad de adoptar medidas de seguridad respecto a los individuos que se encuentran en el estado de peligrosidad denominado “no delictivo”. La vagancia es uno de dichos estados, con frecuencia precursor de próximas actividades cuya sanción prevé la ley penal. Es por eso que, por Decreto Ley 11004, se ha dispuesto que los vagos ingresen también a las Colonias Penales Agrícolas, ocupando, desde luego, secciones distintas a las de los penados.
Durante la gestión de la Junta militar de Gobierno, se ha llevado a cabo y se ejecutan actualmente varias obras de construcción y reparación de establecimientos penales. Así, la cárcel provincial de Huanta se encuentra prácticamente concluida y entrará en funciones tan luego se instalen las redes exteriores de agua y desagüe, para cuyas obras ya se ha remitido la tubería de hierro necesario.
Los presupuestos para las instalaciones exteriores de luz, agua y desagüe de la Cárcel Provincial de La Oroya están por aprobarse, terminándose así las obras de ese local.
Se han efectuado, asimismo, obras de reparación en la Penitenciaría Central Departamental de Varones de Lima y Hogares de Menores de Lima, Cuzco y Trujillo, así como en las cárceles de Hualgayoc, Huaraz, Cuzco y Huancayo y continúan reparándose los establecimientos carcelarios de Llata, Panao, Huacrachuco, Huancabamba, Lircay, Antabamba, Anta, Acomayo, Macusani y Contumazá.

Establecimientos de tutela
Se ha inaugurado un moderno pabellón de enfermería en el Instituto Hermelinda Carrera, el que ha sido dotado con mobiliario y equipo correspondiente.
Se hallan en plena ejecución las obras del primer pabellón del Instituto Alfonso Ugarte de Arequipa.
En el terreno del fundo “Zaguán del Cielo”, expropiado por el gobierno para la construcción del Instituto de Menores del Cuzco, cuya urgente necesidad pudo comprobar el señor Ministro del ramo, con ocasión de su reciente visita a la capital del mencionado departamento. Se iniciarán en breve los trabajos respectivos.
Es propósito también del gobierno incorporar al Hogar del Niño en Trujillo, como dependencia del Ministerio de Justicia, si lo permite el ejercicio presupuestal del próximo año. Por lo pronto se le ha acordado para la mejor alimentación de los menores un subsidio mensual de S/. 1,666.66. Igualmente, el gobierno ha concedido un subsidio mensual de S/. 696 al Asilo de Ancianos Desamparados de Cajamarca.
En homenaje a la celebración del Segundo Congreso Indigenista Interamericano, realizado en la ciudad del Cuzco, la Junta Militar de Gobierno expidió el Decreto Ley 11040, que dispuso el indulto de 300 reclusos indígenas que hubieran cumplido el tercio de la condena y observado buena conducta.

Segundo Congreso Indigenista Interamericano
El problema indígena, uno de los más importantes que confronta el continente americano, demanda, en forma imperiosa, la especial atención de los gobiernos y mientras no sea debidamente solucionado no podrá obtenerse un progreso efectivo en los países cuya población está formada en parte por las razas autóctonas del Nuevo Mundo.
Son múltiples y complejos los aspectos de esta trascendental cuestión, ya que el indio americano difiere de las otras razas y castas con las cuales convive. Precisa, en consecuencia, ser objeto de una radical transformación para hacerlo ingresar en las corrientes de la vida moderna.
Constituye un anhelo continental encontrar la solución colectiva a un asunto que, por ser común a muchos Estados del continente, desborda las fronteras nacionales; es por esto que los gobiernos de América acordaron la realización del Primer Congreso Indigenista, llevado a cabo en Patzcuaro.
Pero un solo certamen no podía ser nunca suficiente para obtener cumplido éxito en esta delicada tarea. Su trascendental importancia demandaba, demanda todavía y continuará demandando en el futuro, dedicación continua y esfuerzos renovados; por eso, con sumo acierto, fue resuelto en la Convención de México de 1940, que estos congresos tuvieran lugar periódicamente y el gobierno peruano, aquilatando debidamente su importancia, la aprobó el 6 de febrero de 1943.
Lo numeroso de la población indígena peruana, la circunstancia de estar colocado nuestro país en el centro de la zona geográfica ocupada por las razas autóctonas, su prestancia como sede de uno de los más grandes imperios precolombinos y la gentileza de los Estados participantes en el Congreso de Patzcuaro, inspiraron, sin duda alguna, la Resolución N° 66, que trasmite el deseo unánime de los delegados concurrentes a dicho certamen de que la Segunda Asamblea se efectuara en la ciudad del Cuzco.
No pudo ser más oportuno y feliz el mencionado acuerdo. Muy pocas ciudades de nuestro Hemisferio tienen mayores méritos e importancia más significativa, en lo que el problema indígena se refiere, que la capital arqueológica de América. En ella, pese al transcurso de los siglos y a la obra demoledora de los hombres, vive aún, con vida intensa y eficaz, el glorioso pasado incaico; y diríase que junto a los restos de monumentos que son todavía admiración de los hombres, vibran, palpitan y adquieren grandiosas resonancias las almas de quienes, en un distante y legendario pretérito, fueron capaces de forjar un imperio, cuya estructura material y espiritual puede servir de paradigma y ser tomado como modelo, en muchos de sus aspectos, por los más poderosos y adelantados pueblos contemporáneos.
El prestigio de nuestra patria exigía el cumplimiento del compromiso contraído para preparar y llevar a cabo el II Congreso Indigenista Interamericano del Cuzco. Se trataba, además, de una cuestión de interés sustantivo para la mayoría de las naciones de este continente y de manera especial para la nuestra. Tales imperativos demandaban la realización de este certamen cuyas numerosas postergaciones, motivadas por el agitado clima político que caracterizó al régimen anterior, perjudicaban el prestigio del Perú en América.  
La tranquilidad pública que impera ahora en el país permitió que mi gobierno expidiera el Decreto Supremo de 11 de noviembre del año próximo pasado, señalando el lapso comprendido entre el 24 de junio último y el 4 del mes en curso como fecha definitiva para la realización del Congreso.
El vivo interés despertado en toda América por la Asamblea Continental Indigenista quedó ampliamente demostrado por la presencia en ella de dieciséis países, que acreditaron un total de ochenta delegados. Dichas naciones son las siguientes: Argentina, Bolivia, Brasil, Canadá, Cuba, Chile, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos de Norteamérica, Haití, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Venezuela y Perú. Se hicieron representar además varios organismos internacionales, como son: el Instituto Indigenista Interamericano, la Organización de Estados Americanos, la Oficina Internacional de Trabajo y la Organización de las Naciones Unidas. La sola enunciación de los Estados y organismos que anteceden, está revelando elocuentemente que casi toda América se dio cita en la ciudad de tradición y de leyenda para estudiar acuciosamente el problema indígena y buscar sus mejores soluciones.
Suman 67 las declaraciones, acuerdos, resoluciones y recomendaciones adoptadas. Ellas se refieren a todos los aspectos, en vía de solución e insolutos todavía, del problema indígena. Su cumplimiento significará un paso decisivo a favor de las razas autóctonas y constituirá una elocuente rectificación a las dudas de los escépticos y a las negaciones de los pesimistas sobre la eficacia de los certámenes internacionales. En lo que a mi gobierno se refiere, existe el propósito ─como me fue grato manifestarlo en el discurso que pronuncié en la Asamblea de clausura─ de cumplir todas las decisiones tomadas, transformándolas en realidad tangible y en carne de nuestra nacionalidad, mediante la adopción de todas las medidas que ellas demanden y sean aplicables a nuestra realidad. Estoy seguro que los gobiernos de los otros países concurrentes participan de iguales sentimientos y propósitos y que se esforzarán, en forma análoga, en dar vida eficaz a las 67 conclusiones a que he hecho mención. No es posible enunciarlas ni hacer su exégesis en un mensaje presidencial. Tal tarea será cumplida en los anales del Congreso, cuya preparación se ha iniciado y que serán publicados a la brevedad posible.
Antes de poner punto final a la exposición referente al II Congreso Indigenista Interamericano, cumplo con el deber de señalar el dinamismo, entusiasmo y eficiencia demostrados por la pléyade de hombres que, encabezados por el señor Ministro de Estado en el despacho de Justicia y Trabajo, general don Armando Artola, supieron identificarse con mis propios sentimientos y propósitos y con los anhelos de nuestra nacionalidad, para que el certamen constituyera, como en efecto ha constituido, un legítimo timbre de orgullo para la patria.

Asuntos Indígenas
La labor desarrollada por la Dirección General de Asuntos Indígenas se ha intensificado ostensiblemente, habiéndose expedido 5,063 decretos y reconocido la existencia legal y otorgado personería jurídica a 15 comunidades indígenas, lo que eleva el número de las ya reconocidas a la cifra de 1,325.
Es digna de mencionarse la elaboración del mapa-clave de ubicación de las comunidades ya reconocidas, por el Departamento Técnico de la Dirección; el de productos agrícolas, ganaderos e industriales de las mismas y el mapa peruano de distribución de la población indígena y de sus terrenos comunales.

