MENSAJE A LA NACIÓN DEL JEFE DEL MOVIMIENTO REVOLUCIONARIO,
GENERAL DE BRIGADA MANUEL A. ODRÍA,
AREQUIPA, 27 DE OCTUBRE DE 1948
Frente a la situación de desquiciamiento institucional y de zozobra pública que acusa la vida de la nación desde hace más de tres años a causa de la probada incapacidad directriz del ciudadano a quien se confiara la Primera Magistratura, los Institutos Militares de la República, con clara conciencia de sus responsabilidades históricas y de sus deberes patrióticos, y en cumplimiento de la sagrada misión que les señala la Constitución del Estado, se ven en la obligación ineludible de deponer al Gobierno, único modo de cancelar este oscuro período de desaciertos, de permanente intranquilidad y de inacción constructiva que está llevando al país al más completo e irreparable desastre.
Constituye, pues, un imperativo detener al Perú en su angustiosa marcha hacia el caos, para emprender, sin nuevas tardanzas, la urgente tarea de reencauzar a nuestra patria por senderos de normalidad, mediante la actividad democrática dentro del orden, a fin de realizar, por el trabajo y en ambiente de paz, la obra de superación y de progreso que la nacionalidad exige.
No sólo se está llevando a la nación a la ruina, sino que, además, se ha tratado en todo instante, por diversos medios, de debilitar el poderío, de menoscabar el prestigio y de destruir la unidad de los Institutos Armados, unas veces por inexplicable lenidad y hasta condenable complacencia ante las maniobras subversivas de la demagogia aprista, y otras por acción directa y deliberada del Gobierno, como cuando el gabinete militar tuvo que renunciar, irrevocablemente, porque el señor Bustamante no quiso tomar ninguna decisión para solucionar el grave problema político en el que se debatía el país y para el que, específicamente, fue constituido este gabinete, solución que el país esperaba y en la que estaba empeñado el prestigio de nuestras Fuerzas Armadas.
Los atentados contra los Institutos Militares, que son atentados contra la defensa nacional, constituyen calificados delitos de lesa patria. La reciente sublevación del Callao, ha sido el resultado de esa política condenable de permitir al APRA su criminal campaña de desquiciamiento de los Institutos Armados, dejando en completa libertad a los agitadores de esta secta internacional para llevar a cabo, impunemente, sus inconfesables propósitos de ganarse a las clases subalternas e inducirlas al asesinato de sus oficiales y jefes. A pesar de las denuncias documentadas que se presentaron ante el ex-gobernante, éste no quiso que se tomaran medidas efectivas para evitar esta propaganda sectaria en los cuarteles.
Y no obstante la evidencia de que el APRA estaba conspirando para instaurar un régimen totalitario, el Gobierno, con incalificable negligencia, no hizo nada por conocer los hilos de un complot que para nadie era un secreto. Sólo la Providencia y el coraje de nuestros soldados pudo salvar al país de una masacre gigantesca si hubiesen prosperado en Lima y en otros lugares de la República los siniestros planes subversivos del APRA que pasaron desapercibidos al Gobierno. Este no supo tomar medidas para prevenir el peligro y un conjurarlo tan pronto se hubiera producido. Y no fue capaz de sancionar a los culpables como se merecen y como la vindicta pública hoy reclama.
La política del Gobierno cesante está definida en una frase del ciudadano que lo presidía: “Nadie podrá decir honradamente que el Gobierno no ha sabido esperar”.
Y es cierto. Claro que esperó, claro que dejó, por lenidad inexcusable, que se complotara libremente. Mientras el Gobierno esperaba paciente y en la inercia más completa, la nación se hundía y los conspiradores se preparaban. El precio de esa paciencia son los centenares de muertos que dejó el movimiento del 3 de octubre. El Gobierno esperaba que hubiera muchas víctimas y que hubiera charcos de sangre que le sirvieran de justificación. Por el egoísmo de llenarse de razones, esperó, toleró y dejó que avanzara el mal y los propósitos criminales del APRA. Y sólo estuvo satisfecho cuando vio a peruanos luchar contra peruanos.
Para llegar a tan macabro y doloroso resultado se puso en peligro el presente y el porvenir de la República, que fueron salvados, no por acción del Gobierno, sino por el heroísmo y bravura de los institutos militares, que se batieron con bizarría, como lo han hecho siempre que la patria se lo demandó. Todo esto se ha producido porque el señor Bustamante no fue capaz de asumir las responsabilidades que le tocaban como mandatario de la nación. Era su deber ineludible prevenir luchas políticas y saldos trágicos como los que arrojó el sangriento motín del Callao.
El Gobierno que cesa estaba a merced de los acontecimientos porque sus hombres carecían de visión para preverlos. Sus continuos fracasos fueron un estímulo para nuevos errores, que han causado profundo daño a los institutos militares, confirmando así que no se supo apreciar ni comprender lo que ellos significan. El Gobierno del señor Bustamante no ha hecho ni un solo cuartel. La construcción de la Escuela Militar, obra que inició e impulsó el anterior régimen, ha quedado paralizada por completo. Se colocó la primera piedra del Hospital Militar en solemne ceremonia y de ese proyectado nosocomio, tan necesitado hace tiempo por el Ejército, no se ha colocado hasta ahora ni un ladrillo sobre otro; sólo se ha hecho un acto espectacular. Para arreglar los techos del cuartel de Huancané, se ha disminuido el efectivo del Batallón N° 21 de 900 a 500 hombres, a fin de que con el producto de estas economías se financiara la obra. No se ha adquirido armamentos ni materiales, ni equipos, ni siquiera los elementos necesarios para la instrucción militar. Los fondos de la defensa nacional creados por leyes especiales y que debieron ser intangibles están involucrados en el Presupuesto General de la República y se invierten en otros gastos. El desdén con que se ha venido tratando todas las cuestiones relacionadas con la vida del Ejército, se hizo más ostensible al adoptarse, recientemente, el inconcebible proyecto de reducir por economía en una tercera parte los efectivos militares, dejando así a la defensa nacional en lamentables condiciones de inferioridad frente a las necesidades permanentes de la nación. ¿Es concebible que así se proceda con un Ejército que, en unión de las otras Fuerzas Armadas de la República, ha dado, no hace mucho tiempo, días de gloria a la patria? ¿Podrían tolerarlo los institutos militares del Perú?... Jamás.
