MENSAJE DEL PRESIDENTE DEL PERÚ,GENERAL MANUEL A. ODRÍA AMORETTI, AL CONGRESO NACIONAL, EL 28 DE JULIO DE 1950

Señor Presidente del Congreso Nacional; Señor Presidente de la Corte Suprema; Señores miembros del honorable Cuerpo Diplomático; Señores Representantes a Congreso:

Al recibir la insignia del mando supremo de la nación, debo expresar mi profunda gratitud a mis conciudadanos que me han hecho el depositario de su confianza y de su fe al encomendarme los destinos del país para conducirlo por el camino del orden y del progreso. Tan altísimo honor me ha sido discernido en circunstancias especiales, después de haber sido jefe de un gobierno revolucionario. En forma inobjetable, el pueblo ha dado su veredicto en el proceso electoral que culmina con esta solemne ceremonia y su franca aprobación a la causa del movimiento restaurador del 27 de octubre de 1948.

La política interna del Perú durante los últimos años ha sufrido graves quebrantos. Sinuosa, desordenada, sin coherencia y sin tener objetivo definido, buscaba camino, sin encontrarlo. Fue así posible que insurgieran, bajo el signo negativo del sectarismo, doctrinas disolventes y antipatrióticas inspiradas en el credo marxista internacional, que originaron la más grave crisis política y social que agobiara al Perú desde el glorioso día de su emancipación.

El Poder Legislativo estuvo sujeto a consignas emanadas de un grupo sectario prepotente, que invadió la administración pública, adueñándose de sus resortes y anulando toda ordenada y legítima función del Gobierno. Esto y la organización de células parlamentarias desmedró y desprestigió al Congreso Nacional, reduciéndolo a simple instrumento de un partido totalitario y marxista, a su vez sometido al capricho y voluntad omnímoda de su jefe. El Poder Ejecutivo perdió toda su autoridad, debilitándose por no afrontar la crisis y conjurarla. Una revolución organizada por el aprismo estalló en el Callao el 3 de octubre de 1948 y sólo pudo ser debelada por la heroica y patriótica actuación de los institutos armados, pero dejando un luctuoso saldo y desacreditando aún más al Gobierno.

La República se encontraba, entonces, al borde del caos y del  desquiciamiento de sus instituciones y era evidente que corría el gravísimo peligro de caer en una dictadura sectaria que se preparaba para la comisión de toda clase de crímenes y desmanes. Ante esta situación era premioso restaurar el imperio del orden y de la autoridad que son esenciales a la vida del Estado, para garantizar el derecho a vivir sin temor a perder la vida, la libertad o el trabajo. Esta grave crisis interna generó la revolución restauradora del 27 de octubre de 1948, que tuvo éxito fulminante, porque respondió a un anhelo de toda la ciudadanía sana del país.

Triunfante este movimiento, la Junta Militar de Gobierno asumió la elemental tarea de devolver a la República el orden y la tranquilidad perdidos y su normal trayectoria democrática, preparando al país para su ingreso a la constitucionalidad. El voto popular, al consagrarme el 2 de julio de 1950, Presidente Constitucional del Perú, ha aprobado, con carácter plesbiscitario, la patriótica actuación de los institutos armados, cuyos integrantes, dando ejemplo de disciplina, de desinterés y de esfuerzo constructivo han prestado invalorable servicio a la nación y han demostrado que se les puede confiar a plenitud, no sólo la obligación de defender el honor de la República y su integridad territorial, sino también salvaguardar el imperio de sus instituciones democráticas, hoy constituidas por ciudadanos libremente elegidos.

Cuando decidí postular mi candidatura a la presidencia de la República invoqué única y exclusivamente la voluntad del pueblo. A él correspondía resolver, en ejercicio de su derecho soberano, a quienes debía encomendar el manejo de la cosa pública. El resultado de las elecciones del 2 de julio, ha evidenciado en forma concluyente que la ciudadanía rechaza el sectarismo aprista y que esas fuerzas marxistas internacionales, causantes de todas las tribulaciones que ha sufrido la nación, constituyen insignificante minoría que no ha podido, pese a sus maquinaciones y a su alianza con políticos descontentos, impedir la marcha del movimiento restaurador hacia el imperio de la democracia. La voluntad del pueblo y el apoyo de las fuerzas vivas del país me permite asumir el Mando Supremo libre de todo compromiso con personas o sectores políticos. Nadie puede reclamarme el cumplimiento de pacto o convenio, porque ninguno he contraído. Mi elección es producto inobjetable del voto popular, expresado abrumadoramente. Me debo, pues, únicamente al pueblo que me ha conferido su mandato. Esta situación me permite buscar a mis colaboradores entre los ciudadanos más capaces del país, que pueden contribuir eficientemente a la realización de mi programa de gobierno.