Caja Nacional de Seguro Social
La Caja Nacional del Seguro Social ha continuado activamente los trabajos de construcción del Hospital de Piura, que quedará concluido en el mes de diciembre del año en curso, pudiendo ponerse en servicio este nosocomio en el primer semestre de 1950.
Se ha proyectado la construcción de un policlínico en Sullana y en la provincia de Paita se está estudiando el remodelamiento del Hospital de la Beneficencia, adaptándolo a las necesidades de dicha institución y del Seguro Social Obrero.
Están concluyéndose las obras de construcción del segundo piso del pabellón principal del Hospital de Chiclayo y se han terminado en dicho nosocomio las casas para el médico director y para el administrador.
Están listos los proyectos para construir una posta rural en Motupe, con siete camas de hospitalización, y otra, con mayor capacidad, en la Hacienda Batán Grande.
La Caja proyecta comprar los terrenos ubicados frente al Hospital de Chiclayo, con un área de 8,700 metros cuadrados, para construir casas y departamentos para empleados y obreros. El Departamento de Ingeniería está tomando los datos necesarios para proceder a la expropiación de esos terrenos.
En la provincia de Pacasmayo se ha concluido la construcción de una posta rural en la Hacienda San José y el arreglo de locales alquilados en Chepen y San Pedro para que sirvan de consultorio.
Está pendiente de decisión por los organismos técnicos de la Caja la construcción del Hospital Provincial en Chepén o en el puerto de Pacasmayo.
En el mes de junio ha sido terminado el Hospital de Trujillo, que podrá entrar en servicio tan pronto como llegué la planta eléctrica que está pedida y que necesita el Hospital.
Están en preparación los proyectos para construir, en los terrenos ubicados a la espalda del Hospital Obrero de Lima, diversas obras tendientes a mejorar el servicio del Hospital mediante la construcción de almacenes, laboratorio de farmacia, consultorio independiente de tuberculosis, talleres, residencias para enfermeras y empleados y escuelas de enfermeras.
A fines del año en curso se reanudarán las obras de terminación de los hospitales de La Oroya y Huariaca, que están paralizados desde hace varios años.
Se ha hecho ya la relación e los materiales que se necesitan por valor de US $ 210,000; y la Cerro de Pasco Copper Corporation ha ofrecido su concurso para efectuar la compra de los materiales, adelantando las sumas necesarias que le serán reintegradas por mensualidades de US $ 25,000.
En el Hospital de Chincha se ha construido un pozo para captación de agua, un sistema subterráneo de almacenamiento y un tanque elevado. Las mismas obras se iniciarán en breve en el Hospital de Ica. En este mismo Hospital se han terminado en el mes de julio las obras de construcción del segundo piso del pabellón principal con un área de 700 metros cuadrados.
En la ciudad de Nazca se proyecta la construcción de un hospital en el terreno que para ese objeto ha sido ofrecido en donación a la Caja.

FOMENTO
El gobierno se propone seguir una política tendiente a ejercer efectiva y plena soberanía sobre todo el territorio patrio, y encaminada al aprovechamiento de sus riquezas, para impulsar el desarrollo y progreso nacional. Para ello necesitamos del concurso de todos los peruanos, a fin de arrancar a nuestro suelo sus riquezas e incrementar la producción, y buscar nuevas fuentes aún inexplotadas para estimular la agricultura, la industria y el comercio, como factores principales para el progreso y bienestar del pueblo. La iniciación de una nueva era agraria que termine con los privilegios, propugne el aumento de los pequeños propietarios de tierras y ofrezca facilidades de crédito a los auténticos trabajadores del campo; esa es la mejor forma de resolver nuestros problemas económico, alimenticio y social.

Plan Nacional de Irrigación
La Junta Militar de Gobierno aprobará, en breve, el Plan Nacional de Irrigación, destinado al aprovechamiento en vasta escala de los terrenos que hoy son improductivos y que pronto llegarán a ser fuentes de riqueza y producción para nuestra agricultura, factor decisivo en nuestra Balanza de Pago, ya que ella provee las divisas indispensables al comercio y a la industria, y contribuye de modo esencial al alimento del pueblo.
Los departamentos técnicos con que cuenta el Estado han llevado a cabo estudios en el territorio nacional de todos los problemas relacionados con tierras eriazas y con su riego, considerando también el carácter eminentemente reproductivo de las inversiones del fisco para establecer la financiación más conveniente.
Este plan de vastos alcances y de importancia trascendental comprende:
La irrigación de la margen derecha del Tumbes, con 12,000 hectáreas; y con un costo aproximado de 30 millones de soles.
La derivación del río Quiroz al Piura, con beneficio de 51,000 hectáreas; obra calculada en 50 millones de soles.
La irrigación de la margen izquierda del río Chira, con riego de 60,000 hectáreas, avaluada en 130 millones de soles.
La derivación del río Chotano al Chancay, con un costo de 10 millones de soles y la represa de Tinajones, con beneficio de 70,000 hectáreas.
La irrigación de Celendín y de Jesús y Chuco, en Cajamarca, con beneficio de 5,000 hectáreas; que costará dos millones y medio de soles aproximadamente.
Irrigación de las pampas de Chao, Virú, Moche y Chicama con 100,000 hectáreas, aprovechando los sobrantes del río Santa, calculada en 150 millones de soles.
Derivación de la laguna Marcapomacocha al Rímac, e irrigación de 5,000 hectáreas, al costo calculado de 30 millones de soles.
Irrigación de las pampas de Chilca con sobrantes del Mala para 5,000 hectáreas, calculada en 10 millones.
Irrigación de las pampas entre Cañete y Chincha, con 10,000 hectáreas, aprovechando sobrantes del río Cañete, calculada en 30 millones de soles.
Terminación de las obras de irrigación de la margen izquierda del Mantaro y ejecución de las obras de irrigación de la margen derecha, con beneficio de 16,000 hectáreas, con un costo de 10 millones de soles.
Irrigación de las pampas de Majes, Siguas y La Joya, para 70,000 hectáreas, obra calculada en 350 millones de soles.
Derivación de la laguna Choclococha al río Ica, con beneficio de 23,000 hectáreas; valor de las obras: 25 millones de soles.
Irrigación de Huanta, con beneficio de 5,000 hectáreas; costo del proyecto, 10 millones de soles.
Algunas de las obras contempladas en este vasto Plan Nacional de Irrigación se encuentran en la actualidad en plena ejecución, habiéndose activado los trabajos para darles término lo antes posible. Al respecto es satisfactorio presentar, desde hoy, la relación de los esfuerzos que viene haciendo la Junta Militar de Gobierno, con la mirada fija en el porvenir de la patria.

Aguas e Irrigación
El Presupuesto del año 1948 consignaba la cantidad de 7 millones trescientos cincuenta mil soles para todas las obras de irrigación en la República. La sola derivación del río Quiroz, a la que el régimen anterior asignó apenas millón y medio de soles, requería una suma mucho mayor. La Junta Militar ha dedicado exclusivamente para esta obra una renta anual de 10 millones de soles.
Se activan los trabajos de derivación de las lagunas de Choclococha al río Ica, que asegurará el riego de veintitrés mil hectáreas de ese valle, aumentando su producción en más del 30%. En los últimos tres años los trabajos avanzaron muy lentamente, habiéndose invertido en total la cantidad de S/. 5’200,000. En la actualidad, la Junta Militar de Gobierno ha destinado únicamente para el ejercicio presupuestal de 1949, la suma de S/. 4’370,520. Este impulso permitirá que en el año en curso queden terminados los veinte primeros kilómetros del canal de derivación, de los cuales, diez quedarán completamente revestidos de concreto. En dos años más la obra quedará concluida y el valle de Ica habrá resuelto el actual problema de la escasez de agua, ya que podrá contar con un aumento apreciable de 100 millones de metros cúbicos por año.
Se ha autorizado la iniciación de los trabajos preliminares y trazos para la derivación de las aguas de los ríos Sendamal y Sorochuco, en la provincia de Celendín, a fin de habilitar mil doscientas hectáreas, con una inversión aproximada de dos millones y medio de soles.
En la margen izquierda del Mantaro, entre Jauja y Huancayo, se pondrán en riego este año cinco mil hectáreas. Se invertirá, de las partidas correspondientes del Presupuesto de 1949, aproximadamente dos millones de soles para la ejecución de estos trabajos.
El gobierno tiene la firme intención de resolver las principales necesidades del departamento de Tacna. Es por ello que, al mismo tiempo que ha ordenado la ejecución de numerosas obras públicas, se ha incluido dentro del Plan Nacional de Irrigación la rehabilitación del Canal Azucarero hasta el río Uchusuma, a fin de aumentar las aguas del Caplina en más de mil quinientos litros por segundo, y regar con ellos alrededor de dos mil hectáreas, actualmente estériles. El proyecto, asimismo, contempla el aprovechamiento de las aguas del río Maure y de otras provenientes de cuencas vecinas, con posibilidad de regar otras diez mil hectáreas más. El costo de estas obras asciende a seis millones ochocientos treinta mil doscientos cuarenta soles.
Mi gobierno ha dictado las medidas conducentes a asegurar la financiación de la derivación del río Chotano al Chancay, destinada al riego el valle de este nombre y el de La Leche en el departamento de Lambayeque. Este proyecto exige la perforación de un túnel de 4,700 metros entre el río Chotano y la quebrada Montan, con toma y vertedero de concreto. Estas obras garantizan el riego para las plantaciones de pan llevar, aumentan en un 25% el caudal utilizable del río Chancay y tienen un costo aproximado de 10 millones de soles.
A pesar de las dificultades técnicas y del elevado costo, que pasa de los 300 millones de soles, el gobierno no ha vacilado en dar ya los primeros pasos para iniciar de inmediato los estudios de las obras de irrigación de las pampas de Majes, utilizando las aguas del río de este nombre a fin de poner bajo riego 70,000 hectáreas que se dedicarán a sembríos de trigo, pan llevar y pastos. La obra es de gran importancia para la agricultura del departamento de Arequipa y para la economía nacional, ya que la producción triguera que se espera lograr con esta irrigación permitirá economizar la gran cantidad de divisas que hoy se emplean en la importación de ingentes compras de trigo para la alimentación.
En esta forma, el gobierno se hace eco de los anhelos y justas aspiraciones de todos los agricultores arequipeños, quienes consideran que el progreso de Arequipa y de todo ese departamento está ligado a la realización de esta magna empresa. Para llevarla a cabo, es preciso traer las aguas del río Majes casi desde sus nacientes, por un canal de largo recorrido que debe pasar por cerca de sesenta túneles y no pocos acueductos, según los estudios y datos que obran en poder de la Dirección de Aguas e Irrigación.
Para dar comienzo a la obra se ha designado ya una Comisión de ingenieros que está haciendo el estudio definitivo.
Se drena en la actualidad las lagunas de la Cordillera Blanca, realizándose todo esfuerzo para que no se repitan en el futuro las catástrofes que tan grave daño ocasionaron en el Callejón de Huaylas.
El gobierno ha procedido a ordenar el revestimiento de los canales laterales con lo que se mejorará enormemente la irrigación de la Esperanza en el valle de Huaral. Estas obras se terminarán en el curso del presente año.
Con el propósito de impulsar la economía de la región de Mollendo, el gobierno ha enviado una Comisión de Ingenieros para proceder al replanteo sobre el terreno del proyecto de lotización de dos mil hectáreas de las pampas de Mejía y Ensenada, listas para el cultivo y que serán entregadas en breve a pequeños agricultores limitando el número de hectáreas por individuo. Estas obras de irrigación estaban terminadas desde hace tiempo sin haber podido hasta hoy ser utilizadas para la agricultura debido a la morosidad en los juicios de expropiación.
En la frontera norte se lleva a cabo obras de ensanche y rectificación del cauce del río Zarumilla, para proteger la carretera Panamericana en la zona de Aguas Verdes, Huaquillas, así como el canal internacional recientemente construido. Se ha votado trescientos ocho mil cuatrocientos ochenta y cuatro soles para la continuación y conclusión de las obras.
Se ha dispuesto la continuación de los trabajos destinados a la irrigación de cincuenta hectáreas en Cochabamba, debiendo servir el canal construido para dotar de agua potable a esa población.