Agréguese que, desde hace más de tres años, en nuestro país no se disfruta de paz. Son tres largos años de despilfarro de los recursos nacionales, porque durante ese lapso no se ha realizado una sola obra pública digna de tomarse en cuenta. Todos los gobiernos anteriores a julio de 1945, cualquiera que fuera su matiz y su orientación, han efectuado obra constructiva, en mayor o menor grado.
La Historia de la República, aún en las etapas iniciales de formación institucional, se señala por realizaciones de diversos caracteres que son los jalones de nuestro progreso. En julio de 1945 se abrió, por desgracia, un paréntesis de completa inactividad. Nada se ha hecho en tres años. En los anales del desenvolvimiento de nuestra patria, después de más de cien años en los que se registran los esfuerzos, grandes y pequeños de los gobiernos sucesivos, acaban de agregarse tres páginas en blanco que corresponden a estos tres últimos años de inacción y de abandono.
Frecuentemente el ex gobernante, con su habitual falta de gallardía, trató de que se atribuyera a otros la responsabilidad de sus propios errores, pero lo real es que los desbordes del APRA contaron muchas veces son su aprobación expresa o tácita.
En gran número de oportunidades, el ex Presidente Bustamante puso su firma en documentos que consagraban abusos y, en los demás casos, optó por dejar hacer como si su función fuera la de mero espectador, limitándose, para tranquilizar su conciencia, a emitir mensajes, pláticas y discursos, creyendo quizás que con palabras y sólo con palabras podían compensarse los tremendos perjuicios que el país estaba sufriendo.
Lo evidente es que jamás tuvo programa, y que ni siquiera quiso tenerlo. Lo único que deseó es que pasara el tiempo, sin tomarse el trabajo de resolver ningún problema. El señor Bustamante ha seguido una política maquiavélica y funesta.
Dividió, mejor dicho, pulverizó con sus intrigas a todos los sectores antiapristas para quitarles fuerza y poder manejarlos a su antojo, con la amenaza del APRA, secta a la que sólo pensó contener con los Institutos Armados abusando de su lealtad y sin importarle su desgaste por la continua alarma en que vivieron todos sus miembros. Vio con indiferencia las luchas habidas ya entre los elementos de nuestras instituciones militares y los intentos de subversión y no le importó que fueran camino a la desintegración con tal de poder seguir él su línea y su política funesta. Hoy, podemos ver que después del sangriento motín del Callao, no tomó ninguna medida eficaz para desarmar y desorganizar las brigadas de búfalos y las organizaciones sectoriales del APRA, y para eliminar así, toda posibilidad de capturar el poder. Mientras no se haga esto el Decreto Supremo que pone fuera de la ley a la secta internacional será letra muerta y permanente pretexto de subversión para sus fanáticos afiliados.
El pueblo clama por soluciones y no se le atiende. La nación tiene recursos y reservas que es fácil poner en movimiento para traducirlas en bienestar colectivo y en progreso de la patria. Hubiera sido suicida permanecer cruzados de brazos, resignadamente ante tantos males y peligros, hasta que se venciera el plazo constitucional, viendo al Perú hundirse bajo el peso de la miseria, del hambre, de la desconfianza, del descrédito.
Por lo tanto, los institutos militares de la República han resuelto constituir un Gobierno Provisorio, que ha de tener la duración más breve posible y, cuyo objetivo es, fundamentalmente, la restauración de una verdadera constitucionalidad democrática.
En tanto se restablezca, por el voto ciudadano, secreto y libre, la normalidad constitucional, el Gobierno Provisorio adoptará las medidas que aseguren el ordenado y tranquilo desarrollo de la vida nacional, y administrará, escrupulosamente, los recursos del erario público, aplicándolos a la atención de los servicios indispensables, a la ejecución de obras que eleven el nivel general de vida, contemplando así los intereses de las clases trabajadoras y que impriman al Perú un ritmo de avance comparable al de los otros países hermanos de América.
El Gobierno Provisorio mantendrá todos los compromisos internacionales y en cumplimiento del pacto suscrito en Bogotá, eliminará todo brote comunista y totalitario para preservar al Perú y a la América de los peligros que se derivan de esas doctrinas disolventes que predican el odio de clases y que tienen el desorden y la agitación como método.
Finalmente, los Institutos Armados hace un llamamiento a la ciudadanía para que inspirándose en el más puro civismo, colabore a los fines de pacificación y restauración democrática que se anuncian en este documento.
¡A salvar al Perú del caos al que lo condenara la política funesta del Gobierno y
los propósitos subversivos del APRA!
¡Viva el Perú!
¡Vivan las instituciones armadas de la República!
¡Viva la democracia!