Debo puntualizar, ante la grave situación que afronta el mundo, cuál será mi política internacional. El Gobierno que inauguro declara su respeto y anuncia su decisión de cumplir, fiel y lealmente, los tratados y los pactos internacionales y su deseo de mantener las más cordiales relaciones con todas las naciones democráticas. Frente al avance del comunismo en América y en el mundo, la posición de mi Gobierno es definida y categórica: el Perú se alineará, sin vacilaciones ni temores, al lado de las naciones democráticas y colaborará con ellas en las horas decisivas que se acercan. No puedo dejar de expresar en este momento culminante la simpatía y el afecto del pueblo peruano y de su Gobierno hacia las Naciones Unidas en la cruzada que han iniciado en defensa de nuestra civilización y democracia.

Consecuente con sus tradiciones internacionales, el Perú seguirá una política de buen vecino y no se inmiscuirá en los asuntos internos de las naciones amigas, pero en defensa de su soberanía exigirá igual respeto para sus propios asuntos domésticos.

Propiciará mi Gobierno, de modo muy especial, el fomento de un efectivo panamericanismo, que haga realidad la unión espiritual de los países de este continente y el cumplimiento de los pactos para la defensa y ayuda mutuas. En este sentido recomiendo al Congreso se sirva prestar, lo más pronto posible, su ratificación al Tratado de Río de Janeiro de 1947.

El pueblo peruano ha demostrado en todo tiempo fervor religioso y fe en su credo católico. El Estado profesa esta religión y acabo de jurarle protección cumpliendo un mandato de nuestra Carta Magna. Mi Gobierno mantendrá, pues, con la Iglesia Católica las más cordiales relaciones y serán merecedores de mi consideración especial sus dignidades eclesiásticas, el clero regular y secular y, en general, todas las órdenes religiosas establecidas en el país. Ahora que se celebra el Año Santo encuentro ocasión propicia para expresar nuestro afecto y respeto filial a Su Santidad el Papa Pío XII, venerable y excelsa figura de la cristiandad.

El nuevo régimen constitucional mantendrá la misma orientación que ha seguido la Junta Militar durante los 21 meses que estuvo en el poder y, aunque ésta es ya conocida, considero necesario hacer un breve bosquejo de mi programa de acción.

En el orden interno, nada puede interesar más a un Gobierno de esencia democrática que realizar una auténtica política de justicia social. Durante mi gestión, como Presidente de la Junta Militar de Gobierno, he probado mis anhelos por conseguir el bienestar de los hombres y mujeres que trabajan. Conozco sus necesidades y dolores y me identifico con sus sentimientos. En esta nueva etapa de mi vida política aspiro a resolver integralmente sus problemas. Para conseguirlo, es indispensable que el trabajador obtenga, como atributo esencial de su dignidad y de su esfuerzo, una remuneración adecuada que le permita vivir con decoro y ser jefe de familia sana y feliz. Para amparar a los trabajadores en sus justas reivindicaciones se creó el Ministerio del Trabajo. Igual fin tienen todos los decretos-leyes dictados por la Junta Militar que han colocado a nuestra legislación social entre las más avanzadas del mundo. Se ha elaborado un moderno y bien meditado proyecto de Código del Trabajo, que muy pronto someteré a la consideración del Poder Legislativo.

Estos beneficios para los trabajadores se han concedido y se concederán después de maduro estudio y cuidando que no afecten a los empleadores, cuyos derechos y justas peticiones han merecido y merecerán siempre mi atención, porque la armonía entre el capital y el trabajo es indispensable para crear la riqueza en general, que equitativamente debe distribuirse entre quienes la crean y la promueven, correspondiendo al Estado la suprema función de regular esos derechos.

Para conseguir el mejoramiento de las condiciones de vida de los trabajadores, es menester un aumento de la producción, que permita el reajuste de nuestra economía y el desenvolvimiento normal de nuestras finanzas, que de oportunidad al trabajo y atracción al capital para su inversión reproductiva. Este aumento de la producción servirá para asegurar y garantizar las necesidades de nuestro consumo, con lo que obtendremos la emancipación económica y la revalorización de nuestra moneda.