Ferrocarriles
Después de largos años de una casi completa paralización de toda obra ferroviaria en la Republica, la Junta Militar de Gobierno ha iniciado una política definida y orientada a la solución de este problema nacional de vital importancia, teniendo en cuenta las ventajas que ofrece este sistema de transporte para el desarrollo económico de los pueblos y regiones del país.
Se ha destinado la suma de doce millones de soles para la terminación del ferrocarril Matarani-La Joya. En este año se ha enrielado los treinta primeros kilómetros y los treinta y dos restantes deberán estarlo en el curso de los últimos meses, para lo cual próximamente llegarán los rieles de los Estados Unidos. Mientras tanto se prosiguen los trabajos de los terraplenes, que están próximos a llegar a Matarani.
Con el propósito de incorporar a la vida activa del país vastas extensiones selváticas, la Junta Militar de Gobierno ha ordenado la construcción del ferrocarril de Tambo del Sol a Pucallpa y ha dispuesto, de inmediato, el inicio de los estudios correspondientes, creando también los fondos suficientes para financiar esta magna obra, habiéndosele asignado por ley una renta anual de 27 millones de soles. Queda asegurada así la realización de uno de los más grandes proyectos nacionales, que permitirá el surgimiento de nuevos pueblos y colectividades, y la implantación de industrias, cuyas materias primas existen en abundancia en esas regiones que se transformarán, por lo tanto, en emporios de riqueza. Este ferrocarril nos permitirá ejercer principalmente una efectiva soberanía sobre tan ricos territorios e impulsar la explotación de nuestros recursos petrolíferos en aquellas zonas. La política adoptada por la Junta Militar de Gobierno permitirá en un futuro próximo convertir a Iquitos en un gran puerto, que dará salida al petróleo de nuestro Oriente por el Amazonas. La longitud de esta vía férrea será aproximadamente de quinientos cincuenta kilómetros y terminará en el puerto fluvial de Pucallpa, en el Ucayali.
Comprendiendo la influencia que sobre la economía del departamento del Cuzco, en particular y, en general, en la zona sur del Perú, ejerce el ferrocarril a Santa Ana, se ha dispuesto su inmediata prolongación desde su actual terminal, en el kilómetro 110, hasta Huadquiña, en el kilómetro 130 y se proyecta su continuación hasta Santa María y Quillabamba, en el curso del año que viene.
En forma general se están organizando los ferrocarriles del Estado en actual explotación, contemplándose la necesidad de cambiar el material rodante y los equipos necesarios para el arreglo de las vías férreas.

Vialidad
La importante red caminera con que cuenta el país y el intenso tráfico de vehículos motorizados que la recorren, han obligado al gobierno a adoptar medidas apropiadas para la conservación de las mismas y para atender al justo reclamo de numerosas circunscripciones del país que esperan, con la apertura del camino, el comienzo de su bienestar y progreso. Larga sería la enumeración de las obras realizadas en este sentido por la Junta Militar de Gobierno que presta atención preferente al desarrollo de su plan que, en líneas generales, comprende el mejoramiento del sistema actual de carreteras, la construcción de nuevos caminos, el mantenimiento en buenas condiciones de los existentes y la recuperación de los que se encuentran en malas condiciones por el abandono en que se les ha mantenido.
Ha sido principal preocupación de la Junta Militar de Gobierno el mejorar las condiciones de tránsito de la carretera Panamericana en toda su extensión. En el sector sur, se ha llevado a cabo obras de construcción y mejoramiento habiéndose dejado en condiciones inmejorables un tramo de 52 kilómetros, con características técnicas que están de acuerdo con los últimos adelantos y con los convenios internacionales sobre la materia.
Los trabajos prosiguen tan activamente que espero se podrá entregar al tráfico, a fines del presente año, otro tramo mejorado de 140 kilómetros más, que unirá el rico valle de Cañete con la capital.
Asimismo, más al sur, entre Pisco e Ica, los trabajos se están realizando en forma tan activa que pronto podrá entregarse al tráfico, a fines de diciembre próximo, este otro importante tramo de la  carretera Panamericana. En el sector norte de Lima, se atiende a la reposición del pavimento que había sido destruido en grandes extensiones por el intenso tráfico, dejando una faja pavimentada y ensanchada a 6.60 m. Más al norte, se asfaltará el tramo comprendido entre Lambayeque y Jayanca, este año, dándose así iguales características al de los tramos del sur. Espero que este trabajo quede terminado y entregado al tránsito para diciembre próximo. Sólo para esta obra se ha votado por decreto ley una suma de dos millones de soles que se ha puesto a disposición del Ministerio de Fomento.
Los trabajos del nuevo puente sobre el río Piura se llevan a cabo activamente, debiendo entregarse al tránsito en el presente año.
Teniendo en consideración la importancia que para Lima tiene la carretera Central, puesto que la une a la zona que podemos considerar como su despensa natural, la Junta Militar de Gobierno, empeñada en solucionar el problema alimenticio, se ha preocupado de conseguir su total e inmediato mejoramiento. Con este fin se han comenzado los trabajos con arreglo a un plan, consistente en el reasfaltado entre Lima y La Oroya, el ensanche de ciertos tramos y el arreglo de algunas curvas peligrosas.
La carretera entre La Oroya y Tarma es objeto de especial atención por ser la vía de comunicación selvática más cercana a la capital. Los trabajos se ejecutan activamente y antes de fin de año este camino totalmente asfaltado quedará entregado al tráfico, debiendo continuar hasta Palca en las mismas condiciones.
Se ha expedido un decreto ley que proporciona fondos especiales para la reconstrucción del camino de Palca a Chanchamayo. Con ellos se ha dado comienzo a los trabajos preliminares de ensanche de la carretera y la construcción de una variante entre Carpapata y San Ramón. El rico valle de Chanchamayo quedará conectado a la capital por una vía moderna y permitirá que su producción sea rápida y económicamente transportada.
En todas estas obras se invertirá en este año la suma de cinco millones de soles que demanda la reconstrucción, mejoramiento y asfaltado de la carretera Lima, La Oroya, Tarma, Chanchamayo y Oxapampa, punto por el que deberá pasar también el ferrocarril a Pucallpa.
Intensos trabajos se realizan para luchar contra las dificultades de la región en la carretera Huanuco-Pucallpa, que próximamente podrá cruzarse en su integridad, al quedar terminado el extenso puente de San Alejandro sobre el Aguaytía.
En este año quedará concluido el camino Cuzco-Paruro, que drena una de las más ricas zonas trigueras del país. Con la construcción de dos puentes se terminará, asimismo, la carretera Cuzco-Inambari, zona de ricos yacimientos auríferos y vatas riqueza maderera y agrícola. Se ha rehabilitado la carretera a las célebres ruinas de Machu Picchu, de tanto interés para el turismo.
Un batallón de trabajadores militares construye en la actualidad la vía de penetración Olmos-Marañón y no sólo están realizando tareas de conservación sino también la construcción del ramal que va a Chachapoyas.
Atendiendo al pedido de diversas colectividades que han solicitado la colaboración técnica del Estado, así como herramientas y equipo para construir caminos, se ha creado una sección que las atienda y que aprovechará las iniciativas de esta índole.