El Gobierno simpatizará con todo esfuerzo de los trabajadores encaminado al logro de una auténtica libertad sindical y a la formación de sus organismos directrices, destinados al amparo y defensa de sus derechos. Las directivas de sus sindicatos y centrales deben responder a la voluntad mayoritaria de los trabajadores y no a influencias políticas que desnaturalizan su función y, mucho menos, obedecer a consignas internacionales, porque los trabajadores son peruanos y trabajan para el Perú, para el progreso y grandeza de la patria y la familia peruana.

Formas efectivas de asistencia social son: el Seguro Social Obrero y del Empleado, últimamente establecido; la construcción de hospitales, la reforma de las beneficencias públicas, ampliando sus recursos y el incremento incesante de los organismos de previsión. Todo esto será objeto de un vasto plan que significará gran esfuerzo y que no por su magnitud debe arredrarnos, pues, el primer deber de todo Gobierno es el de salvar el potencial humano. Velar por la salud del pueblo fue preocupación inicial de mi Gobierno y la primera palabra de mi lema: Salud, Educación, Trabajo, porque así se  cumple el imperativo que resulta de la igualdad de derecho a la vida y a la felicidad.

Sí la salud del pueblo debe ser objeto de nuestra principal preocupación y cuidado, también debe serlo el de su educación que pone al alcance de todos los hombres y mujeres las mismas oportunidades y el mismo derecho a ocupar, por su capacidad, las mejores posiciones en la vida. La verdadera democracia requiere también la igualdad por la cultura. El desnivel de ella entre los hombres ha dado lugar, en todos los tiempos, al abuso y a la explotación, como el marcado desnivel económico ha engendrado el descontento y la perturbación social.

Prestaré especial atención al impostergable problema de la vivienda para las clases pobres, tan íntimamente ligado al de la salud. Casa higiénica, con aire y luz, con indispensable confort; alimentación adecuada para la conservación del capital humano. La Corporación de la Vivienda merecerá, pues, todo el apoyo de mi Gobierno, para ampliar la construcción de unidades vecinales en las ciudades de la República, en las que se han formado densas poblaciones de trabajadores.

La escuela, entre nosotros, no será el improvisado local, inapropiado y antihigiénico, en el que se da instrucción a nuestros niños y adolescentes con peligro de su salud y mengua de la función docente.

En consecuencia, mi Gobierno continuará la política iniciada por la Junta Militar de Gobierno que dirigió los destinos de la República. El nuevo régimen constitucional seguirá creando escuelas y colegios; continuará la construcción de las grandes unidades escolares, aumentará el número de las escuelas ambulantes para llevar la civilización y la cultura a las comunidades indígenas y, a todas ellas se les dará los medios que sean necesarios para que puedan cumplir, con eficiencia, su función educativa.

Esmerado interés pondré en el desarrollo de la educación superior, porque ella forma la selección de las inteligencias que más tarde serán llamadas a regir los destinos del país. Me será grato elevar en todo lo que esté a mi alcance, a las universidades de la República y, en especial, a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, la más antigua del continente y cuyo cuatricentenario debemos celebrar, el 12 de mayo del año próximo, como un acontecimiento que nos llene de legítimo orgullo. Desde 1551, año en que fuera fundado este centro de cultura superior, siglo tras siglo, ha desenvuelto una fecunda vida espiritual. La ciencia y el arte que fueron cultivados en sus claustros, con generosa e ininterrumpida continuidad, permitieron la formación de los altos valores intelectuales del país. Es propósito mío que la celebración de su Cuarto Centenario, no sólo sea todo lo significativo y solemne que ella merece sino que coincida con un efectivo apogeo de su obra cultural. Acojo, pues, con la mayor simpatía la construcción de la Ciudad Universitaria que por su amplitud, comodidad y belleza arquitectónica será digna de sus actividades futuras.

Cuando el 31 de octubre de 1948 asumí el poder, encontré en lamentable condición la economía nacional. Un régimen arbitrario y discordante originó el veloz empobrecimiento del Estado, la multiplicación de organismos burocráticos y, lo que fue más sensible, la desvalorización de nuestra moneda. Como consecuencia del descenso de la producción se acudió a los subsidios drenando el Tesoro Público. La Junta Militar procedió a suprimirlos y a eliminar los precios topes y trabas que obstaculizaban la libertad de comercio. Merced a esta política, el país se restableció rápidamente de la postración en que se encontraba y mi Gobierno la continuará en la forma más amplia. Existirá un régimen de economía liberal, para que juegue ampliamente la ley de la oferta y la demanda, que traerá como natural consecuencia –y la experiencia lo ha demostrado- la revalorización de nuestra moneda, la riqueza y el bienestar general.