Minas y Petróleo
Preocupa a la Junta Militar de Gobierno la situación en que actualmente se encuentran la industria minera y la del petróleo que tienen tanta importancia para la economía del país, ya que ellas proporcionan trabajo a numerosos empleados y obreros y son fuente importante de divisas.
La minería atraviesa en la actualidad por una grave crisis, que puede agudizarse debido a la baja cotización de los metales en el mercado mundial. Esto puede dar lugar a la paralización de muchas minas que hoy se encuentran en plena explotación, particularmente aquellas de baja ley que no podrían soportar la baja de precios actuales. La pequeña minería es la que se siente más afectada por esta situación. El gobierno contempla y estudia seriamente la forma de solucionar este grave problema que, además de restarle divisas, puede ocasionar la desocupación de gran número de trabajadores, como ya ha ocurrido en algunos centros mineros de otros países del continente.
En este ramo de la industria, el gobierno ha contemplado como cuestión primordial la salud de los trabajadores que actúan en lugares de climas inclementes y en condiciones especiales y rudas en la extracción de los minerales. Con este fin ha dictado y mantiene vigentes las disposiciones que tiendan a dar la mayor seguridad para la vida del personal que trabaja en las minas a fin de evitar dolorosas catástrofes, como la ocurrida últimamente en Casapalca, que pueden y deben impedirse.
El Banco Minero ha continuado desarrollando una amplia labor de fomento de la minería, mediante el funcionamiento de plantas de explotación, con capacidad de cien mil toneladas anuales de tratamiento y cuyos productos de exportación incrementarán el mercado de divisas, con cerca de un millón doscientos mil dólares en el presente año. Se ha modificado la Ley Orgánica del Banco para que pueda atender con mayor amplitud a la pequeña minería, otorgando créditos al mayor número posible de empresas nacionales dedicadas a estas actividades.
Con respecto a la industria carbonera, La Junta Militar ha invertido diez millones de soles en la instalación de nuevas plantas, como la de Chimbote, que puede lavar tres mil toneladas diarias de antracita.
El Perú cuenta con grandes yacimientos de petróleo en su costa y principalmente en la región del oriente, que en su mayor parte están aún inexplotados y que constituirán en un futuro cercano uno de los más importantes factores para el engrandecimiento nacional. Pero es preciso que estas riquezas que tenemos en el subsuelo no permanezcan como hasta hoy improductivas y que sean explotadas cuanto antes para dar al Estado ingentes recursos y fuentes de trabajo en el país. El Perú no se encuentra en condiciones de realizar por sí solo la explotación en gran escala de estos ricos yacimientos tal como lo reclaman las necesidades del país y la demanda creciente de petróleo y sus derivados en el mercado mundial. No tenemos hoy ni la capacidad económica suficiente, ni contamos con el personal técnico en número y calidad que son precisos para la implantación de esta industria. Necesitamos, pues, el aporte del capital y de la técnica extranjeros para llevar a cabo la explotación en gran escala de los ricos yacimientos que se encuentran en el desierto de Sechura y en la región de nuestro oriente, que hoy se hallan inexplotados.
Para el desarrollo económico industrial de la República, para fortalecer sus finanzas y contar con recursos con qué emprender obras que signifiquen o aporten verdadero progreso, no debemos dilatar más la explotación de nuestra riqueza petrolera, en espera de que nosotros podamos hacerlo. Ello está muy lejos de la realidad y debemos contratar con empresas extranjeras, cautelando los intereses de la nación para ir, francamente, cuanto antes posible, a que en el país se exploten nuevas fuentes de producción de petróleo. Los yacimientos de Talara y Zorritos, que hace tiempo han estado en intensa producción, se encuentran ya próximos a su agotamiento. El Perú podrá verse dentro de pocos años ─quizá menos de diez─ en la necesidad de tener que importar el petróleo y sus productos derivados, si no se recurre a nuevas fuentes de explotación.
Política sana de bien nacional, de patriotismo, bien entendido, es definir ya la política del Estado para la explotación de esta riqueza asociándose a capitales extranjeros; no debemos tampoco descuidar la preparación de nuestro personal ni conformarnos con nuestra real o aparente incapacidad actual, para que en un futuro no lejano, capitalistas y técnicos peruanos formen empresas destinadas a la explotación de esta ingente riqueza que la providencia nos ha deparado y que debemos saberla utilizar y disfrutar.
El gobierno estudia el problema en su integridad y con criterio progresista, habiendo encomendado a una Comisión la tarea de presentar un proyecto de ley relativo al petróleo. En ella se estudiará la producción, alentando la libre exportación del petróleo, siempre que las necesidades del mercado interno hayan sido satisfechas.
La legislación petrolera resguardará los intereses del Estado, de los trabajadores y zonas de explotación, atendiendo a los dictados de equidad y a los principios de soberanía absoluta del subsuelo que corresponde a la nación.
El Estado está dispuesto a dar toda clase de facilidades y garantías para las inversiones de capitales extranjeros en el país.

Energía eléctrica
Se ha activado los trabajos de instalación de plantas eléctricas en numerosas poblaciones, mejorando sus equipos electrógenos o dotándolas de algunos nuevos. Otros más se han pedido al extranjero y se instalarán en las poblaciones que los necesitan tan pronto lleguen.
El Estado dictará una ley reservándose las caídas de agua, tanto naturales como provenientes de los trabajos de irrigación que se llevan a cabo y los que se emprenderán de acuerdo con el Plan Nacional respectivo para utilizarlas de acuerdo con un programa integral de electrificación del país.
Considerando la gran carestía del papel periódico y el éxodo de divisas que irroga su importación, el gobierno ha liberado de derechos y ha dado toda clase de facilidades para el establecimiento en el país de una gran fábrica productora, procedente de Italia, que llegará en breve y podrá funcionar contando con las abundantes materias primas que el país posee para esta industria.

Obras Públicas
En la actualidad se realizan numerosas obras sanitarias en diversas regiones del país, las que comprenden mejoramiento de los servicios de agua potable, nuevos pozos de bombeo, construcción de reservorios y trabajos de drenaje y desagüe. Lima, Callao, Cajamarca, Acomayo, Cuzco, Chincha Alta, Chota, Huancayo, Huancavelica, Iquitos, Mollendo, Matarani, Sicuani, Huaral, Orcotuna, Tacna, etc., han merecido la preferente atención del gobierno que a dispuesto la continuación de tan importantes obras de bien público con la mayor actividad posible. En breve recibirán este saludable beneficio: Tumbes, Sullana, Paita y San Pedro de Lloc. Se han expedido ya las resoluciones que mandan ejecutar las obras de agua y desagüe.
La Comisión Distribuidora de Fondos de la Junta Pro-Desocupados, contribuyendo a la gestión que realiza el Estado, tiene a su cargo diversas obras públicas de trascendental importancia en casi todos los departamentos.
Vivo interés ha inspirado al gobierno el grave problema de la escasez de vivienda para la clase más numerosa de nuestra población, en las diversas circunscripciones de la República. Ya a este respecto la Corporación Nacional de la Vivienda combina la acción del capital privado, con el aporte económico del Estado.
Después de ardua labor, ha quedado terminada la construcción de la Unidad Vecinal N° 3, que proporcionará albergue higiénico a precios moderados a
1.112 familias, con una población total de seis mil personas y que cuenta, además, con dos locales escolares, mercado, veinte tiendas, iglesia, cine, posta sanitaria, oficina de correos, puesto de policía, administración, centro comunal, campos deportivos y extensas áreas verdes; constituyendo el más grande esfuerzo en su género, hasta ahora, en Sur América.
Se prosiguen, asimismo, con toda actividad, los trabajos de las construcciones de los agrupamientos para empleados “Angamos” y “Miraflores”, que constarán de 92 y 48 departamentos, respectivamente. Se han iniciado las obras de un nuevo agrupamiento en la tercera cuadra de la avenida Mariscal Benavides, que comprenderá 112 viviendas de diferentes tipos y locales comerciales anexos.
Dentro de pocos meses estarán terminadas, pues, 1,364 viviendas para igual número de familias, y con una capacidad total de 7,500 personas, lo que representa un apreciable esfuerzo para contribuir a la solución de tan importante problema de la capital de la República.
Se han realizado igualmente estudios especiales de la vivienda en las ciudades de Piura, Sullana, Tumbes, Iquitos, Trujillo, Cajamarca, Chiclayo, Huancayo, Ayacucho, Ica, Arequipa, Cuzco, Puno y Tacna; cuyos proyectos se encuentran listos para poder financiar su ejecución; comenzando con las ciudades de Arequipa y Cuzco, cuya situación en la materia exige la urgente intervención del Estado, empeñado en atender las necesidades de estas capitales, por la densidad de su población y malas condiciones sanitarias e higiénicas.

Corporación Nacional de Turismo
La Corporación Nacional de Turismo está organizando con laudable empeño la Feria de octubre, que está llamada a tener grandes repercusiones en América y en el país. El gobierno presta todo su apoyo a esta iniciativa, cuya realización constituirá una eficaz propaganda para el Perú.

EDUCACIÓN PÚBLICA
La Junta Militar de Gobierno, al hacerse cargo de la dirección del país, afrontó de inmediato el arduo problema educativo con ejemplar energía y verdadera fe en su pronta y necesaria solución.
Urgía liberar a los colegios de toda influencia sectaria, depurando al magisterio de elementos nocivos y fortaleciendo en la juventud los sentimientos de devoción nacionalista. La tarea no fue sencilla en un comienzo, pero los resultados halagüeños obtenidos por la resuelta y sagaz política educacional que propugnamos, permiten que el país pueda confiar ahora en un mejor futuro para la juventud peruana. En forma indeclinable, la Junta Militar continuará la obra iniciada bajo inmejorables auspicios.
La educación moderna de un pueblo de cultura incipiente como el nuestro, es problema que requiere de un vasto e integral Plan de Educación Nacional y del concurso generoso de todos los sectores de la ciudadanía. Hasta ahora por carencia de escuelas y colegios y escasez de profesores especializados, la enseñanza nacional no ha podido alcanzar el grado de eficiencia que nuestro país necesita y requiere.
La dación de este Plan es el principal objetivo que persigue hoy el Ministerio del ramo. Por ello y con el fin de auscultar las principales necesidades que hay que atender de inmediato, el Ministro de Educación ha efectuado continuos viajes de inspección a diferentes lugares del Perú.
La concentración nacional de todas las autoridades escolares efectuadas en febrero último, para dar a conocer la actual política educativa y unificar la doctrina pedagógica fue, asimismo, un paso realista e indispensable para la ejecución del programa en referencia.
Con el propósito de acelerar la saludable gestión del gobierno en ese portafolio, se ha creado rentas para la construcción de nuevas escuelas y colegios, aumento del profesorado, adquisición de elementos y útiles primordiales y, sobre todo, para la edificación de las Grandes Unidades Escolares que contarán con todos los adelantos que la técnica pedagógica moderna exige.
Las rentas que el Decreto Ley 10907 ha producido hasta el 30 de junio, unidas a las leyes especiales transferidas al Fondo de Educación Nacional, han ascendido a la suma de siete millones doscientos sesenta y seis soles. Gracias a esta recaudación, se ha podido construir nuevas aulas en el Colegio Nacional Hipólito Unánue y se han adquirido dos lotes de terreno de 50,000 metros cuadrados: uno en Miraflores, para la construcción de la Gran Unidad Escolar Tomás Marsano, y otro en el distrito de Lince y Lobatón para la Gran Unidad Escolar Melitón Carvajal. Hace pocos días se han efectuado las ceremonias de colocación de las primeras piedras de esos grandes locales y de la tercera Gran Unidad Escolar en Ascona en el terreno obsequiado por la distinguida dama limeña señora Emilia de Nosiglia, cuyas obras de construcción se hallan ya en ejecución.
También se ha procedido a la ampliación y mejoramiento del local del Instituto Pedagógico Nacional de Varones; y en Iquitos, Cerro de Pasco, Talara, Huaraz, Huánuco, Puno, Yurimaguas, Cajamarca, Tarma, Arequipa y Chiclayo se construyen nuevos locales y se amplían y mejoran los existentes. El gobierno se ha propuesto construir, a medida que lo permitan las rentas aludidas, Grandes Unidades Escolares en todos los departamentos del país. En el próximo mes se dará comienzo a los trabajos de construcción de una de ellas en el Cuzco y otra en Ica.
Con el fin de contrarrestar el pernicioso efecto de la propaganda sectaria durante los tres años del régimen anterior, se ha establecido la “Hora de la Educación Nacional”, audición radial a cargo de los colegios nacionales de Educación Secundaria y Técnica y de las Escuelas Normales de Lima, Callao y Balnearios, debiendo extenderse estas audiciones a los demás lugares del territorio nacional.
La salud de los educandos es objeto de preocupación constante del gobierno; el examen médico, prolijo y frecuente, será obligatorio en todos los centros de enseñanza para comprobar el grado de salud de los educandos, estableciéndose la Ficha Médica en forma individual, para su debido control.
La capacidad física de los alumnos es necesaria para dar el mejor desarrollo de sus facultades perceptivas. De acuerdo con este precepto el gobierno ha sentado las bases necesarias para la organización deportiva en todos los centros de enseñanza de la República, con el valioso concurso del Comité Nacional de Deportes. Además, en los planos de las Grandes Unidades Escolares, figuran campos de fútbol y básquetbol, piletas de natación y gimnasia; de esta manera la juventud recibirá en forma intensiva y técnica la cultura física conveniente y las prácticas de recreo.
La Junta Militar de Gobierno está empeñada en que todos, absolutamente todos los niños y adolescentes del país, reciban instrucción primaria completa.
La estadística demuestra que en las diversas escuelas de primer y segundo grado, en las especiales, nocturnas y jardines de la infancia, que en número de 9,428 funcionan, con 19,532 maestros, solamente está matriculado el 11.69% del total de la población del país. Esto no es satisfactorio y debemos esforzarnos para llegar a obtener la asistencia escolar de un 15% de ese total. Por ello, dictaré en breve las medidas pertinentes para que se cumpla la obligatoriedad de la enseñanza primaria.
Por Decreto Supremo de marzo del presente año, se ha creado el “Fondo del Texto Escolar”, cuya finalidad es la consecución de fondos para imprimir el Libro de Lectura, mediante la forzosa adquisición del “Carnét del Estudiante Peruano”, cuyo valor es de un sol. El rendimiento de esta renta especial ha sido calculado en un millón de soles anuales.
Para facilitar la impresión del Libro de Lectura, se ha adjudicado al Ministerio de Educación el material de imprenta que se encontraba depositado en los almacenes de la Aduana del Callao y que había sido importado por una empresa editora prohibida de funcionar por ministerio de la ley.

Escuelas fiscalizadas
De acuerdo a lo dispuesto en la Ley Orgánica de Educación Pública, los patrones de los centros de trabajo están obligados a sostener Escuelas Fiscalizadas de Educación Primaria gratuita para los hijos de sus empleados y obreros.
En el presente año se han creado 35 Escuelas Fiscalizadas asignándoseles el correspondiente personal docente.
Según los datos estadísticos, existen 3,000 centros de trabajo en la República, con población escolar suficiente para el establecimiento de dichas escuelas. El gobierno está convencido de que el sostenimiento de estos centros de enseñanza favorece las altas finalidades de la industria nacional porque un trabajador instruido no será presa fácil de la demagogia.

Educación Rural
Es anhelo del gobierno impulsar la Educación Rural en el país. En la actualidad ya funcionan 16 núcleos que comprenden 300 escuelas, con un total de 36,000 alumnos.

Educación Pre-vocacional
La Junta Militar de Gobierno está resolviendo el problema de la orientación pre¬vocacional de los educandos con el fin de capacitarlos en el ejercicio de una habilidad o destreza. Se contempla la transformación de escuelas de segundo grado de varones y mujeres en Pre-vocacionales, en las que conjuntamente con la Educación Común se imparta la mencionada enseñanza técnica.
En el presente año, la Junta Militar de Gobierno ha creado 108 escuelas de primero y segundo grado, con 852 plazas de maestros, realizando una obra de positivo provecho.

Educación Secundaria
Con la renta proveniente del Fondo de Educación Nacional, el gobierno está resuelto a ampliar el número de colegios nacionales en la República. Actualmente funcionan 99 colegios con 37,255 alumnos, habiéndose creado este año el Colegio Nacional de Varones Hipólito Unánue, y oficializado el Colegio Vespertino de Chosica. Están en plena construcción los edificios de los colegios de Talara, Tarma, Huánuco y del Colegio Militar de Arequipa, cuya primera fase está calculada para el año entrante; pero, por la urgencia de su completa instalación, he dispuesto lo necesario para que se acelere su construcción en el mes de octubre con un nuevo pabellón, cumpliendo así mi ofrecimiento al pueblo arequipeño.
En la ciudad de Huancayo se está preparando aceleradamente la construcción del Colegio Militar del Centro. Y se está dotando a los colegios nacionales que carecían de ellos, de nuevos equipos de laboratorios de química y colección de animales disecados para las salas de zoología.
Con el propósito de establecer un vínculo entre el colegio y el hogar, se ha organizado la Asociación de Padres de Familia, para despertar mayor inquietud en la ciudadanía hacia la solución de los problemas educativos. Las diversas comunicaciones y proyectos recibidos por el Ministerio del ramo son la mejor prueba de la bondad de estas asociaciones.

Educación Técnica
El gobierno da especial importancia a la Educación Técnica, la que ocupará un lugar preferente en las Grandes Unidades Escolares. Continuará con la labor básica de formación de obreros calificados y de técnicos capaces de atender a la creciente demanda de especialistas que el desarrollo industrial del país reclama. En el presente año se han matriculado en estos planteles 13,504 alumnos.
Se está instalando la valiosa maquinaria adquirida en los Colegios Industriales de Huaraz, Arequipa, Cuzco, Cajamarca, Chiclayo, Trujillo, Huancayo y Lima.
Se está construyendo activamente el Politécnico del Oriente, en Iquitos; cuyo costo será de dos millones de soles y se terminará la construcción del Colegio Industrial de Sullana.

Educación Industrial de Mujeres
Se ha creado varios colegios industriales para mujeres en las capitales de departamentos que más los necesitaban. Actualmente funcionan en la República 21 planteles de esta clase.
Se está construyendo y se terminará en breve, el Laboratorio de Economía Doméstica, el primero en su género que se establecerá en el país. Asimismo, ha sido contemplada y resuelta por el gobierno la creación del Taller Industrial de Práctica Post-Escolar, en el cual las alumnas que han cumplido su primera etapa técnica realizan una práctica intensa. Este taller ha sido dotado de máquinas eléctricas modernas de tipo industrial y de tipo doméstico.
El gobierno, comprendiendo la importancia de esta clase de educación, continuará impulsándola.

Educación Comercial
Con el objeto de propender al desarrollo de la Educación Comercial, el gobierno ha elevado a la categoría de Institutos Nacionales de Comercio los Colegios Comerciales de Arequipa, Huancayo, Chiclayo y uno del Callao.

Educación Agropecuaria
Dedicándose nuestra población en gran parte a las faenas agrícolas, el gobierno confía poder aumentar el numero de planteles que se dedican a esta disciplina. Actualmente existen 24 planteles en pleno funcionamiento, habiéndoseles entregado en los últimos meses implementos agrícolas modernos y primordiales. En breve termino, se les dotará, además, de las nuevas maquinarias cuya adquisición se ha dispuesto.
Las Escuelas Normales y el Instituto Pedagógico de Varones han funcionado con toda normalidad y el gobierno les seguirá prestando plena ayuda, con el propósito de que el profesorado pueda contar con todos los adelantos para la educación e instrucción de la juventud.