Es fundamental el incremento de la producción de los artículos básicos de la alimentación popular. Para lograrlo, es preciso que el productor nacional encuentre el necesario y equitativo estímulo a fin de que no abandone sus actividades por la pérdida que le ocasionen los precios bajos, mantenidos artificialmente, originando la carencia y falta de estos artículos que debemos comprarlos, en el extranjero, pagando elevadas cotizaciones, que no hemos querido pagarlas por los similares que se producen en el país. El efecto inmediato de esta equivocada política es la escasez, el mercado negro y, por lo tanto, la elevación incontrolable de precios. La fórmula ideal es la siguiente: el pueblo debe encontrar en el mercado todo lo indispensable para su alimentación y debe contar con los medios económicos para adquirirlo. No importa la fluctuación de precios cuando va aparejada de un reajuste de sueldos y salarios.

Reanudado el pago de la deuda externa, la Junta Militar ha cumplido con hacer las amortizaciones ofrecidas. Mi Gobierno, en beneficio del crédito nacional, continuará atendiendo, con toda preferencia, este servicio en armonía con nuestra capacidad de pago.

Nuestras leyes tributarias no son expresión de justicia fiscal. Reposan principalmente sobre el consumo que grava, sin discriminación, a asalariados y capitalistas, y afecta desproporcionadamente a las clases menos favorecidas por la fortuna. Mi Gobierno procurará realizar el ideal fiscal, legislado para que el aporte al Estado de cada ciudadano, guarde relación con la cuantía de sus rentas, previa deducción de lo que corresponde a una holgada atención a sus necesidades familiares y sustituyendo, gradualmente, los impuestos al consumo con un equitativo impuesto a la renta.

Es, también, nuestra legislación financiera, desordenada y contradictoria. Para su reforma y coordinación, la Junta Militar de Gobierno contrató la misión Klein, cuyos estudios y proyectos definitivos serán sometidos a la aprobación del Parlamento. Reformando, unificando y concordando nuestras leyes tributarias aspiro a conformar el Código Financiero de la nación, que deberá contener la clara exposición de las necesidades fiscales y de los deberes de los ciudadanos para con los servicios a cargo del Estado.

Los Presupuestos Generales de la República serán, conforme a los modernos conceptos, la expresión anual de mi renovado programa de Gobierno. Formulados con la mayor honestidad, contendrán la enumeración de las necesidades para la atención de los servicios públicos y para la realización de las obras de beneficio colectivo que el país reclama con urgencia. Las Cuentas Generales de la República darán a conocer cómo durante mi Gobierno se han manejado los dineros fiscales. La Junta Militar ha demostrado que, a pesar de haber hecho grandes inversiones para obras reproductivas, que se traducen en riqueza para todos, es factible terminar los ejercicios presupuestales con superávit.

El Plan de Obras Públicas, iniciado por la Junta Militar de Gobierno, debe seguir desarrollándose con el mismo vigoroso impulso. Irrigaciones, caminos, ferrocarriles que abran las puertas de nuestras ingentes riquezas al esfuerzo y al empeño de los peruanos y de los extranjeros, que con su natural deseo de obtener prosperidad y riqueza, nos traigan capitales y capacidad técnica. Las vías de penetración a nuestra selva, que permitirán el acceso a inexplotadas y pródigas tierras, darán oportunidad a los hombres de lucha y de trabajo para realizar grandes empresas en su beneficio propio y en el del país.

Las grandes obras de aliento iniciadas y en marcha, deben continuar ejecutándose. Nos esforzaremos en la explotación de los minerales de hierro de Morococha y en su industrialización por las instalaciones de la Corporación del Santa, lo que constituirá una fuente más de riqueza y de trabajo. La energía eléctrica que se obtendrá de las centrales, próximas a instalarse, permitirá la implantación de nuevas industrias como la de álcalis y abonos, fundamental para el incremento de nuestra producción agrícola; la de zinc; y, particularmente, la explotación en gran escala de nuestros ricos yacimientos carboníferos. De esta manera, el renglón de nuestros ingresos traerá un apreciable aumento de moneda extranjera, indispensable para mejorar nuestra balanza de pagos.