Educación Artística
La Junta Militar de Gobierno ha impulsado la enseñanza artística creando cursos especiales de talla de mármol y piedra en la Escuela Nacional de Bellas Artes. Ha propiciado, asimismo, las audiciones musicales; habiéndose ofrecido ya varios conciertos por el Conservatorio Nacional de Música y por la Orquesta Sinfónica.
En octubre del presente año, se realizará el II Concurso de Coros Escolares y está en estudio la posibilidad de un Concurso Escolar de Dibujo y Pintura en diversas ciudades del Perú.

Enseñanza Universitaria
La Junta Militar de Gobierno ha declarado que respetará en todas sus formas la autonomía universitaria. Considera mi gobierno que las autoridades de los claustros, a base de una consagración absoluta a la investigación y a la enseñanza, son las únicas llamadas a conservar el patrimonio espiritual, social y económico de las universidades y son ellas, por lo tanto, las únicas que deben resolver sus problemas.
Al asumir el mando supremo de la nación, encontré que algunos afiliados prominentes del APRA, se habían introducido en los cargos directivos de las universidades. La Junta Militar de Gobierno se complace en verificar que fue la gran mayoría de los estudiantes la que repudió y combatió las nefastas maniobras antinacionales del APRA en las aulas, que provocaban una desviación de la obra cultural y científica, salvando así el patrimonio espiritual más valioso del país.

Salud Pública
Ha sido preocupación constante de la Junta Militar de Gobierno dar al Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social todas las facilidades necesarias para el mejor desarrollo del plan que se ha trazado en defensa del capital humano.
Los pueblos que sufren pestes, epidemias o graves enfermedades no pueden contribuir eficazmente al progreso del país. Es imprescindible, por consiguiente, que el Estado intervenga en forma decisiva para velar por la salud pública.
La Junta Militar de Gobierno, teniendo en cuenta la importancia de los fines que persigue esta rama de la administración pública, hubo de conceder un aumento de seis millones cien mil soles oro sobre el Presupuesto de 1948, para atender a sus necesidades normales y sumas mayores para el funcionamiento de nuevos e importantes servicios que se han establecido.
La protección materno infantil ha concitado la mayor atención gubernativa; precisa cuidar al niño desde que nace y atenderlo en su desarrollo para que su desenvolvimiento sea normal a fin de que más tarde, en su etapa de adolescencia y madurez, sea útil al país y contribuya a su progreso.
Los consultorios especiales para atender a la infancia han funcionado en forma eficiente en todo el país. Se proyecta la ampliación de estos servicios y la instalación de un centro de rehabilitación de niños lisiados.
La protección a la infancia y a la población escolar es de un carácter urgente para el país; por desgracia, no se le ha prestado anteriormente la ayuda necesaria. Por estadísticas recientes se ha comprobado que la mayoría de los alumnos estaban desnutridos, que no pocos concurrían a sus labores escolares casi en ayunas y que gran número de ellos se hallan en condiciones precarias de salud; por tal motivo, siendo los niños y jóvenes el capital humano invalorable que es imprescindible salvar, la Junta Militar de Gobierno esta tratando de solucionar el problema con la instalación de nuevos Refectorios Escolares en todos los lugares del país, muchos de los cuales ya han entrado en funcionamiento.
Desde noviembre de 1948 hasta junio del presente año, se han distribuido a los escolares dos millones cuatrocientos ochenta y nueve mil novecientos sesenta y cuatro desayunos, y un millón cuatrocientos sesenta y cuatro mil novecientos diecisiete almuerzos, con un costo de un millón seiscientos setenta y cinco mil trescientos noventa y cinco soles.
Asimismo, se ha contemplado el mejoramiento y ampliación de los Comedores Nacionales, donde acude gran número de obreros, empleados, estudiantes, etc., dada la bondad de la alimentación que se proporciona a bajo precio. Las comidas son técnicamente reguladas para satisfacer las necesidades vitales de los organismos, restituir las energías gastadas y acumular nuevas para la mejor conservación y salud del individuo.
Se ha proporcionado, en el mismo período de tiempo, cuatro millones trescientos treinta y nueve mil novecientos sesenta y cuatro servicios, de los cuales un millón ochocientos ochenta y nueve mil doscientos veintinueve han sido completamente gratuitos, habiendo contribuido para tal efecto el gobierno con sumas cuantiosas como subsidios. Asimismo, se ha efectuado mejoras en todos los Comedores Nacionales, adaptándolos para el mejor servicio, estableciendo cámaras frigoríficas y reemplazando las bancas por sillas para mejor comodidad del publico.
Afrontando el problema de la alimentación barata para la infancia, la adolescencia y la madurez, la Junta Militar de Gobierno espera confiada que el capital humano, factor principal del engrandecimiento del país, llegue a su máxima capacidad productiva.
Las enfermedades infecto-contagiosas como la viruela, tifoidea, difteria, coqueluche, etc. han sido combatidas en forma enérgica, habiéndose conseguido un descenso sumamente apreciable en el número de casos fatales de individuos atacados por estas dolencias, con relación a años anteriores.
La peste blanca, que produce más mortandad en el país, se combate en forma activa; no sólo se ha atendido al normal funcionamiento de los servicios ya existentes sino que se han creado otros.
El Hospital Sanatorio N° 1 de Bravo Chico fue inaugurado el 24 de febrero último. Se encuentra en su primera etapa de funcionamiento. La construcción de ese Hospital, por descuido del régimen anterior, se encontraba casi abandonada cuando la Junta Militar asumió el poder. Para remediar esta incuria, dicté las medidas requeridas para terminar prontamente esa obra y ponerla al servicio del país.
La malaria, otra enfermedad que aqueja gran parte de nuestra población campesina, ha sido combatida en forma técnica con resultados halagadores. La introducción del DDT ha permitido dar una nueva modalidad a la extirpación de este mal, con gran economía para el Estado. Se ha tratado por dicho método muchos valles de la costa norte, centro y sur del país.
La asistencia hospitalaria es otro factor que complementa al de la alimentación y, es por eso, que el gobierno ha prestado y presta su más franco apoyo para que esos servicios sean lo más eficientes. Se esta estudiando un plan para construir una red general de Hospitales en toda la República a fin de satisfacer las crecientes necesidades que demanda hoy la asistencia hospitalaria del pueblo.
Actualmente se ha terminado la construcción de un Hospital en Puquio, se prosigue con toda actividad el de Huancayo y Camaná, se ha terminando la reconstrucción del Sanatorio Infantil de Huanchaco; y la construcción y organización de las unidades antituberculosas de Piura e Ica que muy pronto entrarán en funciones. La Junta Militar de Gobierno tiene el propósito de continuar las construcciones de hospitales para que exista uno en cada lugar de la República cuyo volumen de población lo requiera.

Casas para empleados y obreros
La vivienda barata e higiénica es otro problema que atañe a la conservación del capital humano y, por consiguiente, es deber del Estado resolverlo. Con ese objeto se ha continuado estudiando el censo específico de la vivienda modesta, sacándose las conclusiones necesarias para efectuar las obras.

Control de farmacia y medicamentos
Para lograr que la industria farmacéutica nacional pueda estar en condiciones de reemplazar, paulatinamente, a los productos extranjeros, se ha adoptado medidas que conducen a liberar al país del exceso de importaciones, a fin de economizar moneda extranjera.
El comercio de medicamentos ha preocupado seriamente al gobierno, para evitar cualquier repentina paralización de nuestra industria farmacéutica y se ha tomado las providencias del caso, otorgando divisas oficiales a los laboratorios y casas importadoras para el pago de las deudas que habían contraído, continuándose la entrega de divisas, en forma de cuotas, técnicamente distribuidas, para la importación de medicamentos esenciales, dejando libre la importación para los otros.
A pesar de tales disposiciones, se ha ocultado y acaparado medicinas, lo que ha originado una artificial e indebida escasez en el mercado. Para evitar este hecho delictuoso, el Gobierno está resuelto a tomas las medidas necesarias y proceder con toda energía.

Sanidad internacional
En sanidad internacional, nuestro país no ha constituido peligro alguno para nuestros vecinos; la seguridad sanitaria de nuestros puertos marítimos, lacustres y aéreos, indemnes de pestes y enfermedades cuarentenarias, ha permitido el libre tráfico internacional.

Congresos
Se celebró en esta Capital el II Congreso Social Panamericano; el III Congreso Peruano de Cirugía y el V Congreso de Medicina del Deporte, de cuyas conclusiones la Junta Militar de Gobierno ha tomado debida nota.
En el próximo mes de octubre, deberá celebrarse en esta capital la III Reunión del Consejo Directivo de la Organización Sanitaria Panamericana. La distinción recibida, al señalarse al Perú como sede de dicha reunión, es prueba de la importancia continental que nuestra labor sanitaria ha alcanzado. La Junta Militar de Gobierno prestará todo su apoyo para tan importante certamen.
El Ministerio de Salud Publica en el segundo semestre del año realizará el siguiente plan de acción: en los restaurantes populares y comedores nacionales se efectuarán las ampliaciones necesarias; se construirán nuevos locales en las ciudades de Puno y Morococha, habiéndose ya adquirido los inmuebles respectivos; y se instalarán los mismos servicios en Arequipa, Trujillo y Cerro de Pasco, para cuyo objeto se está siguiendo los respectivos expedientes de expropiación de los terrenos necesarios para efectuar las construcciones. Se instalará dos comedores para empleados en esta capital, se construirá un gran Almacén General para todos los restaurantes, con sus servicios anexos de panadería, lavandería y taller de maestranza y se establecerán nuevos refectorios escolares
En materia hospitalaria se pondrá en funcionamiento al nuevo Hospital de Puquio, se terminará el Hospital de Rodríguez de Mendoza, se aumentará la capacidad del Hospital de Niño con tres salas nuevas; se instalará el moderno equipo de Rayos X adquirido para este Hospital; se procederá a la expropiación de un terreno para ampliarlo y se pondrá en servicio un consultorio médico quirúrgico ambulante, a fin de que las poblaciones cuenten con los beneficios de la ciencia médica en sus propias localidades.
Se procederá a instalar en el Instituto Nacional de Ciegos once máquinas adquiridas últimamente a fin de que los alumnos pueden perfeccionarse en el aspecto industrial.
Está en estudio y se llevará a cabo la construcción de 40 hospitales en diversos lugares de la República y se terminarán los de Huancayo, Mollendo, Camaná, Aplao, Ayacucho y Puno.
Se encuentra en estudio, para su próxima promulgación, el anteproyecto de Ley de Sanidad Mental, creando el departamento correspondiente.

AGRICULTURA
El problema alimenticio ha sido la preocupación constante del gobierno y en particular del Ministerio de Agricultura por su palpitante actualidad y por la trascendencia social que tiene. Su solución es compleja y difícil; pero hay que encararla de inmediato. Ella requiere un plan que debe servir de orientación para desarrollar una acción continuada y alcanzar objetivos precisos.
La situación del país, en lo que se refiere a su alimentación, es grave. Hemos vivido sin previsión alguna, descuidando la producción de artículos de primera necesidad y hemos perdido, día a día, nuestra capacidad anterior de obtener en el país lo necesario para nuestra subsistencia. Hoy tenemos que importar carne, grasas, trigo y leche, es decir, los artículos básicos de la alimentación. No podremos sanear nuestra economía, ni nuestras finanzas, si en el país no los producimos. De lo contrario, todo lo que obtengamos de nuestra agricultura, de nuestra minería, de nuestras industrias, se irá al exterior.
Es tiempo, pues, de enmendar rumbos. Es inadmisible que teniendo un país grande en extensión, con varias regiones, de diversa altitud y climas, con una gran variedad de productos y con un número reducido de habitantes, nos encontremos en la triste situación de hoy. Esta falta de previsión debe salvarse y debemos orientar nuestra producción a obtener, en primer término, lo necesario para la alimentación.
La sierra está llamada a ser la despensa del Perú y podemos desarrollar su agricultura y ganadería en forma conveniente para producir todo lo necesario a la alimentación del pueblo. Así podremos separar las mismas o mayores áreas de cultivo en nuestra costa para dedicarlas al algodón y azúcar, que constituyen los productos de exportación más importantes de nuestra economía.
De otro lado, el problema alimenticio requiere una solución inmediata, para asegurar el abastecimiento de ciertos artículos básicos a nuestra capital y al país. El gobierno se ha preocupado, principalmente, de constituir stocks de trigo y leche. Por imprevisiones anteriores hemos vivido al día, a merced de las contingencias del transporte marítimo. Cuando por cualquier motivo se atrasaba un vapor, inmediatamente se dejaba sentir en el mercado la escasez de determinado artículo alimenticio que importamos.
La Junta Militar de Gobierno no pudo encarar la solución de este problema, en los primeros meses en que asumió el poder, por la falencia económica y la escasez de divisas. Tan pronto dispuso de las necesarias, empleó gran cantidad de dólares para formar stocks de estos artículos alimenticios.  Así, tenemos hoy asegurado el aprovisionamiento de trigo hasta febrero próximo; y el de la leche hasta el mes de mayo del año próximo. Estos stocks se irán manteniendo y aumentando para asegurar un normal abastecimiento. En cuanto a las grasas, tenemos las suficientes para cubrir nuestras necesidades hasta fin de año. De octubre del año pasado a junio del presente se importaron noventa y siete mil, doscientos doce toneladas de trigo.
Se han importado hasta la fecha diez millones setecientos veinte mil quinientos ochenta y un kilos de carne de vacuno; tres millones doscientos ochenta y seis mil, cuatrocientos sesenta y seis kilos de ovino y cuatrocientos treinta y cinco mil kilos de menudencia por un valor total de treinta y cinco millones setecientos treinta y cuatro mil seiscientos once soles, carne que ha sido vendida al costo.
Paralelamente a las importaciones de carnes congeladas se han hecho también importaciones de ganado en pie de Nicaragua, habiendo llegado al Callao, en ese lapso, y beneficiado once mil cabezas en el Frigorífico Nacional.
El gobierno, asimismo, ha procedido a arrendar un barco frigorífico con el objeto de traer carne bien acondicionada y resolver así los inconvenientes del transporte de ganado en pie, que tampoco abastece las necesidades del consumo de la población.
Los productos básicos que he enumerado son traídos del exterior con dólares oficiales de S/. 6.50. Esto ha permitido mantener precios muy bajos, inferiores a los del costo. La carne argentina cuesta más en ese país que en el Perú. Lo mismo pasa con el trigo y la leche.
Todos los países americanos tienen niveles de precios en sus artículos alimenticios muy superiores a los del Perú. Y esta diferencia ha estimulado a muchos inescrupulosos para comerciar ilícitamente.  En los últimos meses se ha desarrollado un contrabando cuantioso, por casi todas nuestras fronteras, de artículos alimenticios tales como harina, grasa, leche y hasta medicamentos. El gobierno ha dictado ya medidas para combatir a estos traficantes, a los que sancionará con rigor ejemplar.
En cuanto a la definitiva solución del problema que consiste en producir en el país todos los artículos que son necesarios para la alimentación del pueblo, el gobierno ha trazado ya los rumbos precisos que se debe seguir para lograr este fin. Ha estudiado y preparado un vasto Plan de Irrigación Nacional, para aumentar nuestras tierras de cultivo y nuestra producción. Pero esta obra de gran trascendencia, cuya realización debe ser objeto de una labor continuada, de hoy en adelante, por todos los gobiernos, sería incompleta si no elaboramos una legislación agraria conveniente, que responda a la realidad nacional y a sus necesidades. Las nuevas tierras irrigadas deben ir a manos de pequeños propietarios que sean capaces de cultivar, con eficaz rendimiento, las tierras que se les entregue. Hay que hacer propietarios al mayor número de peruanos; pero hay que prepararlos y capacitarlos, también, para que sean verdaderos agricultores, capaces de trabajar y hacer producir a la tierra de la que van a ser dueños por su esfuerzo. Así habremos resuelto el problema económico y, sobre todo, el social. Actualmente se estudia y se prepara el proyecto de Ley Agraria que se dará en breve y para cuyo fin el gobierno ha solicitado el concurso de profesionales expertos en la materia.
Al lado de estas realizaciones es preciso tener también instituciones bancarias destinadas a estimular la producción, proporcionando créditos a los pequeños agricultores, en condiciones que no sean onerosas. El Banco Agrícola debe desempeñar en este sentido un gran papel en el desarrollo de la política agraria que persigue el gobierno. Por ello ha merecido de parte de la Junta Militar de Gobierno atención preferente; y del estado de falencia en que se encontraba lo ha puesto en condiciones tales que no las tuvo nunca, desde que se fundó. Tengo el propósito de acrecentar aún más sus fondos, para hacer de esta institución un organismo capaz de servir ampliamente la política agraria del Estado.

Ganadería
Se ha dictado una serie de disposiciones tendientes a incrementar en el país la crianza de ganado para consumo, las que harán sentir sus efectos benéficos progresivamente.
En las extensas y ricas zonas de Jaén y Bagua se está desarrollando, con preferente atención, el Plan Ganadero de Carne, a base de la utilización de ganado Cebú en el mejoramiento de nuestra ganadería para lograr un tipo vacuno de alto rendimiento. El objetivo es atender el consumo nacional y evitar así el considerable egreso de divisas a que obliga la importación de este vital artículo alimenticio.
En la Estación de Tingo María se lleva a cabo un programa similar, con utilización del Cebú, orientado hacia la obtención de tipos vacunos de alta producción lechera y adaptables a las condiciones del medio ambiente.
En forma general, los diversos centros de colonización continúan realizando campañas de ayuda a los ganaderos, bajo la forma de entrega de reproductores seleccionados, que les permite aumentar el nivel de sus explotaciones pecuarias.
Al mismo tiempo se lleva a cabo una labor de saneamiento en el ganado de propiedad particular, proporcionando ayuda técnica, medicinas y los elementos necesarios para la prevención y control de las enfermedades.
Se auspicia la importación de ganado lechero procedente de Argentina y Holanda y el Banco Agrícola está ofreciendo a los ganaderos facilidades de crédito para adquirir los animales, en tanto que el gobierno ha otorgado divisas al cambio oficial para la importación de 3,000 vaquillonas holandesas, las que llegarán al país en breve y, distribuidas en los establos que reúnan las condiciones más adecuadas, contribuirán al fomento de la industria lechera.
En forma especial se está fomentando las explotaciones avícolas, de porcinos y animales pequeños de granja, con la introducción de animales de raza, para ser facilitados a los colonos, con el objeto de difundir estas explotaciones y aumentar así la producción de artículos de consumo.
Por diversas circunstancias, la industria lechera ha venido sufriendo una grave crisis, principalmente por la falta de importaciones de ganado lechero y por los bajos precios a los que se vendía el artículo, ocasionando cuantiosas perdidas a los ganaderos.
Se ha fijado precios de venta de la leche y sus derivados en forma equitativa para que sirvan de estímulo a los productores que deben incrementar sus ganaderías, reglamentándose también la distribución.
Se ha fijado precios de venta de la leche y sus derivados en forma equitativa para que sirvan de estímulo a los productores que deben incrementar sus ganaderías, reglamentándose también la distribución.
Largo sería enumerar todas las medidas que el gobierno ha adoptado para el fomento de la ganadería. Son notorios los beneficios de la inseminación artificial en los valles de Lima, Cajamarca y Arequipa, y la tarea de orientación que realizan en las zonas ganaderas las granjas modelo del Estado.
Se ha ampliado los servicios veterinarios departamentales, prosiguen en aumento las campañas de vacunación y los tratamientos antiparasitarios que se han aplicado a cerca de medio millón de animales, desterrándose la brucelosis y tuberculosis y luchándose en el Instituto Anti-aftoso para prevenir una enfermedad que había alcanzado caracteres graves por descuido punible.
En las estaciones cuarentenarias del Callao, Puno, Arequipa y Eten han sido sometidos a observación todos los animales importados, evitándose así la introducción de enfermedades que pudieran afectar a nuestro ganado.