No podemos aplazar por más tiempo la resolución de nuestro problema petrolero. Si no buscamos nuevas fuentes en la costa y aún en la selva, corremos el riesgo de ver consumidos los depósitos en actual explotación. Nuestras necesidades aumentan y nuestra producción decrece y, a este paso, el Perú tendría, dentro de pocos años, que importar este combustible y sus derivados, lo que constituiría gravísima falta de previsión. De otro lado, nos obligaría a invertir una enorme cantidad de divisas, que son indispensables para otras necesidades. La riqueza de nuestro subsuelo de nada sirve mientras no se la extraiga de las entrañas de la tierra y se utilice en beneficio del país. Con arreglo a estas ideas la Junta Militar de Gobierno ha promulgado un nuevo Código de Minería para estimular esta industria básica en nuestra economía, Código que ha merecido la aprobación general y despertado el justificado interés del capital extranjero, al que ampara sin desmedro del capital nacional. Asimismo, ha elaborado un proyecto de Ley del Petróleo, que en breve someteré a la consideración de las Cámaras, convencido de que le prestarán su aprobación, teniendo en cuenta la necesidad de asegurar el porvenir de la industria petrolífera peruana.

En resumen, las riquezas del país cumplirán su primordial función social, entregándose al esfuerzo de quienes puedan hacerlas útiles a la colectividad, dentro del respeto a la soberanía del país y cautelando sus sagrados intereses.

La propiedad rural entre nosotros está sujeta a condiciones nacidas de diversas circunstancias. En la costa, por la naturaleza de los cultivos y la magnitud de las inversiones, se han formado grandes empresas agrícolas; en la sierra, junto a una misérrima parcelación comunitaria, con producción limitada, existen enormes latifundios, inconvenientes rezagos de nuestro feudalismo rural. No se trata ni de dividir la gran propiedad costeña, ni de desposeer a los propietarios del predio andino. Frente a esta situación, debe propenderse a la irrigación de tierras para que se entreguen al mayor número de trabajadores del campo, cumpliéndose así el anhelado ideal de que cada campesino trabaje su propia tierra; y debe legislarse para que el poseedor de extensos fundos los haga útiles y productivos y no mantenga la tierra como signo de un señorío inútil y estéril. El país requiere que se explote la tierra y que de ella se obtenga productos para beneficio general. Quien la tiene y no la trabaja, con espíritu patriótico y social, perjudica al Estado y al pueblo; por tanto, la ley debe contemplar en estos casos la solución correspondiente para evitar esos  males.

Mi Gobierno se complace en reconocer la importancia de las grandes empresas agrícolas de la costa, cuyos cultivos industriales, al ser explotados, constituyen la grande fuente de divisas que son tan necesarias para la adquisición de equipos industriales, elementos para la defensa nacional, medicamentos y muchos otros artículos para la vida y la salud de nuestra población y fomento de nuestra industria y economía. Su contribución al mantenimiento del Estado merece, pues, que el Gobierno preste atención preferente a sus necesidades y problemas.

La Junta Militar de Gobierno ha iniciado una laudable campaña para aumentar nuestra ganadería. Grave problema para la nación constituye la escasez de carne provocada por un régimen defectuoso que restaba atractivos a los ganaderos para la explotación de la riqueza pecuaria. La supresión de los precios topes, la libertad de comercio, la importación de sementales y otras medidas similares, han permitido el incremento en la crianza del ganado. Mi Gobierno continuará en este propósito para obtener la necesaria provisión de leche, carnes, grasas y derivados que permitan al pueblo una mejor y equilibrada alimentación.

Indudablemente, causas, que no cabe reseñar, han puesto al país, en cuanto a su administración, bajo un régimen de excesivo centralismo. Este ha dado lugar a que la vida y el desarrollo de todas las poblaciones dependan de las decisiones que, desde la capital, dicte el Poder Ejecutivo. El progreso de las ciudades y poblaciones se hipertrofia. Sus habitantes, así como los trabajadores del campo, emigran a Lima, abandonando tierras y ocupaciones, en busca de mejores oportunidades y de un medio más amplio para el desarrollo de sus actividades. Como la situación ha empeorado con la creación de mecanismos de complejo y moroso funcionamiento burocrático, debemos ir, paulatina pero seguramente, a la desconcentración administrativa, robusteciendo a los organismos locales y dándoles la necesaria autonomía económica, para que estén en condiciones de satisfacer las necesidades de ciudades y pueblos y realicen sus funciones específicas, las que hoy están a cargo del Estado, que no las puede atender, oportuna y debidamente, por la distancia y otras dificultades de orden material.