Carbón vegetal
El gobierno ha realizado una intensa labor para atender al suministro de carbón vegetal, movilizando personal y vehículos del Ejército para traerlo en casos de urgencia. Se están perfeccionando los métodos de producción y se estudia afanosamente la aplicación de otros combustibles. Se ha dictado un decreto para la importación de cocinas a querosén liberadas de todo derecho, que se ofrecerán al público con facilidades para utilizar este combustible cuyo abastecimiento no presenta ningún problema. Se recomienda al público que, cooperando con el gobierno en este propósito, haga un esfuerzo para limitar el consumo de carbón vegetal, en tanto que no den sus frutos las medidas que se han dictado para incrementar la producción.
El Ministro de Agricultura estudia la posibilidad de introducir el uso de la antracita en sustitución del carbón vegetal; con tal fin, se están efectuando experimentos para determinar el tipo de cocina más adecuado de acuerdo con las posibilidades económicas y necesidades domésticas de las clases populares.

Pesquería y caza
Se ha reorganizado la Dirección de Pesquería y Caza, dándole una estructura similar a la del Fish and Wild Life Service del Departamento del Interior de los Estados Unidos. La nueva organización implica el funcionamiento de servicios tales como el de Pesquería Comercial, Investigación Pesquera y de Caza, que atenderán problemas hasta la fecha ignorados, con beneficio tanto para el Estado como para las personas y entidades que sirven este ramo. Las disposiciones gubernativas permitirán a la población cuotas más elevadas de pescado en breve tiempo.
En esta materia y con el concurso de las autoridades municipales y de la Policía, el gobierno ha eliminado casi en su totalidad el mercado negro. Se ha aumentado la producción en un 50% y se espera llegar a 100 toneladas diarias, que es el mínimo requerido para el abastecimiento normal de Lima. Los industriales, distribuidores y comerciantes de pescado de la República han sido empadronados, organizando sus tareas para cubrir las necesidades de la población y se cuenta con un primer elenco de camiones frigoríficos para el transporte desde otras playas.
Prosigue en auge la industria del pescado de exportación, que ha producido al país, en el último semestre, tres millones y medio de dólares.

Colonización
Las explotaciones agropecuarias y forestales en la región del Oriente, así como la colonización y formación de núcleos poblados, han demandado del gobierno la aplicación de nuevas medidas de estímulo y la completa reorganización de la Dirección de Colonización y Asuntos Orientales, reglamentándose el nuevo régimen de la propiedad de las tierras y simplificándose la labor administrativa.

Sanidad Vegetal
La Junta Militar de Gobierno ha vigilado en  todo momento que se cumplan las disposiciones de Defensa Agrícola y de Sanidad Vegetal, a fin de garantizar el estado sanitario de los productos, habiéndose empleado en diversas campañas fuertes cantidades de fungicidas e insecticidas, remitiéndose a los servicios departamentales máquinas, implementos, cartillas de divulgación, etc., para que realicen una labor eficiente.
La plaga de la langosta se inició en el año 1944, ocasionando daños de consideración durante los años 1945, 1946 y 1947; debido a la intervención del personal técnico y obrero, que ha combatido esta plaga, se ha logrado conjurar el peligro circunscribiéndose la labor actual a destruir los focos aislados y a ejercer la natural vigilancia.

Sanidad Frutícola
Continúa en auge la campaña de sanidad frutícola, que sólo en la zona de Chancay ha tratado cuarenta mil trescientos sesenta árboles frutales, y que actúa en el valle de Palpa en Ica, la quebrada de Llagas en el departamento del Cuzco y en otros puntos.
La dación de la Ley Agraria, en la que está vivamente interesado el gobierno, ordenará en un haz de disposiciones los diversos aspectos que implica el desarrollo de nuestras posibilidades y la revalorización y empleo, en máxima medida, de las tierras de cultivo en toda la República.

CONCLUSIÓN
Antes de terminar la lectura de este Mensaje quiero dejar constancia de mi gratitud y de la de mis colaboradores militares, a los funcionarios y empleados civiles de la Administración Pública, que nos ayudan en la dura tarea en que estamos todos empeñados para afianzar el hoy palpable resurgimiento nacional. La honrada política financiera seguida ha determinado, lo he dicho ya, que podamos contar con un apreciable superávit en el ejercicio presupuestal vigente; esto permitirá que el próximo mes autorice un aumento del 20% en los haberes de los empleados públicos y servidores a sueldo del Estado. Con relación a los empleados particulares de toda la República, acabo de firmar el Decreto Supremo que resuelve, en forma equitativa y de acuerdo con el alza del costo de vida, el aumento de sus haberes en un 30 y 20%, según la escala de los sueldos que perciben. También está contemplado, en el mismo Decreto, el justo aumento para los empleados remunerados en forma de comisión.
Más adelante, la Junta Militar de Gobierno aprobará la dación de un Decreto Ley que instituya el escalafón de los Empleados Públicos y asegure a estos servidores del Estado las garantías para la justicia en sus ascensos y la estabilidad en sus puestos.
Asimismo, deseo tributar mi reconocimiento a los periodistas que, en el Congreso de Quito, han desenmascarado ante la faz del periodismo americano a los invariables disociadores de la gran familia peruana haciendo honor, con su actitud, a su reputación de periodistas peruanos y libres. El gobierno confía en que la prensa nacional, en los meses que se avecinan, sabrá orientar la opinión pública y tenderá a procurar la mayor comprensión entre los diversos sectores de la ciudadanía y no la agudización de las diferencias que hoy tenemos que deplorar.
Creo sinceramente en las bondades de una prensa libre y a ella va dirigido este pedido: no temo la crítica, la necesito; pero que ella sea hecha a base de verdad y buena fe, no de calumnias ni de mistificaciones.
Para poder pasar de un régimen de suspensión de garantías al régimen de libertad, que es el anhelo de la Junta Militar y de todo el país, mi gobierno ha creído conveniente expedir un Decreto Ley sobre Seguridad Nacional que espero no aplicar y cuyas disposiciones irán desapareciendo a medida que nuestro pueblo, a base de fraternidad y de trabajo, supere y olvide la división y el odio de otrora.
La reseña que acabo de hacer de la gestión gubernativa del gobierno que presido, en menos de un año de esforzada labor, es prueba concluyente de la extraordinaria vitalidad de nuestros compatriotas y del asombroso poder de recuperación que tiene el país. Durante tres años la República vio peligrar su moralidad, languidecer sus instituciones, agotarse sus recursos, agonizar su economía, desplomarse su futuro, apareciendo entonces ante el mundo como una nación en convulsa decadencia. Sin embargo, hoy, con patriótico alborozo, doy a conocer a todos los peruanos una situación diferente, un cuadro distinto, un panorama diverso, un mañana promisor. Exhibo hechos incontrovertibles, presento importantes reformas de la vida nacional, obras considerables ya terminadas, otras en plena ejecución y planes fundamentales en estudio por los técnicos del Estado. El Perú, durante mi gobierno, ha virado hacia su norte. El pueblo peruano, de hoy en adelante, tiene la gran responsabilidad de no permitir que la política altere ese rumbo. Pueden los hombres variar en la dirección del Estado, más el pueblo sigue siendo el mismo y no debe permitir que los cambios de gobierno signifiquen también cambios de planes, abandono de obras públicas o preterición de proyectos provechosos para la colectividad. Atacar políticamente a los hombres no debe significar combatir sus obras.
En breve el país volverá a la constitucionalidad. Ya el gobierno tiene conocimiento del proyecto de Estatuto Electoral, formulado por la Comisión designada al afecto, y lo está estudiando con especial interés. El mes que viene dictaré las disposiciones pertinentes para la creación de nuevos registros electorales, más de acuerdo con nuestra realidad, para evitar el fraude y garantizar la mayor limpieza en las próximas elecciones.
Este futuro y trascendental suceso en la vida de nuestra patria debe hacernos meditar sobre el pasado y pensar en el porvenir de la nación. Con el respaldo moral que me da una vida honesta dedicada al ejercicio honrado de mi profesión de militar. Con la autoridad que tengo ante mis compatriotas por haber defendido victoriosamente a mi patria en los campos de batalla y tenido la suerte de acudir a su llamado en momentos difíciles, cuando, a nombre de ella, se solicitó mi concurso para desempeñar la cartera de Gobierno en días de excepcional responsabilidad. Con el respaldo, también, que me da la tranquilidad de conciencia que tengo por haber actuado siempre bajo el influjo exclusivo de elevados sentimientos humanos y patrióticos y nunca por mezquinos motivos personales, hago hoy un llamado, fervoroso e imperativo, a todos los peruanos para que dejen de lado intereses subalternos y traten de unirse, como lo hicieron en horas de peligro para la nacionalidad, ayudando así a procurar la acertada solución del problema político que ha de presentarse dentro de algunos meses. Este llamado lo hago, como Presidente del Gobierno Revolucionario, a nombre de los Institutos Armados, y porque lo exigen así la salud de la República y el futuro de la patria.

¡Viva el Perú!

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