La Junta Militar de Gobierno no descuidó las necesidades de nuestra defensa nacional y ha mantenido a las Fuerzas Armadas en un plano de eficiencia compatible con los recursos de la nación. Mi Gobierno se preocupará en dotarlas de los elementos necesarios que le permitan el cumplimiento de sus fines y deberes esenciales. Y descuidaría aspecto importante de sus obligaciones si no continuase considerando al cuartel como extensión de la escuela y como precioso crisol de las virtudes ciudadanas. La construcción de cuarteles, como la de escuelas, ha de merecer por parte de mi Gobierno, preferente atención, llevando adelante el plan de construcciones ya establecido.

El Poder Judicial no goza de la necesaria autonomía. Sus magistrados son nombrados por el Poder Ejecutivo o por el Poder Legislativo, los que, además, le fijan el régimen económico. Es mi propósito que se ponga término a esta situación en que se encuentra un respetabilísimo Poder del Estado, encargado de la augusta función de administrar justicia en nombre de la nación. Mi Gobierno guardará con él las más cordiales relaciones, respetando y haciendo respetar sus fallos y proporcionándole, con la mayor amplitud, todos los medios que requiera para el cumplimiento de su altísima misión.

Durante mi Gobierno propondré indispensables reformas que requieren nuestros Códigos: Penal, Civil, de Procedimientos Penales, Procedimientos Civiles y, de modo urgente, el Código de Comercio. Es indispensable la modificación de nuestro régimen carcelario. Las cárceles están congestionadas de presos que viven en locales malsanos, que lejos de servir a la regeneración de los delincuentes los pervierten aun más. Por ello se planeó el establecimiento de colonias penales para determinados delincuentes. Se estudiará el modo de que esos establecimientos rindan la indispensable función que les fija la ley.

Señores Representantes:

El país os ha conferido un sagrado mandato. Estoy seguro de que lo cumpliréis con patriotismo ejemplar, dedicándoos por entero a la solución de los problemas nacionales. El Poder Ejecutivo, que yo presido, debe contar con vuestra valiosa e indispensable cooperación, para llevar a cabo su programa de Gobierno, y desea que exista entre los dos Poderes esa armonía, esa comunión de ideales y de acción, imprescindible para la vida de la República. Y esta invocación a vuestras virtudes, la hago, también, a cada uno de mis conciudadanos. Es hora de trabajar por la patria. A cada uno de nosotros toca parte de la responsabilidad de hacer un Perú fuerte, grande y feliz.

Llego al poder sin rencores, sin odios, animado del hondo y fervoroso propósito de hacer el bien a todos los peruanos. Propicio la unión y la armonía entre mis compatriotas. Me sentiría correspondido si en la obra común ponen la crítica constructiva junto al afán de beneficio colectivo. Luchemos por un Perú unido. Excluyamos definitivamente el sectarismo marxista. La mano firme de mi Gobierno, con la colaboración ciudadana, espera conducir a la patria por el amplio y luminoso camino de la cultura, de la grandeza material y de la democracia.

No puedo terminar esta breve exposición sin dejar expresa constancia de mi agradecimiento a mis compañeros de armas que han colaborado, en la Junta Militar de Gobierno, con todo el entusiasmo y sano propósito que abriga el alma del soldado peruano. Su lealtad y patriotismo han permitido conjurar una grave crisis política y devolver al país su normalidad constitucional, después de haber realizado durante el corto periodo que ha estado en el poder, obra constructiva en todos los ramos de la administración pública. Por ello merecen todos sus miembros y, en particular, el general Zenón Noriega, que la presidió durante los dos últimos meses, la gratitud nacional.

Se inicia el Gobierno Constitucional, que yo presido en el año sanmartiniano. Esta coincidencia debo considerarla simbólica. En su país natal y en esta tierra peruana de la que fuera Protector el Generalísimo José de San Martín, estamos recordando sus excelsas virtudes, su bizarría, su sacrificio, su honradez y su noble desinterés. Su recuerdo y su ejemplo siempre viven en el corazón de todo peruano. Yo le rindo el homenaje de mi pleitesía y admiración en este momento, el más solemne de mi vida. He jurado por Dios y por la patria, cumplir fiel, leal y honorablemente los altísimos deberes del cargo que me ha conferido la voluntad del pueblo. Invoco, en este momento trascendental, la protección de la Divina Providencia para que me ayude a sobrellevar las graves responsabilidades que sobre mí han recaído y para que me ilumine y me dé acierto en mis decisiones.

Así sea con la voluntad de Dios.